Nueva York da un paso histórico en la reducción de su fuente principal de contaminación

Un niño se refresca un día tórrido en Domino Park, en la zona de Williamsburg, Brooklyn (Shannon Stapleton / Reuters).
Un niño se refresca un día tórrido en Domino Park, en la zona de Williamsburg, Brooklyn (Shannon Stapleton / Reuters).

Este lunes, un importante legislador de la ciudad de Nueva York ha anunciado un proyecto de ley para reducir drásticamente el consumo de energía en los grandes edificios, con mucho la mayor fuente de dióxido de carbono, en una histórica medida que podría establecer una nueva pauta en ciudades de todo el mundo.

La ley planea solicitar a los grandes edificios que reduzcan su consumo de energía en un 20 % hacia 2030, así como establecer un marco para aumentar estos recortes en un 40 o un 60 % hacia 2050. Combinado con la proyección de un mayor protagonismo de las energías renovables en la red eléctrica, la ciudad podría reducir sus emisiones de calentamiento global en un 80 %. La electricidad y la calefacción en los edificios representan un 70 % de la contaminación climática en la ciudad; la mayor parte la producen las torres de lujo.

“Los tiempos de barra libre se han terminado”, eso dijo el concejal Costa Constantinides, un legislador de Queens que dirige el Comité sobre Protección Ambiental, en las escaleras del ayuntamiento. “Si queremos lograr un impacto real con el cambio climático, tenemos que hacerlo con los edificios”.

La ley, que aún no está terminada, haría que la metrópolis más grande y más fuerte económicamente de la nación fuera la primera entre las principales ciudades del mundo en exigir modificaciones estrictas en los edificios para reducir las emisiones de calentamiento global. Las propuestas esbozadas en el proyecto de ley proceden de un primer acuerdo sin precedentes, publicado esta semana, firmado entre grupos ecologistas, defensores del acceso a la vivienda, sindicatos y grupos de presión del sector inmobiliario presentes en la ciudad acerca de un conjunto de políticas para reducir la contaminación por dióxido de carbono en un 80 % hacia 2050.

Lo único parecido a esta propuesta es una política de comercio de derechos de emisión en Tokio que permite a los grandes propietarios comerciales de la capital japonesa comprar y vender una cantidad limitada y cada vez menor de permisos de contaminación por CO2, eso dijo Russell Unger, director ejecutivo de Urban Green Council. A parte de esto, los activistas y representantes de la industria a los que su grupo convocó para negociar la propuesta solo tenían el último conjunto de leyes de Nueva York para actualizar los registros de construcción ecológica a usar en tanto directrices legales.

“Nadie ha hecho esto en el mundo”, eso dijo Pete Sikora, asesor principal de la organización de base New York Communities for Change. “Esto es algo nuevo”.

Las políticas climáticas suelen extenderse más allá de los cinco distritos de Nueva York. La ciudad es un gigante financiero y cultural con un PBI lo bastante grande como para estar en la lista de las 20 economías del mundo.

En enero, el alcalde Bill de Blasio anunció que la ciudad iniciaba un juicio contra cinco grandes empresas petroleras por el daño infraestructural producido por el cambio climático; Nueva York se convirtió en una de las primeras municipalidades grandes en enfrentar un desafío legal de esta magnitud. El alcalde también desveló sus planes de desinvertir aproximadamente 5 000 millones de dólares en energías fósiles de los cinco planes de pensiones de la ciudad. Otras ciudades hicieron lo mismo al poco tiempo y, en julio, Rhode Island se convirtió en el primer estado en demandar a las grandes empresas petroleras.

El acuerdo de la semana pasada llega tras meses de conversaciones entre los grupos ecologistas y la poderosa Real Estate Board de Nueva York, que gastó la cifra récord de 10 millones de dólares mediante su súper PAC en 2013 en carreras soñolientas por toda la ciudad. Al final, el sector acordó un objetivo legalmente exigible en 2030 a cambio de más flexibilidad a la hora de alcanzar los objetivos para 2050.

Los tiempos de barra libre se han terminado. Concejal Costa Constantinides

“No lo vemos como un compromiso”, dijo Sikora. “Es un gran acuerdo. Es un enfoque con principios, audaz, progresista”.

En un comunicado que dejaba abierta la posibilidad de que el proyecto de ley varíe a medida que se vaya escribiendo, REBNY dijo que la propuesta es un “marco de principios” que reconoce “que el cambio climático es un problema social”.

“Esto significa que cada sector, incluido el inmobiliario, tiene que ayudar a dirigir esto”, así lo afirmó John H. Banks, presidente de REBNY, en ese comunicado. “Agradecemos el compromiso del concejal Constantinides con este tema y esperamos poder revisar la ley una vez sea introducida”.

De Blasio intentó dos veces ordenar recortes en las emisiones en los edificios de propiedad privada, primero en 2016 y luego en 2017, pero sus planes no llegaron a buen puerto. REBNY se opuso verbalmente al primer plan. Luego, a finales de septiembre, el alcalde presentó un segundo plan más detallado que no estaba coordinado con sus aliados ecologistas en el ayuntamiento, distanciándose así de los legisladores que trabajaban en sus propios proyectos de ley de recortes de emisiones. Se negaron a apoyar la propuesta de Blasio.

Constantinides presentó su proyecto de ley, más ambicioso, en octubre.

Pero ambas leyes se quedaron en “medidas a medias”, según un informe publicado por New York Communities for Change en junio. El plan del alcalde conllevaría solo un recorte del 7 % de contaminación en la ciudad. El proyecto de ley de Constantinides, Intro 1745-2017, solo reducía las emisiones en un 13 %.

Existe cierta preocupación de que la nueva legislación haga recaer la responsabilidad principalmente en los edificios propiedad de la ciudad. La propuesta de Urban Green Council exige que los edificios públicos más grandes de 930 metros cuadrados reduzcan su consumo en un 20 % hacia 2025, el doble de rápido que los edificios de propiedad privada. Eso supone una ruptura con la propuesta del alcalde en 2016, que exigía que se aplicara un límite obligatorio de consumo de energías fósiles en edificios más grandes de 1850 metros cuadrados, según Politico New York.

El nuevo proyecto de ley ya cuenta con apoyos importantes. Tanto el alcalde como el presidente de la cámara municipal Corey Johnson dieron su apoyo a la ley el lunes.

También se espera que el proyecto de ley otorgue un margen de maniobra al millón de departamentos con alquiler controlado de Nueva York para evitar que los propietarios transfieran los costos de las modificaciones a los inquilinos. Cuando la propuesta de Constantinides sea ley, Sikora dice que el próximo paso sería presionar a los legisladores del estado para que aprueben requerimientos similares que protejan a los inquilinos con bajos ingresos.

Sin embargo, los ambiciosos objetivos del nuevo proyecto de ley han despertado cierto escepticismo entre los climatólogos.

“Yo estaría alerta, como con todos estos acuerdos, porque el diablo está en los detalles”, eso dijo David Titley, climatólogo en la Universidad Estatal de Pensilvania y contraalmirante retirado de la armada estadounidense, al tiempo que se preguntaba si una ley final incluiría penalizaciones suficientes o “un monitoreo con una independencia creíble para garantizar que se estén cumpliendo los estándares”.

Rachel Rivera habla durante la conferencia de prensa del lunes, con el concejal Costa Constantinides a su lado (Alexander C Kaufman / HuffPost).
Rachel Rivera habla durante la conferencia de prensa del lunes, con el concejal Costa Constantinides a su lado (Alexander C Kaufman / HuffPost).

El proyecto de ley también pretende recortar hacia 2050 mientras que un número creciente de activistas dice que los objetivos deben ser alcanzados en 2035. El representante demócrata por Hawái, Tulsi Gabbard, propuso la ley de Retirada de Combustibles Fósiles para un Futuro Mejor el pasado mes de septiembre, la cual pide acabar con el uso de petróleo, gas y carbón hacia 2035. Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de alto perfil con posibilidades de ser la próxima representante por el 14º distrito del Congreso, está llevando a cabo una propuesta similar.

“Me alegra ver que se aprueba… pero tenemos que ampliar nuestros objetivos de acuerdo a la naturaleza de emergencia de la crisis”, dijo Gregory Schwedock, activista de Climate Mobilization, un grupo de base que pide unos niveles de gasto público como los de la Segunda Guerra Mundial para reducir drásticamente las emisiones y crear puestos de trabajo federales bien pagados. “Esto no consolidará el legado político sobre el clima ni nos protegerá. En cuanto a la reducción de las emisiones, los objetivos son demasiado lentos y supone un paso pequeño”.

Pero Michael Mann, climatólogo y autor de The Madhouse Effect: How Climate Change Denial Is Threatening Our Planet, Destroying Our Politics and Driving Us Crazy, dijo que el objetivo 2050 es “razonable porque lleva mucho tiempo cambiar la infraestructura, si tenemos en cuenta los tiempos involucrados en la construcción inmobiliaria”.

Para Rachel Rivera, cuyo techo se derrumbó por la supertormenta Sandy, la ley ofrece la esperanza de un camino a seguir. En la rueda de prensa del lunes, rompió a llorar varias veces al recordar cómo sacó a su hija de la cama antes de que el techo cediera con el agua y cayera justo en el lugar donde había estado la niña de 6 años. A día de hoy, Marisol Rivera, de 12 años, todavía sufre un trastorno de estrés postraumático. Cuando el sábado comenzó a llover, se puso tan mal que su madre, Rachel Rivera, tuvo que llevarla al hospital, donde la niña fue sedada.

“Todavía a día de hoy, cuando llueve fuerte afuera, ella dice: ‘Mamá, ¿vamos a vivir hoy? ¿Vamos a superarlo?’”, dijo Rivera. “La crisis climática ya está aquí. La vivimos todos los días”.

Alexander C. Kaufman

HuffPost