Son niñas, No madres; la ONU condena a Nicaragua y Ecuador por casos de maternidad forzada

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El reconocimiento de la falta de acceso a abortos legales y la violación de los derechos humanos de las niñas mediante maternidades forzadas son dos de los grandes precedentes que dejan las recientes resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que resuelven de manera favorable dos casos litigados por el movimiento Niñas No Madres mediante la condena a los Estados de Ecuador y Nicaragua.

En estas decisiones, apunta en entrevista Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe y vocera del movimiento Son Niñas No Madres, el Comité hace principalmente cinco conjeturas. La primera es que la falta de acceso al aborto viola el derecho a la vida y a la vida digna, pues la situación tiene implicaciones que dañan el proyecto de vida personal, familiar, profesional y educativo de las niñas.

“Lo segundo es que el Comité vuelve a reconocer, como ya lo ha hecho en otros casos, que impedir que las niñas y que las mujeres accedan a servicios de salud como el aborto constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes, por el alto impacto emocional que esto tiene en la salud mental de las niñas, y en su caso es además reforzado por su edad y la situación de vulnerabilidad en la que viven”, apunta.

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Como tercer punto, el Comité resalta que la falta de acceso al aborto y de aplicación de una ley de aborto terapéutico en el caso de Ecuador –que no tiene una prohibición total como Nicaragua– implican una injerencia del Estado en la vida privada de las niñas. Por lo tanto, el Comité habla de una vulneración a la vida privada cuando no existe una regulación del aborto.

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Foto: especial

 

El cuarto punto que abordan estas decisiones, subraya Martínez, es su abordaje en torno a la violación al acceso a la información, con una ampliación a la salud sexual y reproductiva. Finalmente, se presenta también un análisis en torno a la discriminación y al hecho de que sigan existiendo barreras y penalizaciones a un servicio de salud reproductiva como el aborto.

“Ese hecho sigue reforzando el estereotipo de que las mujeres estamos hechas para procrear, para ser madres, y se nos sigue viendo como un instrumento de reproducción; además, el Comité habla de una discriminación interseccional en ese caso porque eran niñas que vivían en condiciones de pobreza”, añade la activista.

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Los casos de Norma, de Ecuador, junto con el de Fátima, de Guatemala; Lucía y Susana, de Nicaragua, y Camila, de Perú, llegaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU entre 2019 y 2020 gracias a un litigio promovido por ocho organizaciones que impulsan el movimiento Son Niñas, No Madres. Hasta el año pasado ninguna de las sobrevivientes había recibido reparación o justicia, y un pronunciamiento de la ONU era esperado desde finales del año pasado.

El litigio buscaba que se determinara la obligación de los Estados de modificar su legislación sobre la interrupción segura y oportuna del embarazo como precedente para todas las niñas de América Latina; regularla en el sistema de salud y no en el penal; adoptar medidas para que el personal sanitario ofrezca suficiente información al respecto; impulsar que las niñas sean escuchadas; garantizar educación sexual integral; asegurar recursos judiciales efectivos y tomar medidas para erradicar estereotipos de género y violencia obstétrica.

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Martínez subraya que las decisiones del Comité, que se conocieron el pasado 20 de enero, dejan grandes estándares y no decepciona porque se presentan con un lenguaje de autonomía y de derechos reproductivos, que se reconocen como derechos humanos.

¿Qué deben hacer los Estados señalados en casos de maternidad forzada?

Las decisiones del Comité de la ONU incluyen una serie de recomendaciones a los Estados de Nicaragua y Ecuador, que contemplan en primer lugar reparaciones individuales del daño, pues detrás de estos casos hay mujeres que en su momento eran niñas y hoy están accediendo a la justicia mediante las resoluciones del organismo.

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“Es algo muy importante y relevante que hay que poner sobre la mesa y lo primero que hace el Comité es decirle a los Estados ‘tienen que reparar a estas niñas’. ¿Cómo? Dándoles una indemnización, permitiendo que tengan acceso a educación en la modalidad que ellas escojan, garantizando que sus hijos puedan acceder a educación en la modalidad que elijan y a través de un acompañamiento psicológico tanto para ellas como para sus hijos el tiempo que se requiera según lo estime el o la profesional de la salud que acompañe los casos”, explica Martínez.

La activista remarca que esta es la primera vez que el Comité hace recomendaciones tan específicas en reparaciones individuales, lo cual celebran las organizaciones, pues va a acompañar el proyecto de vida de las niñas de ahora en adelante. Aunado a ello, el organismo solicita que se haga un reconocimiento de responsabilidad y se extiendan disculpas públicas por lo sucedido.

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Por otro lado, entre las medidas generales que establece la ONU para que los hechos no se repitan están adecuar el marco legal del aborto para garantizar que no haya barreras para su acceso. Sin embargo, la activista señala que, por otra parte, en este aspecto el Comité al mismo tiempo queda en deuda, pues sigue hablando de causales, es decir, que las niñas puedan acceder al aborto solo cuando sean víctimas de violencia sexual o su salud esté en riesgo.

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Foto: especial

 

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“Por supuesto es una ganancia, lo vamos a capitalizar, pero nuestro litigio y lo que buscábamos con nuestras representadas en este momento de la historia es que el Comité fuera un poquito más lejos y tomara las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud acerca de la eliminación del delito de aborto y la regulación solo a través del sistema de salud. Digamos que esto fue una deuda y sin embargo, celebramos de todas formas la recomendación de adecuación normativa”, subraya.

Por otro lado, las recomendaciones también incluyen capacitaciones respecto a cómo tratar casos de violenci sexual, tanto para operadores de la salud como para impartidores de justicia, que se sensibilice en torno a estos temas y que se mejoren las regulaciones acerca de adopción en ambos países, porque dos de las niñas que forman parte de los litigios Son Niñas, No Madres habrían querido dar a sus hijos en adopción y no pudieron hacerlo por falta de regulación.

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Solo en Ecuador, cerca de mil 700 niñas dan a luz al año

Los casos resueltos por la ONU resultan particularmente relevantes porque se trata de niñas y de impactos en sus vidas que son graves, resultado de historias dolorosas que tienen consecuencias en la salud física, la salud mental, su entorno y su propio cuerpo, a partir de la experiencia de la violencia sexual.

Es por eso que los Estados señalados, y en general todas las autoridades, deberían tener una mayor sensibilidad y responsabilidad frente a las vidas y la salud de las niñas, pues solo en Ecuador en 2023 se registraron mil 700 nacimientos de madres niñas, que implicaron cuatro partos diarios de niñas menores de 14 años, resalta en entrevista Paulina Ponce, subdirectora de Programas de Ecuador y parte de Planned Parenthood Global.

“Queremos hacer un llamado para que se implementen estas medidas. Todas las instituciones del Estado tienen una responsabilidad, el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Constitucional, el sistema de justicia, todo el sistema de protección, entonces hay mecanismos específicos que se pueden activar, como mesas de coordinación interinstitucional”, plantea.

Ponce recuerda que en Ecuador actualmente existen dos causales por las que está permitido abortar: que exista un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, o la violación sexual, que fue despenalizada en 2021. Sin embargo, las organizaciones han atestiguado que existen muchas limitaciones a las leyes ya aprobadas en materia de aborto, la ley conserva muchas restricciones e incluso ha sido impugnada ante la Corte Constitucional.

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Foto: especial

 

Por ello, esta autoridad tiene ahora la oportunidad de incorporar los estándares internacionales de derechos humanos que ha emitido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en una decisión de fondo, además de determinar la garantía en la accesibilidad a ese servicio de salud, pues no es posible que una ley limite el ejercicio del derecho. Aunado a ello, habría que poner énfasis en la capacitación de profesionales de la salud y operadores de justicia, así como fortalecer los sistemas de información y educación.

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“Si bien este es un caso de una demandante particular hacia el Comité, todo lo que el Comité va emitiendo como fallos, como sentencias, pasa a ser parte de aquello que deberían implementar todos los estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces lo que esperamos es que este fallo precisamente impacte en la región y en el mundo, porque estas reflexiones al final están haciendo un análisis de situación de los derechos humanos, en este caso el derecho a la vida, a la salud y a los derechos reproductivos”, enfatiza Ponce.

Ante las resoluciones de la ONU, los Estados de Nicaragua y Ecuador tienen un plazo de 180 días para mostrar avances significativos, aunque aún no sea un cumplimiento total. Las voceras de Son Niñas No Madres destacan que el segundo es juicioso y comprometido con sus obligaciones internacionales, aunque el primero lo es menos y no está respondiendo a los sistemas de derechos humanos de forma sistemática y contundente, por lo que en ese país solo queda documentar, denunciar y difundir desde la sociedad civil para crear memoria.

“Para nosotras las vidas y las voces de las niñas han sido muy inspiradoras, eso es lo que ha movido nuestro trabajo; las hemos acompañado todo este tiempo, las vamos a seguir acompañando en este tramo que viene y para nosotras este proceso, este litigio internacional, es una lucha por la justicia, por la dignidad de las niñas, por su salud y por su futuro, así que estamos muy agradecidas de que nos hayan permitido acompañarles y de que su voz se haya escuchado a tan alto nivel”, añade Ponce. 

En el panorama del movimiento queda pendiente el caso de Fátima contra Guatemala, que se esperaba saliera en conjunto con estas decisiones, pero probablemente será solucionado en el próximo periodo de sesiones del Comité a finales de marzo. 

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