Observadores internacionales analizan la renovación del Constitucional peruano

Lima, 15 dic (EFE).- La renovación del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, pendiente de que el Parlamento designe a seis de sus siete magistrados, cuenta con la observación de un panel internacional independiente dispuesto a ayudar a los congresistas para que escojan con total transparencia a los candidatos mejor preparados.

El recambio de los magistrados del TC de Perú se ha vuelto una de las piedras de toque de la crisis y polarización política que vive el país desde hace cinco años, tras dos intentos frustrados con consecuencias extremas como fue la disolución en 2019 del Congreso por parte del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

En esta tesitura de permanente enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, la recomposición del Tribunal Constitucional es clave en el pulso que juegan el oficialismo y la oposición, al tratarse del órgano que dirime los conflictos entre poderes del Estado, además de velar por los derechos fundamentales.

Para evitar un nuevo fracaso del Congreso peruano ante su tercer intento por renovar el TC, un grupo de cinco expertos vela desde el exterior para que el proceso se realice con transparencia, bajo estándares internacionales y conforme a las propias reglas que el propio Parlamento ha fijado.

Lo hace de forma independiente, sin vínculos con la clase política peruana ni con el Congreso que deberá elegir al nuevo tribunal.

CINCO DESTACADOS JURISTAS

Este grupo lo forman ad honorem el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Carlos Ayala; la vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador, Daniela Salazar, y el expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez (2005-2006), quien también fue presidente de la Corte Suprema boliviana.

También lo integran el representante de la Oficina Regional para América del Sur del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Eduardo Bertoni, y la jueza de garantía de Santiago de Chile e investigadora en temas de organización judicial, María Francisca Zapata.

"Hay que aprender de errores cometidos, para que esta vez, y para eso queremos ayudar, sí se lleve con éxito y se culmine", manifestó a Efe Ayala.

"Lo que queremos es participar junto a la sociedad civil en una observación que tenga por norte la búsqueda de competencias y candidatos y candidatas con los principios y valores éticos correspondientes", enfatizó.

Por su parte, Bertoni reconoció que es "preocupante" que un Estado no haya podido renovar este tribunal en dos años, pero aseguró a Efe que harán su trabajo "sin ningún tipo de prejuicio ni espejo retrovisor".

"Vamos a mirar hacia delante para que este proceso cumpla con esos estándares internacionales y con todos los elementos que rigen las reglas en Perú, con absoluta transparencia para que las designaciones no se realicen de espaldas a la sociedad", dijo.

RECHAZO DE CONGRESISTAS PERUANOS

De momento no comenzaron con buen pie, ya que la comisión del Congreso de Perú encargada de la selección de los candidatos no quiso reunirse con el panel por considerar que su objetivo es interferir en el proceso, aunque están a la expectativa de reunirse con su presidente, José Balcázar.

"Esto no debe ser visto como un mecanismo de intervención. (...) No tenemos esa facultad. Venimos a acompañar, hacer sugerencias y observaciones. Al final haremos un informe y, si las cosas vemos que se han hecho debidamente, eso contribuirá a la legitimidad de origen de ese Tribunal Constitucional", explicó Ayala.

El abogado colombiano recordó que ya ha habido experiencias similares como la de 2004 en Ecuador, cuando un panel internacional sirvió para poder restituir con legitimidad la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

PRIMER TEST: IMPUGNACIONES

La primera prueba será este jueves, cuando finaliza el plazo para resolver las impugnaciones presentadas contra los candidatos.

En total se han presentado 43 impugnaciones de las 76 candidaturas que han concurrido en esta primera fase, donde el panel ve un exceso de celo al querer tachar a candidatos que, por ejemplo, han sido funcionarios en pasados gobiernos.

"Lo que no se puede tener es militancia política", aclaró Ayala, para quien esta fase es muy delicada, ya que consideró clave que "no debe comenzar con mal pie simplemente tachando a quien no hay que tachar".

UN PANEL PLURAL

Este panel es una iniciativa impulsada por la sociedad civil, a través de una serie de organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), son sede en Washington; la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra (Suiza); y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC).

"No podemos decir que aquí estemos imponiendo nada ni desde el movimiento de derechos humanos o desde la academia. Hay un poco de todo y eso es lo que hemos buscado", comenta a Efe la directora de la DPLF, Úrsula Indacochea.

"Los perfiles de quienes componen el panel son bastantes diversos, pero todos son personas cuyas trayectorias no pueden ser cuestionadas ni tampoco sus credenciales democráticas. Hay un espectro bastante amplio como para contentar a todos los sectores y generar confianza, pero creo que no lo han percibido así", lamentó.

Fernando Gimeno

(c) Agencia EFE