Nicaragua: allanan oficinas de dos hijos de Violeta Chamorro

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MANAGUA (AP) — La policía de Nicaragua allanó el jueves las oficinas de dos hijos de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), ambos periodistas y figuras críticas al gobierno del presidente Daniel Ortega, que aspira a reelegirse por tercera vez consecutiva en noviembre.

Agentes policiales intervinieron la sede de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH), dirigida hasta enero pasado por la periodista Cristiana Chamorro. Otros efectivos hicieron lo propio en las oficinas de su hermano Carlos Fernando Chamorro, director de la publicación digital Confidencial y dos programas de televisión.

Simultáneamente, el Ministerio de Gobernación informó en un comunicado que investiga a Cristiana Chamorro por presunto “lavado de dinero” con fondos de la FVBCH, que cerró operaciones en febrero bajo presión de la Ley de Agentes Extranjeros con la que Ortega pretende fiscalizar los recursos externos de las organizaciones no gubernamentales de Nicaragua.

Cristiana Chamorro atendió este mismo jueves una cita en el Ministerio de Gobernación, donde se le notificó sobre las investigaciones en su contra.

Ella no ha descartado su intención de postularse como candidata opositora a la presidencia y desafiar a Ortega en los comicios.

En Twitter, Cristiana Chamorro calificó la actuación del gobierno de “malintencionada”. “Ortega ha ordenado fabricar ‘pruebas’ en contra de la Fundación que orgullosamente lleva el nombre de mi madre Violeta Barrios de Chamorro”, escribió.

Por su parte, Carlos Fernando Chamorro dijo que el gobierno “ha vuelto a allanar y confiscar a nuestros medios, pero no van a callarnos, seguiremos haciendo periodismo”.

La expresidenta Violeta Chamorro, de 91 años, convalece en su domicilio aquejada de varias enfermedades y está alejada de toda actividad, según ha informado la familia.

Cristiana, Carlos Fernando y sus hermanos Pedro Joaquín y Claudia son hijos de Violeta Barrios y el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por presuntos sicarios del dictador Anastasio Somoza en 1978 y considerado un ícono de la libertad de prensa en Nicaragua.

El comunicado indicó que Chamorro y otros directivos de la FVBCH deberán explicar supuestas “inconsistencias” en informes financieros presentados al gobierno entre 2015 y 2019. Añadió que no cumplieron con sus obligaciones y que un análisis arrojó “claros indicios de lavado de dinero.”

Al mismo tiempo, la policía allanó la sede de los tres medios que dirige Carlos Fernando Chamorro, quien no estaba presente en su oficina pero denunció el allanamiento y pidió a las autoridades que respeten la seguridad de sus colegas. La policía antimotines impidió el acceso de la prensa al lugar y detuvo temporalmente al fotógrafo Luis Sequeira, de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), que junto a otros colegas intentó dar cobertura a los sucesos, informó el comunicador.

La primera sede de Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana fue allanada por la policía en diciembre de 2018 tras un agitado año de protestas sociales contra Ortega. El edificio fue luego confiscado y adjudicado este año al Ministerio de Salud, al igual que los inmuebles de otras ocho organizaciones no gubernamentales clausuradas ese mismo mes.

Según el gobierno sandinista, tanto esos medios de prensa como las organizaciones formaban parte de un “fallido golpe de Estado” contra Ortega, alentado supuestamente por las protestas cívicas que fueron sofocadas con violencia por la policía. Cientos de personas murieron, miles resultaron heridas y centenares más fueron detenidas tras la revuelta.

Tras el allanamiento de sus antiguas oficinas, Carlos Fernando Chamorro estuvo un año exiliado en Costa Rica antes de regresar a Nicaragua en enero de 2020.

A sus casi 76 años Daniel Ortega, que gobernó Nicaragua por primera vez en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, busca llegar a los comicios de noviembre sin contratiempos ni voces disidentes que dificulten su tercera reelección para un quinto mandato.

El martes el Consejo Supremo Electoral, proclive al gobernante Frente Sandinista, canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática, liderado por activistas evangélicos y cuya casilla al parecer sería utilizada por la opositora Coalición Nacional para participar en los comicios.

La Coalición Nacional está conformada por dos partidos y cuatro movimientos opositores, entre ellos la Unidad Nacional Azul y Blanco, creada tras las protestas de 2018 y que a su vez aglutina a más de 40 organizaciones adversas al gobierno.

“Este es un proceso no sólo para inhibirme a mí sino para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad y tener el derecho sagrado que nos permite la ley el próximo 7 de noviembre. Esto es parte de todo el proceso que está montando la dictadura para impedir tener ese derecho”, dijo Cristiana Chamorro.

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