No hay que juzgar a Vox por mentir, sino por delito de odio

Está pasando. La primera imagen de los viajeros de Metro y Cercanías que salen a la calle desde la estación de Sol es un cartel gigante que dice 'Con Vox saldrías a un barrio seguro'. Y la penúltima, como pack indivisible, "Un mena, 4700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes".

El concepto es inocular una dosis de miedo a los votantes y, de paso, señalar a los culpables. En este caso a los menores extranjeros no acompañados. La idea de la extrema derecha es clara. Tan clara como la de la propaganda nazi que lideró Joseph Goebbels y que creó una cartelería para señalar a los judíos y que ahora Vox copia sin rubor.

Las primeras denuncias públicas escuchadas ayer iban hacia la Junta Electoral. Es evidente que los datos con los que Vox intenta manipular son falsos:

  • Ni un mena recibe una asignación 4.700 euros al mes -porque nadie, salvo un fanático sin un mínimo de raciocinio, puede creerse que este colectivo reciba del Estado una retribución que casi quintuplica el salario mínimo -1.050 euros- y que duplica con creces el salario medio español (1.982 euros).

  • Ni Madrid es una ciudad insegura porque, como refleja cada trimestre el Balance trimestral con datos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad autonómicos, la criminalidad se redujo en Madrid un 27,3%, con respecto al año anterior, mientras que en el conjunto de España esta tasa decreció un 20,20%. En la capital se pasó de 252.363 infracciones penales a 183.375.

Por tanto, si la denuncia se deriva a la Junta Electoral por mentir en un cartel de campaña para las elecciones del 4-M, la sanción apenas pasaría de una multa económica y de la retirada de los carteles. Y, a cambio, Vox sabe que ya ha dejado poso en su idea de que 'una mentira repetida 1.000 veces se convierte en una verdad'. Una estrategia de mentiras que ya usó Boris Johnson durante la campaña del Brexit y miren hasta donde ha llegado.

Por eso es importante señalar que el problema no es solo que Vox mienta por muy a sabiendas que lo haga con intereses electorales. Sino que Vox incurre o, al menos, bordea el delito de odio. Algo que el Ministerio del Interior tipifica como "cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo con una característica común de sus miembros como su raza real o perceptiva, origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Justo lo que se les imputa a los miembros del grupo Bastión frontal a los que Pablo Iglesias se enfrentó tras ser acosado en la calle y que ahora han pasado a disposición judicial tras una fiesta ilegal en la que les fueron incautadas, entre otros, dos machetes de grandes dimensiones, dos navajas y un punzón.

De ahí que sea más importante que la denuncia por los carteles de Sol no sea ante la Junta Electoral, sino ante la Fiscalía de Madrid.

El delito de odio viene previsto en el Código Penal, artículo 510, castigando las anteriores conductas con la pena de prisión de uno a cuatro años y, además, con la pena de multa de 6 a 12 meses. Penas que "se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas".

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