Norte de México teme volver a los días de violencia

MARÍA VERZA
Un expolicía camina dentro de una casa abandonada que fue incendiada por el cartel de Los Zetas hace ocho años en Allende, en el estado de Coahuila, México, el martes 3 de diciembre de 2019. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

VILLA UNIÓN, México (AP) — El presidente de México Andrés Manuel López Obrador mantiene su apuesta por una postura de “abrazos, no balazos” para enfrentar al crimen organizado, pero después de que hombres armados intentaron invadir un pueblo en el estado de Coahuila, en el norte del país, algunos creen que solo una estrategia contundente podrá evitar el resurgimiento de los cárteles en la región.

El miedo se ha apoderado de los vecinos de Villa Unión, una localidad ubicada a 65 kilómetros de la frontera con Texas, tras el ataque del pasado fin de semana que dejó el centro de la ciudad totalmente acribillado y causó la muerte de al menos 24 personas en distintos eventos. Muchos entre los 6.000 habitantes temen un regreso de la violencia que se registró entre 2010 y 2013, cuando los sanguinarios Zetas reinaban la región con secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas.

Y estos días han sido un recordatorio de lo que ocurrió en 2011 a tan solo 20 kilómetros del lugar, en el municipio de Allende, cuando una venganza entre miembros de Los Zetas dejó al menos 70 muertos, un número indeterminado de desaparecidos y decenas de casas destruidas o quemadas sin que las autoridades hicieran nada para evitarlo.

“A un narcotraficante no le puedes dar un abrazo y que no te responda con un balazo”, dijo un expolicía local de Allende, que tuvo que huir junto con 14 miembros de su familia debido a las amenazas de Los Zetas.

“Es la única forma de repelerles, la única manera de evitar que estas personas vuelvan a entrar y gobernar nuestros municipios a balazos”, agregó el hombre que pidió el anonimato por miedo a represalias. A su juicio, el ataque a Villa Unión es la muestra de que los criminales “quieren volver a apoderarse” de los pueblos.

Ese era el miedo de Sandra Zedillo, una trabajadora municipal. “Miro todo bien raro, tenemos miedo de que vuelvan”, dijo.

El temor invadió incluso al propio obispo de la diócesis, Alonso Garza Treviño, quien acudió al pueblo a dar apoyo a sus feligreses.

“Siempre está el riesgo”, dijo. “Somos un territorio muy codiciado por muchos grupos”.

El miedo y la impotencia se palpaban el martes durante el entierro de uno de los dos civiles que murió, un bombero y miembro de protección civil. “No es apropiado morir de esa manera”, lamentó Fernando Manzano, un compañero de un municipio cercano que acudió a la ceremonia.

El bombero fue secuestrado por los atacantes para que les ayudara a huir por los ranchos y brechas.

El sábado un comando de unos 150 individuos armados del Cartel del Noreste, una escisión de Los Zetas, sembró el terror.

Después de intensos tiroteos en el centro con armas de grueso calibre y ametralladoras, un total de 500 militares y policías estatales llegaron en apoyo de los 10 agentes locales y repelieron el ataque tras fuertes enfrentamientos. El saldo fue de al menos 17 atacantes, cuatro policías y dos civiles muertos, seis agentes y tres civiles heridos. El miércoles por la tarde, el gobierno estatal informó del hallazgo de un muerto más, otro presunto delincuente, localizado en una de las brechas por donde el ejecutivo dijo que continuaría la búsqueda y persecución de los responsables hasta el jueves.

Además, entre 70 y 80 viviendas quedaron dañadas por la balacera, según los últimos datos difundidos por la alcaldesa, Narcedalia Padrón.

Las autoridades aseguran que Villa Unión es un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas y creen que el Cartel del Noreste, que tiene su base en Nuevo Laredo, en el vecino estado de Tamaulipas, aspira a abrir nuevas rutas por esa zona. Otros creen que solo pretenden expandir los territorios bajo su control para todos sus negocios ilícitos. En cualquier caso, es precisamente en estos movimientos cuando la violencia siempre aumenta.

“Esto se va a poner peor”, afirmó un vecino que recordó los años de violencia y pidió el anonimato por temor. “Así pasó cuando andaban los Zetas, decían que no se quedarían, pero se quedaron”.

Para evitarlo, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, anunció el martes la puesta en marcha de tres bases militares en la región con 40 efectivos cada una que se unirían a las siete bases y tres mega cuarteles que ya hay en el estado. Así, aseguró, Coahuila quedará “blindado” ante nuevos intentos de penetración.

Aunque la estrategia del gobernador del opositor Partido Revolucionario Institucional parece tener un tono muy distinto a la del gobierno federal, Riquelme dijo contar con su apoyo. “No se trata de estar retando a los grupos criminales, se trata de salvaguardar a la población”, afirmó.

La política de seguridad de Coahuila en los últimos años ha estado marcada por la mano dura de los grupos de policía estatal que, en algunos casos, han sido señalados por abusos a los derechos humanos, pero muchos habitantes reconocen una reducción en la violencia en esta región fronteriza.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador intenta esquivar la confrontación con los cárteles, los choques parecen inevitables.

A diferencia de lo ocurrido en Culiacán en octubre, cuando el cártel de Sinaloa sitió la ciudad durante horas después de un fallido intento de las autoridades por detener a un capo, y del asesinato de tres mujeres y seis niños mexicano-estadounidenses en el fronterizo estado de Sonora, en Villa Unión nadie criticó la actuación de las fuerzas federales para repeler el ataque.

El pueblo se sintió aliviado por el despliegue de las fuerzas armadas, aunque algunos extrañan a presencia de la Marina. “Son los únicos en los que confío, con el resto (los criminales) se van a arreglar”, indicó un mecánico, también temeroso de dar el nombre.

Militares y policías peinaban todavía los ranchos de los alrededores para seguir buscando a los responsables del ataque del sábado, mientras las autoridades se esfuerzan por arreglar la fachada del ayuntamiento y los lugares más afectados. Pero de momento 150 militares vigilan el pueblo, la policía local no opera, los niños siguen sin ir a la escuela y el miedo permanece.