Ola de violencia se apodera de región minera venezolana, dice informe

JUAN BARRETO/AFP/Getty Images

La explotación ilegal de oro ha convertido a Bolívar, el mayor estado de Venezuela, en tierra fértil para la violencia, desatando una ola de agresiones, asesinatos y desapariciones forzadas dentro de territorios actualmente controlados por grupos guerrilleros y organizaciones criminales, según un estudio publicado esta semana.

El estudio por la Organización No Gubernamental FundaRedes contabilizó que al menos 26 personas han desaparecido en distintas minas durante los últimos tres años, además de registrar múltiples actos de violencia propiciadas por organizaciones guerrilleras de origen colombiano, bandas criminales y en algunos casos funcionarios militares o policiales.

“Lamentablemente el Arco Minero del Orinoco (región en el sur del país) se ha convertido en un territorio sin ley donde operan los intereses económicos y políticos de grupos armados irregulares, militares y policiales que han desatado una guerra contra la población indefensa”, señaló la FundaRedes en su informe.

La ola de violencia desatada ha estado por años aterrorizando a los habitantes de la zona, “esclavizando a civiles, de manera especial a indígenas, y explotando la tierra de una manera indiscriminada y en progresiva y continua violación de los derechos humanos en este territorio”, agregó el informe.

El mayor número de desapariciones, un total de 18, y de violaciones de los derechos humanos fueron registradas en el municipio Sifontes, sector que abarca unos 24.383 kilómetros cuadrados y que alberga un número elevado de minas.

Pero FundaRedes también documentó la sistemática violación de los derechos humanos en los aledaños estados de Amazonas y Delta Macuro también vinculados con la explotación ilegal de oro.

La mayoría de las personas desaparecidas son ciudadanos originarios de otras zonas del país que se acercaron hasta las zonas mineras con las esperanzas de conseguir mejores condiciones de vida, pero incursionando sin saberlo en un territorio de alta peligrosidad, reseña el informe.

En la región “se afianza la presencia de grupos armados irregulares... que promueven la creación de un territorio sin ley, donde en ocasiones las autoridades actúan como cómplices silentes y activos”, señala el estudio.

“Desde que los grupos armados irregulares penetraron en el Arco Minero del Orinoco los homicidios, las desapariciones forzadas de personas y la esclavitud moderna se han convertido en la cotidianidad de una población mayoritariamente indígena”, enfatizó.

Además de Sifontes, los otros municipios que registran desapariciones forzadas incluyen El Callao y Sucre, en el estado Bolívar, y el municipio Atabapo del estado Amazonas, donde está ubicado el Parque Nacional Cerro Yapacana.

Las conclusiones del informe coinciden con las determinaciones recogidas por una misión de derechos humanos de las Naciones Unidas divulgadas en septiembre, que encontró “niveles de violencia sin precedentes” en los municipios mineros del estado Bolívar.

Según la entidad de la ONU, grupos vinculados con la élite militar y política venezolana no solo se han beneficiado personalmente de las operaciones mineras sino que en algunas ocasiones han estado trabajando con las agrupaciones que generan la violencia.

“La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos; secuestros; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar”, resaltó el estudio.

“Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado. La Misión también recibió información de fuentes con conocimiento interno y de testigos presenciales que señalan la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras. Las autoridades estatales a menudo no investigan ni sancionan los delitos cometidos por estos grupos”, agregó.

En uno de los actos de violencia más atroces registrados, presuntos integrantes de la organización criminal conocida como el ‘Sindicato de El Topo” mataron a al menos 17 personas — 15 hombres y dos mujeres — cerca de la mina conocida como “La Bulla de Atenas”, resalta el informe de la ONU.

Los asesinatos, que luego pasaron a ser conocidos como la “masacre de Tumeremo” ocurrió en marzo del 2016, en el municipio Sifontes.