Nicaragua: indígenas en crisis alimentaria por invasión

Associated Press
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MANAGUA (AP) — La invasión de tierras indígenas por parte de elementos armados y “colonos” —agricultores mestizos— en el noreste de Nicaragua está causando una crisis alimentaria que afecta a miles de personas miskitas y mayangnas, denunciaron este jueves activistas y promotores de derechos humanos.

El caso se planteó durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizó el impacto de la colonización de territorios indígenas en el litoral Caribe de Nicaragua, un fenómeno agravado desde 2015 y que el gobierno de Daniel Ortega no ha resuelto según los denunciantes.

Seis ONG que participaron en la audiencia virtual dijeron haber documentado decenas de ataques de “colonos” en la zona norcaribeña durante el año 2020, incluyendo 13 asesinatos, dos secuestros, ocho personas heridas y el desplazamiento forzoso de una comunidad entera.

Según activistas, muchos colonos son exmilitares ligados a empresas de extracción de madera que operan sin freno del Ejército ni de las autoridades municipales. Los ataques obligan a los indígenas a abandonar sus tierras al perder su oportunidad de sembrar, pescar y cazar para la subsistencia.

“El desplazamiento de comunidades asediadas hacia zonas urbanas como Puerto Cabezas, Waspam o el territorio hondureño ha dejado una situación muy grave, pues no hay acceso a los alimentos ni a los servicios de salud”, dijo Lottie Cunningham, abogada ambientalista y directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

“Allí hay mujeres y niños con traumas sicológicos y deterioro nutricional. Viven en condiciones deplorables”, insistió Cunningham, que en 2020 recibió el premio Right Livelihood Award 2020, también conocido como “Premio Nobel Alternativo”, por su defensa de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En la zona afectada por invasiones está la reserva de biosfera de Bosawás, un área natural protegida por las leyes nicaragüenses pero donde se registran constantes denuncias de tala ilegal y actividades extractivistas, especialmente la minería.

“Los colonos nos han robado violentamente nuestras tierras y las autoridades se han prestado a ello”, dijo Juan Carlos Ocampo: miembro de la ONG Prilaka Community Foundation, que trabaja con comunidades de la zona.

Señaló que los hostigamientos de elementos armados persisten en Sangni Laya, una aldea a 550 kilómetros al noreste de Managua que fue evacuada temporalmente a fines del año pasado debido a los secuestros y ataques de colonos.

“Llevan 50 días asediando a los comunitarios, derriban árboles de coco y destruyen los cultivos. La población está en extrema vulnerabilidad y sufre una crisis alimentaria”, afirmó el activista, tras señalar que él mismo ha sufrido amenazas de muerte y la CIDH dictó medidas cautelares para su protección.

En enero de 2020, la comunidad indígena de Alal fue atacada por “colonos” que incendiaron 16 viviendas y mataron a por lo menos cuatro habitantes. Otro ataque, el más reciente, ocurrió el pasado 4 de marzo contra indígenas mayangnas en Kimak Was, que dejó a una persona herida y otra secuestrada.

Según la activista María Luisa Acosta, el Estado de Nicaragua comete “crímenes de lesa humanidad” al no intervenir para frenar las invasiones de tierras. “Vemos una intención de exterminio y genocidio. La intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico nacional”, dijo Acosta, directora del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas (CALPI).

En la audiencia participó la procuradora general de la República, Wendy Morales, en representación del Estado de Nicaragua. Morales enumeró una lista de leyes aprobadas en beneficio de los indígenas, negó que el gobierno viole los derechos humanos y aseguró que recientemente el Poder Judicial procesó 18 denuncias de invasiones de tierra en la zona norcaribeña.

La comisionada Antonia Urrejola, secretaria ejecutiva de la CIDH, pidió al Estado de Nicaragua información sobre las concesiones mineras otorgadas en la zona y las que están en trámite, a fin de conocer si algunos de estos proyectos se realizaron sin consultar a las comunidades.

Urrejola también solicitó a las ONG enviarles a la Procuraduría el detalle de las denuncias sobre ataques, muertes y desplazamientos de pobladores indígenas, y solicitó a las autoridades atender esos casos de forma inmediata.