'Necesitamos separar a los niños' sin importar su edad, dicen funcionarios del Departamento de Justicia

WASHINGTON — Los cinco fiscales estadounidenses asignados a la frontera con México, tres de los cuales fueron designados por el presidente Donald Trump, reaccionaron en mayo de 2018 de manera desfavorable a una orden de iniciar recursos en contra de todos los inmigrantes que ingresaran ilegalmente a Estados Unidos, incluso si era necesario separar a algunos menores de sus padres. Les indicaron a funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia que sentían una “gran preocupación” por el bienestar de los niños.

De cualquier forma, Jeff Sessions, quien fungía en ese momento como fiscal general, dejó muy claros los deseos de Trump en una conferencia telefónica sostenida esa tarde, según reveló una investigación de dos años encabezada por el inspector general del Departamento de Justicia sobre la política de “tolerancia cero” de Trump que separó a varias familias.

“Necesitamos separar a los niños”, le dijo Sessions a los fiscales, según las notas de los participantes. Uno incluyó en taquigrafía lo siguiente: “Si les importan los niños, no los traigan. No vamos a darles amnistía a quienes vengan con niños”.

Rod Rosenstein, fiscal general adjunto en esa época, incluso fue más allá en una segunda llamada telefónica aproximadamente una semana después, cuando les indicó a los cinco fiscales que no importaba cuán pequeños fueran los niños. Señaló que los abogados del gobierno no deberían haberse negado a proceder con dos casos tan solo porque los niños eran casi unos bebés.

“Esos dos casos no deberían haberse rechazado”, le escribió a su personal John Bash, fiscal saliente en el oeste de Texas, inmediatamente después de la llamada. Bash había rechazado los casos, pero Rosenstein “instruyó que, conforme a la política del fiscal general, NO deberíamos rechazar de manera categórica casos de inmigración que involucren a adultos que vengan con familia debido a la edad de un menor”.

Los funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia constituyeron una “fuerza impulsora” de la política que favoreció la separación de miles de familias, muchas de las cuales huían de la violencia en Centroamérica y buscaban asilo en Estados Unidos, antes de que Trump la abandonara debido a la indignación global, según un informe preliminar sobre los resultados de la investigación preparado por el inspector general del departamento, Michael E. Horowitz.

La separación de niños inmigrantes de sus padres, en algunos casos durante meses, era un aspecto central del ataque del gobierno de Trump a la inmigración. Sin embargo, la violenta reacción cuando el gobierno tuvo dificultades para reunir a los niños con sus familias se convirtió en uno de los peores desastres en política pública del mandato del actual presidente.

Aunque Sessions intentó distanciarse de la política para que Trump y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional cargaran con la culpa, tanto él como otros funcionarios de alto rango sabían que “tolerancia cero” significaba separar a las familias inmigrantes y querían que pasara porque creían que desalentaría la inmigración ilícita en el futuro, escribió Horowitz.

“El hecho de que el departamento se haya concentrado tan solo en iniciar más procesos fue en detrimento de la aplicación eficaz y prudente de la política, en especial en lo referente a los procesos que involucraban adultos con familia y las consecuentes separaciones de los niños”, subrayó el informe.

El informe preliminar, que cita más de 45 entrevistas con funcionarios clave, correos electrónicos y otros documentos, ofrece la perspectiva más completa de las conversaciones sostenidas al interior del Departamento de Justicia mientras se desarrollaba la política de separación de las familias, se promovía su aplicación y finalmente se concretaba sin preocuparse mucho por los niños.

Este artículo se basa en una revisión del borrador de 86 páginas de ese informe y en entrevistas con tres funcionarios del gobierno que lo leyeron en meses recientes y describieron sus conclusiones y muchos de los detalles que contiene. Los funcionarios, que hablaron con la condición de mantenerse en el anonimato porque no están autorizados para hablar del asunto en público, advirtieron que el informe definitivo podría incluir cambios.

Antes de publicar los hallazgos de sus investigaciones, la oficina del inspector general por lo regular les entrega copias del documento preliminar a los dirigentes del Departamento de Justicia y a otras personas mencionadas en los informes, para verificar que sea preciso.

Horowitz estaba preparado para dar a conocer su informe desde finales del verano, según una persona al tanto de la investigación, pero lo más probable es que el proceso que permite respuestas de funcionarios actuales y antiguos del departamento cuya conducta se escudriña retrase su divulgación hasta después de las elecciones presidenciales.

Sessions se negó a otorgar una entrevista, puntualizó el informe. Rosenstein, que ahora practica la abogacía en el sector privado, se defendió en la entrevista que tuvo con los investigadores al responder las preguntas sobre su participación, según dos de los funcionarios. La antigua oficina de Rosenstein entregó una respuesta de 64 páginas al informe.

“Si un fiscal estadounidense inicia proceso contra un acusado que en lo personal no considera que amerita dicho proceso, incurre en una contravención de su juramento”, afirmó Rosenstein en un comunicado. “Nunca le ordené a nadie llevar un caso a juicio”.

Gene Hamilton, uno de los principales abogados y aliados de Stephen Miller, el arquitecto del ataque del presidente contra la inmigración, señaló en una respuesta de 32 páginas que los funcionarios del Departamento de Justicia solo recibieron cierta orientación del presidente. Hamilton citó una reunión que sostuvo el 3 de abril de 2018 con Sessions, con la secretaria de Seguridad Nacional de ese entonces, Kirstjen Nielsen, y con otras personas, en la que el presidente “despotricó”, soltó “una diatriba” y exigió que se realizaran cuantos procesos fueran posibles.

Hamilton se negó a hacer comentarios para este artículo, al igual que la oficina de Horowitz. Sessions no respondió a nuestra solicitud. Alexa Vance, vocera del Departamento de Justicia, cuestionó el informe preliminar y dijo que el Departamento de Seguridad Nacional turnaba casos para procesarlos.

“El informe preliminar en el que se basa este artículo contiene varias imprecisiones y errores en cuanto a los hechos”, señaló. “Si bien el Departamento de Justicia es responsable de procesar a los acusados, no intervino para darle seguimiento a los hijos de esos acusados ni en la forma en que se les brindaron cuidados en custodia. Por último, tanto el momento en que se da a conocer esta fuga de información como su contenido engañoso generan cuestionamientos preocupantes con respecto a las motivaciones de los responsables de elaborar este informe”.

El informe preliminar también documentó otras revelaciones que no se habían dado a conocer:

— Los fiscales del gobierno reaccionaron con alarma al saber de la separación de los niños de sus padres durante un programa piloto secreto en 2017 en la frontera de Texas con México. “Nos enteramos de que separamos de sus bebés a madres acusadas que se encontraban en plena lactancia”, escribió un fiscal del gobierno a sus superiores. “No lo creí hasta que revisé la bitácora correspondiente”.

— Algunos agentes de la Patrulla Fronteriza no pudieron proceder con casos de delitos graves porque no se daban abasto con las tareas derivadas de la política de tolerancia cero, que les exigía detener y procesar todos los casos de entrada ilegal, que son delitos menores. Un fiscal de Texas les advirtió a los funcionarios del Departamento de Justicia en 2018 que por ese motivo algunos “agresores sexuales quedaron libres”.

— Los funcionarios de alto rango del Departamento de Justicia consideraban que el bienestar de los niños era responsabilidad de otras dependencias y que su deber era darles seguimiento a los padres. “Sencillamente no creo que sea una acción del Departamento de Justicia”, le dijo Rosenstein al inspector general.

— La falta de información al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos antes de anunciar la política de tolerancia cero causó situaciones graves de hacinamiento y que se excediera el presupuesto. Los alguaciles se vieron obligados a limitar la entrega de órdenes de arresto de otros casos, pues “cuando se reduce el personal, no es posible realizar arrestos seguros”.

This article originally appeared in The New York Times.

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