Narcolavado. El fantasma de un financista ejecutado, detrás de los operativos en la City

Diego Xavier Guastini fue ejecutado hace casi un año, el 28 de octubre pasado. Sicarios lo asesinaron a pocos metros de la Municipalidad de Quilmes. Doce meses después no hay detenidos por el crimen. La lista de enemigos que pretendían sacarlo de escena era extensa. Trabajó para las más importantes bandas narco que operan en el país. Se dedicaba a ingresar en la Argentina dólares y euros que se pagaban por cargamentos de cocaína. Todos pensaron que sus secretos se habían ido a la tumba con él, pero se equivocaron. El aporte que hizo como imputado colaborador fue clave para avanzar en una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico y detener a tres sospechosos.

Guastini aportó información que sirvió para avanzar en varios expedientes judiciales. Uno de esos casos tuvo gran impacto en las últimas horas por un espectacular procedimiento de la Gendarmería Nacional en la City porteña. Por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, los uniformados allanaron una financiera -las llamadas cuevas-, en Lavalle al 600. Se concretaron otros 25 allanamientos y fueron arrestados tres sospechosos, además de secuestrarse U$S 368.777, 10.540 EUROS y $ 4.628.180, entre monedas de otros países como Rusia, Japón, Paraguay, Perú, México, Brasil y Uruguay.

Uno de los detenidos fue Carlos Sein Atachahua Espinoza, un ciudadano peruano que está sospechado de haber ingresado en el mercado legal al menos U$S 10.000.000 que habrían tenido como origen el negocio del tráfico de estupefacientes, según informaron fuentes judiciales.

Así surge de la investigación que durante dos años y seis meses siguieron el fiscal federal Santiago Marquevich y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. De la pesquisa también participó la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección de Planificación y Control Judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

En un primer momento la causa estuvo radicada en los tribunales federales de Morón, en el juzgado de Néstor Barral, pero cuando el magistrado se declaró incompetente el expediente pasó al fuero penal económico, con la intervención del Yadarola y la fiscal María Gabriela Ruiz Morales.

"Se presume que se detuvo al líder de la organización y se calcula que se han lavado 35.000.000 de dólares en el curso de más de una década", sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en una conferencia de prensa donde expuso los avances de la investigación.

La funcionaria estuvo acompañada por el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba; el jefe de la Gendarmería Nacional, comandante general Andrés Severino, y por el director general de Inteligencia Criminal e Investigaciones de esa fuerza de federal de seguridad, comandante general Edgardo Rivas.

"Lo más importante que se llevó a cabo fue la obtención de la documentación que se pudo secuestrar a través de las 16 órdenes de registro y presentación que se llevaron a cabo en distintas escribanías, estudios jurídicos y contables, donde se hallaba la documentación probatoria de la maniobra ilícita investigada", explicó Rivas.

Allanamientos en la City. Siguen la pista de U$S 10.000.000 del narcotráfico

Según fuentes judiciales y registros empresariales, Guastini y Atachahua Espinoza fueron socios. En una de sus declaraciones como imputado colaborador, el financista de los grandes grupos narcos dio detalles para poder avanzar sobre esta presunta organización dedicada al lavado de activos.

"Los servicios que Guastini le proporcionó a Atachahua Espinoza comprendían, por un lado, un mecanismo de importación de divisas alternativo por medio de mulas, y por el otro, una estructura societaria apta para ingresar grandes cantidades de dinero en el sistema financiero argentino, sin generar alarmas que despierten la atención de los organismos de contralor locales", explicaron fuentes con acceso al expediente.

Guastini, según fuentes del caso, fue quien le vendió a Atachahua Espinoza sus dos primeros departamentos en la ciudad de Buenos Aires. Además, le dio su primer trabajo legal en el país. "El financista asesinado fue un colaborador esencial para que la estructura ilícita se arraigara en el territorio argentino", afirmó una fuente del caso.

El financista habría afirmado que una de las operaciones que hizo su socio y cliente fue la compra de un terreno en Rosario al 700, en Caballito, donde construyó cocheras para alquilar y un edificio. La operación habría sido por U$S 5.000.000 en efectivo.

Ejecutado por sicarios

Cuando fue asesinado, el financista circulaba en su Audi A4 gris. Llevaba a la cintura una pistola Glock calibre 40 que tenía para defenderse. No llegó a usarla: lo ejecutaron de tres tiros. El crimen es investigado por el fiscal de Quilmes Martín Conde.

Poco después de su asesinato, se supo que Guastini había trabajado para el clan Loza, una poderosa banda que durante años traficó cocaína a España e Italia y que ganó millones de dólares que fueron invertidos en lujosos autos e inmuebles en la Argentina.

Su aporte como arrepentido ante la Justicia tuvo un fuerte impacto en varios expedientes. En septiembre del año pasado, en un juicio abreviado, este contador que tenía 45 años fue condenado a tres años de prisión en suspenso como integrante de una asociación ilícita dedicada al contrabando de divisas.

Este año también se conoció su vínculo con otro expediente que destapó un escándalo judicial y policial en la denominada "banda del fiscal", una supuesta asociación ilícita dedicada a extorsionar a personas presuntamente vinculadas con el negocio ilegal de las drogas, e incluso al "gerenciamiento" mismo del narcotráfico, al vender estupefacientes robados de procedimientos.

Esa banda, según la Justicia, habría estado liderada por el suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan e integrada por abogados y policías bonaerenses.

Uno de los prófugos que tiene la causa, expediente delegado en el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y en el que interviene la jueza Sandra Arroyo Salgado, es el policía Adrián Baeta.

Guastini y Batea tenían una aceitada relación. El policía bonaerense fue el primero en llegar a la escena del homicidio del financista, ocurrido el 28 de octubre del año pasado.

Un año después de su homicidio, el financista sigue dejando huellas en investigaciones de narcotráfico y lavado de dinero.