Obra pública: el tribunal que juzga a Cristina Kirchner pidió al Consejo de la Magistratura reiniciar el juicio "de inmediato"

Hernán Cappiello

En medio de tironeos con el Consejo de la Magistratura, el tribunal que juzga a la vicepresidenta Cristina Kirchner por direccionar la obra pública en favor de Lázaro Báez le pidió retomar "en lo inmediato" con audiencias virtuales el juicio todos los lunes o que le informe cuando pueden darles turno para usar la plataforma para hacerlo.

Esto luego de que el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, les informó sorpresivamente que tienen disponible una plataforma digital, pero que está ocupada con otros cuatro juicios que ya comenzaron durante la cuarentena.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso le recordaron que ellos desde el 6 de mayo vienen pidiendo esta herramienta y que primero el Consejo no les avisó que ya estaba disponible y luego en cambio les dio prioridad a otras causas antes que a la que enfrenta Cristina Kirchner.

Los tironeos entre el tribunal y el Consejo tuvieron otro condimento. Ante el pedido de Lugones de mantener este intercambio de oficios en reserva, el tribunal, en una acordada, le recordó al presidente del Consejo la necesidad de que brindar la información con transparencia y la vigencia del derecho de acceso a la información pública.

Coronavirus en la Argentina: llegaron al país 98 rabinos para supervisar la faena de la carne de exportación a Israel

El Consejo informó hace 10 días al tribunal que no estaba en condiciones de tener una plataforma virtual para hacer el juicio online contra la vicepresidenta. Por eso los jueces le pidieron al Consejo la semana pasada que contratara una licencia de Zoom Premium que le permitiera hacer el juicio contra Cristina Kirchner y el resto de los acusados. Iban a ser necesarias 50 conexiones simultáneas para los jueces, abogados, fiscales e los imputados.

"No hay juicio más importante que otro"

El lunes pasado, el juez Lugones les respondió que en realidad ahora si ya contaban con una plataforma Jitsi, que estaba funcionando y que el Tribunal Oral Federal N°3 ya estaba haciendo un juicio con 44 imputados y que se estaban haciendo tres juicios de lesa humanidad en San Juan y San Martín con esta tecnología.

Lugones avanzó más allá en esta respuesta a los jueces: les dijo que debían esperar turno para usar el Jitsi porque había 330 tribunales que pidieron utilizar la herramienta y que según su criterio "no hay juicio más importante que otro" y que en todo caso la prioridad la tienen los casos por prescribir o con detenidos.

Al final, Lugones en su nota a los jueces les termina diciendo que podría ponerlos en el siguiente turno de la fila, cuando terminen el juicio del TOF N° 3 por narcotráfico y los tres procesos por delitos de lesa humanidad.

Los jueces del tribunal oral le respondieron esta tarde sorprendidos: nunca les habían informado que ya había una plataforma operativa (Jitsi) y que el Consejo de la Magistratura supeditó el uso de la plataforma a otras audiencias de juicio y no a este contra la vicepresidenta.

El juez Alberto Lugones, cercano al kirchnerismo, preside el Consejo de la Magistratura

Por eso los jueces preguntaron a Lugones si pueden usar la plataforma "en lo inmediato", en un día hábil disponible, ya que "por ahora" la audiencia del juicio contra Cristina Kirchner se realiza una vez por semana los lunes. O que, en su caso, si no es posible, que les informen "la fecha estimativa" en que podían continuar con el juicio online.

Le señalaron, además, que las cuestiones del orden de prelación de los juicios "exceden palmariamente el marco de la petición realizada por el tribunal".

El "pedido de reserva" y el derecho a la información

Lugones les había pedido a los jueces que manejaran con reserva el intercambio epistolar para conseguir una plataforma para reiniciar el juicio, a lo que el tribunal le respondió recordándole los mandatos de la Corte y la Constitución.

Le explicaron que ningún juez habló con la prensa, pero además le dijeron: "La trascendencia e interés público que suscitan procesos penales como el que nos toca juzgar -tanto en la opinión pública como en los medios masivos de comunicación- tornan impracticable mantener en ese citado 'ámbito de reserva' cualquier dato significativo que surja en referencia a esas causas y juicios".

Denunciaron al juez Rodolfo Canicoba Corral por el alquiler de una casona en el country hípico

Las comunicaciones de las decisiones del tribunal al Centro de Información Judicial (CIJ), la notificación a las partes de las novedades para reanudar el juicio y las inquietudes de los periodistas "confluyen en un marco de transparencia de la gestión", señalaron.

La Corte, agregaron, subrayó "el lugar eminente que corresponde, en una sociedad democrática, al derecho de acceso a la información pública" y que la "transparencia y publicidad de la gestión de gobierno son pilares fundamentales de una democracia"

"Reconoció que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan", escribieron los magistrados.

Recordaron que la publicidad de los actos de gobierno en un sistema republicano es inherente a los tres poderes del Estado "por lo que su cumplimiento es una exigencia ineludible para las autoridades públicas", y además porque permite a los ciudadanos "el derecho al acceso a la información del Estado, a fin de ejercer el control sobre las autoridades públicas, facilita la transparencia de la gestión y mejora la comunicación al otorgarles a aquellos cabal conocimiento de los actos de gobierno".

Prioridades

El oficio de Lugones a los jueces de comienzos de esta semana había sorprendido al tribunal porque a pesar de que ellos venían pidiendo usar la plataforma digital para el juicio el Consejo se la asignó a otros tribunales.

En aquel escrito el juez Lugones le dijo al tribunal que podían contratar un Zoom Premium pero que la compra se debía hacer con tarjeta de crédito y que la Administración Central iba a reconocer el gasto.

Le dijo además que el criterio por el cual se asignaba el uso del Jitsi a los tribunales era el de llegada del pedido y ante los casos de detenidos o con peligro de prescripción pero que solo ese criterio podía ser modificado "si el cuerpo en pleno del Consejo pudiera decidir otra cosa".

Es que Lugones ya tuvo un dolor de cabeza hace diez días cuando un empleado del Consejo informó a la Justicia que no había recursos para el juicio de la vicepresidenta. La oposición en el Consejo le reclamó una nota indignada por esa respuesta, porque si ellos tenían plenarios semanales y el propio Congreso estaba sesionando como es que no podían hacer un juicio oral de manera virtual.

Lugones les respondió a sus colegas consejeros que la respuesta la había dado un empleado a sus espaldas y sin su conocimiento, pero en la oposición permanece la sospecha de que se buscó favorecer a Cristina Kirchner. Lo mismo que ahora que a pesar de que los jueces vienen reclamando desde el 6 de mayo pasado una plataforma para hacer el juicio, el Consejo no les avisa que ya está disponible y le da prioridad a otras causas antes que a la que enfrenta la vicepresidenta.