No hay justicia para Berta Cáceres en el peor país del mundo para ser activista ambiental

Llevaba años denunciando hostigamiento y amenazas de muerte contra ella y su familia cuando en la noche entre el 2 y el 3 de marzo de 2016 un sicario entró en su casa en La Esperanza (Honduras) y la mató de un disparo. La víctima no era una desconocida.

Era Berta Cáceres, una activista medioambiental hondureña que se hizo famosa en todo el mundo en su lucha contra la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales. Su asesinato conmocionó a una comunidad internacional que hoy en día sigue reclamando justicia. Sin embargo, parece que una vez más va a tardar en llegar.

La fecha del comienzo del proceso judicial estaba marcada para el pasado 17 de septiembre, pero el juicio oral ha sido suspendido sin fecha de reanudación. Concretamente ocho de los nueve involucrados en el crimen debían enfrentarse al juez, pero la presentación de varios recursos de amparo y una recusación al tribunal han provocado este aplazamiento que supone una nueva bofetada para los ambientalistas hondureños.

Y es que una organización tan prestigiosa en defensa de los derechos humanos como es Global Witness no dudó en afirmar en su último informe sobre el país que Honduras es el peor país del mundo para el activismo ambiental.

En su estudio, publicado a principios de 2017, aseguran que desde el año 2010, más de 120 personas han sido asesinadas por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el entorno.

Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y que terminaron muriendo a manos de las fuerzas del Estado, los guardias de seguridad o los asesinos a sueldo. Miles más siguen recibiendo acoso, amenazas o han sido encarcelados en un país en el que defender el medio ambiente se ha convertido en una muerte casi segura.

La organización no duda en señalar a los culpables. Aseguran que tras dos años de investigaciones han concluido que estos proyectos polémicos, que son la causa de los conflictos, están vinculados con las élites ricas y poderosas del país, incluyendo algunos miembros de la clase política. La ONG saca a la luz acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se están utilizando para sacar adelante estos negocios. También aseguran que Estados Unidos está financiando a las fuerzas estatales hondureñas, que son las responsables de algunos de los peores ataques.

La lista de víctimas es larga: Carlos Luna López, Jeanette Kawas, Alan García… Pero tiene su nombre más conocido en Berta Cáceres, la persona que ha sido capaz de hacer que estos crímenes traspasen fronteras y tengan resonancia en el exterior. Numerosas organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han presionado al Gobierno para que investigue los asesinatos de ambientalistas y se celebre un juicio justo, pero la suspensión del proceso es un nuevo jarro de agua fría para la justicia social en el país. La impunidad debe terminar.