Olga Sánchez Cordero, de poderosa ministra de AMLO a opositora por los millonarios fideicomisos

Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México |  REUTERS/Ginnette Riquelme
Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México | REUTERS/Ginnette Riquelme

Desde que la ministra Norma Piña fue elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y consecuentemente titular del Poder Judicial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso en tensión la relación entre los dos poderes. El Argumento inicial de López Obrador fue que la ministra Piña había votado en contra de los asuntos de interés para su gobierno.

A partir de que López Obrador empezó su campaña de desprestigio hacia la SCJN y hasta la eliminación de 15 fideicomisos que el Poder Judicial tiene para su operación, pasaron 10 meses. En semanas recientes el presidente calificó a los fideicomisos como fuente de financiamiento de privilegios para los ministros de la SCJN. Envió al Poder Legislativo una iniciativa para terminar con esos instrumentos y “recuperar” los recursos contenidos en ellos, por más de 15 mil millones de pesos.

El proceso legislativo llegó a su término ayer en la Cámara de Senadores. Con 67 votos a favor y 48 en contra aprobaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la federación. En el debate parlamentario los senadores de Morena repitieron los argumentos de López Obrador que señalan que los fideicomisos son para financiar los privilegios que disfrutan los ministros de la SCJN, desglosaron sus percepciones y concluyeron con el eslogan propagandístico del presidente “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Los senadores de oposición plantearon que la extinción de los fideicomisos era un atentado en contra de la independencia y operatividad del Poder Judicial, por lo que estaba en peligro. Manifestaron que el objetivo real no eran los recursos de esos instrumentos, sino la instrumentación de una venganza política, con la que se pretende doblegar y someter a ese Poder. Agregaron que despojar al Poder Judicial de esos recursos implicaba atentar en contra de los derechos laborales adquiridos por sus trabajadores.

La polémica sobre la desaparición de los fideicomisos y el avance para su eliminación en el Poder Legislativo llevó a los trabajadores del Poder Judicial a protestar en las calles de más de veinte ciudades en el país, por la eventual extinción de los recursos con los que obtienen compensaciones salariales, prestaciones en materia de salud, educación, vivienda y jubilación, entre otras prestaciones.

Diversos actores se pronunciaron sobre la extinción de los fideicomisos, cada uno en el turno que le correspondió. El único permanente, desde enero, fue López Obrador que, desde la mañanera, ha repetido sus argumentos iniciales. Ante la protesta de los trabajadores del Poder Judicial, les aseguró y comprometió su palabra, que no serán afectados en sus salarios y prestaciones, porque el objetivo es terminar con los privilegios de “los de arriba”, que reciben cada mes 700 mil pesos mientras, muchos trabajadores del Poder Judicial, ganan 7 mil pesos mensuales.

En la discusión pública sobre la extinción o no de los fideicomisos, algunos medios preguntaban cuál sería la posición de la Senadora Olga Sánchez Cordero, al haber sido secretaria de Gobernación en el gobierno de López Obrador y antes, por 15 años, ministra en la SCJN, actualmente en retiro. Su circunstancia la ubica como parte interesada en los dos bandos.

La senadora Sánchez Cordero ocupó la tribuna y expuso su posición. Inició con su intención política: “vengo a defender un principio de republicanismo, el de la autonomía de los poderes de la Unión para definir sus propias formas, tiempos y modos de administración”. Citar este principio implica reclamar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, su intromisión en la vida del Poder Judicial, que es igual y autónomo, como estos.

Su circunstancia la llevó a un deslinde cuando dijo: “Que quede claro, no he venido a proteger algún tema de interés particular para quienes integran o tuvimos el honor de integrar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” A continuación, defendió a los trabajadores del Poder Judicial y se manifestó en contra de la eliminación de cinco de los 13 fideicomisos, porque, dijo, representan parte de sus conquistas laborales. Manifestó que hablaba a favor de los derechos de miles de trabajadores del Poder Judicial.

Explicó la senadora Sánchez Cordero al pleno que al extinguir los fideicomisos “estaríamos validando la disposición de un dinero que no fue brindado únicamente por el presupuesto federal, sino que contiene recursos aportados por las propias servidoras y servidores públicos, y que además de servir para el tema de salud, forma parte de las Condiciones Generales de Trabajo”.

El voto de la Senadora Olga Sánchez Cordero fue en contra de la desaparición de los fideicomisos. No fue suficiente su discurso ni su voto. La decisión ya se había tomado antes, en Palacio Nacional. López Obrador dijo que respetaba su posición porque era un apoyo al gremio. Tranquilos, dice que no es rencoroso. Los peones del Poder Legislativo cumplieron con el mandato del Poder Ejecutivo.

La batalla no ha terminado. Lo que vendrá será la presentación de amparos de los trabajadores del Poder Judicial y la presentación de una controversia constitucional de parte de los legisladores que consideran que los procedimientos legislativos no se respetaron. En esta etapa la SCJN será juez y parte. El resultado final es previsible. Lo interesante estará en la parte media que será útil para López Obrador que descalificará a los ministros en este proceso y aprovechará para insistir en que el Poder Judicial debe ser electo por el voto popular. Estamos frente a un modelo de provocación en proceso. Lo diseñó el experto en la materia.

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