Algunos niños duermen en tapetes en hacinadas instalaciones fronterizas

Miriam Jordan, Simon Romero and Zolan Kanno-Youngs
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Niños migrantes se ven obligados a dormir en tapetes para hacer ejercicio, cubrirse con mantas isotérmicas y pasar días sin un baño porque la Patrulla Fronteriza batalla para manejar a los miles de jóvenes centroamericanos que llegan en oleadas a la frontera suroccidental, algunos de ellos de solo un año de edad.

Los menores llegan solos y también en grupos, algunos de ellos con números telefónicos de parientes escritos en pequeños pedazos de papel estrujados, según dos abogados autorizados por los tribunales para monitorear las condiciones de las instalaciones ubicadas en la frontera. Muchos de los niños que los abogados entrevistaron en días recientes afirmaron que no les habían permitido salir al exterior en varios días, durante los cuales habían permanecido confinados a una carpa hacinada.

“La situación es urgente. Estos niños están atrapados en una crisis”, aseveró Leecia Welch, abogada que visitó un centro de detención para menores migrantes en Donna, Texas, construido para albergar a 250 personas, pero en el que la semana pasada había alrededor de 1000.

Más de 9400 menores, desde niños pequeños hasta adolescentes, llegaron a la frontera sin sus padres en febrero, casi el triple de los registrados en el mismo periodo el año pasado. Esta situación representa un reto humanitario urgente para el gobierno de Biden, que les ha abierto las puertas a los niños y ha comenzado gradualmente a recibir familias que huyen de condiciones de violencia y pobreza en América Central.

Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron el 15 de marzo que el gobierno planea albergar a miles de adolescentes en un centro para convenciones en el centro de Dallas. El gobierno abrirá otras instalaciones temporales en Midland, Texas, en un antiguo campamento para trabajadores de campos petroleros. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también considera una propuesta para hospedar a migrantes en un sitio de la NASA, el aeródromo federal de Moffett, en Mountain View, California.

El retraso en la disposición de albergues para migrantes, en los que hasta hace poco había tensión adicional debido a los límites de ocupación por el coronavirus, ha causado una aglomeración en las instalaciones de procesamiento de la Patrulla Fronteriza y ocasionado la detención de muchos niños por varios días más que las 72 horas máximas establecidas en la legislación federal.

Troy Miller, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, señaló la semana pasada que los menores que se alojan en las estaciones fronterizas tienen acceso total a alimentos y servicios médicos, además de que pueden darse un baño cada 48 horas.

Por lo regular, la frontera suroccidental exhibe un alza en el flujo migratorio durante los meses de primavera, antes del mortífero calor veraniego. Durante el actual ejercicio fiscal iniciado el 1.° de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha registrado más de 396.000 cruces de migrantes, incluidos los puertos oficiales de entrada, en contraste con unos 201.600 durante el mismo periodo del ejercicio fiscal anterior.

La mayoría de los cruces fueron adultos solteros, que según las normas actuales por lo regular son expulsados rápidamente de vuelta a México o su país de origen. Pero el presidente Joe Biden se ha negado a expulsar a los menores no acompañados que podrían regresar a un porvenir incierto en ciudades mexicanas fronterizas, y el número de esos casos ha superado los 29.700 este ejercicio fiscal (alrededor de 400 diarios hasta ahora en marzo) en comparación con 17.100 durante el mismo periodo el ejercicio fiscal anterior.

La carpa erigida hace solo un mes en Donna, Texas, en el valle del río Bravo, está abarrotada con más de mil niños y adolescentes, algunos de ellos de solo uno año de edad, según los abogados que realizaron una visita reciente.

Sus entrevistas con alrededor de 20 menores, programadas conforme a un acuerdo judicial para garantizarles protecciones a los niños migrantes, ofrecen el único vistazo hasta ahora a las condiciones imperantes durante el alza actual en las instalaciones fronterizas, que normalmente no se encuentran abiertas al público.

La Patrulla Fronteriza opera las instalaciones de Donna, donde tiene 40 niños en cada habitación de las carpas blancas divididas con hojas transparentes de plástico, los cuales permanecerán ahí hasta que haya lugar para recibirlos en un albergue del gobierno.

Los dos abogados, Welch y Neha Desai, fueron de visita el 11 de marzo; un decreto relativo al acuerdo de 1997, conocido como Flores, les permite inspeccionar las instalaciones en las que se tenga a niños con el propósito de verificar que el gobierno cumpla el acuerdo, el cual garantiza protecciones para los menores migrantes en custodia del gobierno.

Algunos de los niños les dijeron a los abogados que no había suficientes tapetes para dormir, por lo que algunos de ellos tienen que dormir directamente sobre el suelo o en una banca de metal. Muchos dijeron que habían estado confinados a su habitación hacinada todo el tiempo de su estancia.

Welch indicó que el Departamento de Justicia no les permitió a los abogados ingresar a las instalaciones; en su lugar, se les ofreció entrevistar a unos veinte niños trasladados a una unidad portátil.

Comentó que recibieron una lista, de varias páginas, con registros de más de mil niños albergados en las instalaciones, y que un número “impresionante” de ellos eran menores de 10 años.

“Una niña me dijo que no se ha bañado en seis días; otros dijeron que en dos y otros que en tres días”, indicó Welch. “Es evidente que las autoridades fronterizas están abrumadas con estos números”.

Explicó que la mayoría de los niños que entrevistó, cuyas edades variaban de 8 a 13 años, dijeron haber permanecido en la carpa entre cinco y siete días, lo cual constituye una contravención de las prácticas aceptables diseñadas para salvaguardar su bienestar.

El 15 de marzo, el sindicato American Civil Liberties Union le envió una carta a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, en la que exhorta al gobierno de Biden a detener el menor tiempo posible a los migrantes en la frontera, exigir que el personal rinda cuentas y establecer un sistema de asilo humano.

En respuesta al alza reciente en llegadas de menores, el gobierno de Biden ha instruido a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que colabore en el procesamiento y la búsqueda de hospedaje para los niños. La agencia, que por lo regular ofrece ayuda financiera en caso de desastres naturales, ayudará a encontrar espacios para albergar a miles de jóvenes migrantes, además de proporcionar “alimentos, agua y servicios médicos básicos”. El gobierno de Biden también envió agentes de los Servicios de Salud y Servicios Humanos a las instalaciones fronterizas, donde se detiene a los niños antes de trasladarlos a albergues, para que ayuden a identificar con rapidez a sus patrocinadores.

El gobierno también les ha pedido a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que se ofrezcan a “colaborar en el cuidado de los menores sin acompañantes” detenidos en las instalaciones fronterizas.

Por desgracia, la infraestructura de la frontera, que en general está diseñada para varones solteros, no se ha ajustado al cambio demográfico hacia niños y familias, que comenzaron a llegar en números considerables en 2013. Encontrar vivienda adecuada ha sido un gran reto para varios gobiernos.

A la mayoría de los niños se les pone en cuarentena de diez días por la COVID-19 en distintos albergues por todo el país, lo que causa demoras para entregarlos a sus familiares u otros patrocinadores y crea cuellos de botella en instalaciones fronterizas como la de Donna.

El mes pasado, el gobierno abrió un albergue de emergencia en Carrizo Springs, Texas, con una capacidad de 700 camas.

A pesar de las actuales limitantes de espacio, grupos de inmigrantes que han trabajado desde hace tiempo en la frontera advirtieron que la situación no debe describirse con un tono de alarma.

Marisa Limón Garza, subdirectora de Hope Border Institute en El Paso, dijo que distintos factores han contribuido al alza en el número de migrantes en varios sitios fronterizos, incluido el cambio de estación, los huracanes en América Central y la desaparición gradual del requisito de que muchos solicitantes de asilo esperen en México mientras se evalúan sus solicitudes.

“No nos parece que sea una crisis”, explicó Limón Garza, cuya organización ha recibido información de funcionarios de gobierno sobre el tratamiento de las familias migrantes en instalaciones fronterizas. “La primavera es el tiempo natural para la migración entre el frío del invierno y el calor del verano. También sabemos que el gobierno de Trump de verdad causó muchos daños dentro de la burocracia, así que si se consideran todos esos factores, es el contexto en el que nos encontramos”.

De manera parecida, Linda Rivas, directora ejecutiva de Las Americas Immigrant Advocacy Center en El Paso, mencionó que el aumento de este año fue parecido a los flujos migratorios que había visto a lo largo de siete años de práctica en derecho migratorio, pues más personas emprenden marcha hacia el norte cuando se avecina la primavera.

Sin embargo, Rivas también expresó preocupación por los retos que enfrenta el gobierno de Biden si intenta trabajar con un sistema migratorio reformado por el gobierno previo con el propósito de dificultar al máximo la solicitud de asilo en Estados Unidos.

“Nos encantaría que procesaran a los menores mucho más rápido”, dijo Rivas. El problema, añadió, es que “en este momento no tenemos un sistema de asilo operacional porque todavía falta reconstruir mucho.”

This article originally appeared in The New York Times.

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