Mientras las naciones pobres buscan pastillas para tratar la COVID-19, las autoridades temen que se repita la crisis del SIDA

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Un paciente con píldoras de Paxlovid, el medicamento más potente de los dos antivirales para tratar la COVID-19 aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, en su casa de Santa Bárbara, California, el 6 de enero de 2021. (Alex Welsh/The New York Times)
Un paciente con píldoras de Paxlovid, el medicamento más potente de los dos antivirales para tratar la COVID-19 aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, en su casa de Santa Bárbara, California, el 6 de enero de 2021. (Alex Welsh/The New York Times)

WASHINGTON — Un virus devastador asolaba a los países que carecían de los medicamentos disponibles para los estadounidenses. Los medicamentos tenían patente y eran caros. Se pensaba que las naciones pobres carecían de refrigeración para almacenarlos y que los pacientes no podrían seguir el complejo régimen de dosificación.

Era el año 2002, el virus era el VIH y el presidente, George W. Bush, envió en secreto a sus principales asesores sanitarios a África para investigar lo que los activistas llamaban el “apartheid médico”. Veinte años después, Estados Unidos lidera la creación de una infraestructura mundial de pruebas y tratamiento del VIH, que ha salvado alrededor de 21 millones de vidas.

Ahora, con esa historia en mente, las agencias de salud mundial y el gobierno de Biden están trabajando para llevar las pruebas del coronavirus y las costosas píldoras antivirales a las naciones de ingresos bajos y medios. Esta semana, en su segunda cumbre internacional sobre la COVID-19, una reunión virtual de líderes mundiales destinada a inyectar nueva energía a la respuesta internacional a la pandemia, el presidente Joe Biden hará hincapié en “hacer la prueba para tratar” a nivel mundial.

Hasta ahora, la respuesta se ha centrado en gran medida en la vacunación, que sigue siendo una gran prioridad. Pero Biden también aprovechará la cumbre para pedir a las naciones ricas que donen 2000 millones de dólares a fin de adquirir tratamientos contra la COVID-19 y 1000 millones de dólares con los cuales comprar suministros de oxígeno para los países de ingresos bajos y medios, según un alto funcionario gubernamental que participó en la planeación de la cumbre.

En Estados Unidos, donde los antivirales para combatir la COVID-19 se pueden encontrar con facilidad, la iniciativa de Biden de “hacer la prueba para tratar” permite que muchos pacientes vayan a las farmacias, se hagan la prueba de la COVID-19 y reciban una receta gratuita en el momento si la prueba confirma que padecen la enfermedad. En los países de ingresos bajos y medios, lo más probable es que estos esfuerzos se vean mucho más limitados hasta contar con los medicamentos genéricos, lo cual podría suceder hasta el año 2023.

Pero el esfuerzo mundial se enfrenta a algunos de los mismos obstáculos y desigualdades que existían hace dos décadas.

Los países ricos, incluido Estados Unidos, han absorbido casi todo el suministro. Las agencias de salud mundiales no tienen dinero para comprar ni los antivirales ni las pruebas, que son de vital importancia porque la toma del medicamento debe iniciarse en las primeras fases de la infección. Las compañías farmacéuticas, que intentan proteger sus patentes, limitan el suministro de alternativas genéricas en muchos países de ingresos medios, incluida toda una franja de América Latina.

Una mujer recibe una vacuna contra la COVID-19 en Kathantha Yimbo, en el norte de Sierra Leona, el 15 de febrero de 2022. (Finbarr O'Reilly/The New York Times)
Una mujer recibe una vacuna contra la COVID-19 en Kathantha Yimbo, en el norte de Sierra Leona, el 15 de febrero de 2022. (Finbarr O'Reilly/The New York Times)

Estos factores se están desarrollando de tal manera que podrían convertirse en el equivalente a una bomba de tiempo ante una enfermedad infecciosa.

“Todos esperamos una nueva oleada importante de ómicron o una nueva variante en el sur global de junio a septiembre y, si eso ocurre, no estaremos preparados con las pruebas y los tratamientos”, afirmó Bill Rodríguez, quien dirige el departamento de pruebas del Acelerador ACT, el consorcio con sede en Ginebra que coordina la respuesta mundial. “De manera dolorosa, irónica y trágica, se siente muy parecido a lo que ocurrió con el VIH”.

El lunes, antes de la cumbre, el consorcio, que cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, tiene previsto convocar un debate de expertos en salud mundial y declarar que el acceso a las pruebas y el tratamiento es una “cuestión de equidad”, según los funcionarios.

Es posible que Biden se presente a su propia cumbre con las manos vacías. La Casa Blanca le solicitó al Congreso 22.500 millones de dólares adicionales en ayuda de emergencia para el coronavirus, incluidos 5000 millones de dólares destinados a la respuesta mundial, pero los republicanos del Senado se niegan a autorizar todo tipo de financiamiento salvo que se compense con recortes en otros programas. Una propuesta conciliatoria de 10.000 millones de dólares no incluye dinero para la respuesta mundial y no se sabe si ese plan se votará y, de ser así, cuándo sucederá.

Uno de los mayores obstáculos es la rápida disminución de las pruebas de COVID-19 en todo el mundo. El consorcio respaldado por la OMS informó hace poco que solo el 20 por ciento de los 5700 millones de pruebas realizadas en el mundo se han realizado en países con ingresos bajos y medios. Los países de bajos ingresos representaron menos del uno por ciento de las pruebas. Esto se debe a dos motivos: los países carecen de dinero para comprar las pruebas y la demanda se redujo en las regiones donde las tasas de COVID-19 son bajas en este momento.

“Lo que en verdad me preocupa es la parte de las pruebas”, comentó Bruce Aylward, un alto funcionario de la OMS y coordinador del consorcio. “Si no se hacen pruebas, no se puede secuenciar; no se puede aislar; no se puede tratar. Todo lo demás se viene abajo”.

El Paxlovid, el más potente de los dos antivirales para el tratamiento de la COVID-19 aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, es tan abundante en Estados Unidos que las farmacias se esfuerzan por agotar sus existencias. El gobierno de Biden se ha comprometido a comprar 20 millones de tratamientos para los estadounidenses.

Hace poco, la OMS emitió una “fuerte recomendación” con el objeto de que el Paxlovid, fabricado por Pfizer, se administre a los pacientes con alto riesgo de hospitalización y pidió su “amplia distribución geográfica”. La recomendación de la OMS para el otro medicamento, el molnupiravir, fabricado por Merck y que no tiene tanta demanda, fue mucho más débil.

Los expertos en salud mundial afirman que ambas empresas ya asimilaron las lecciones del sida, pero solo hasta cierto punto.

Cada una de ellas acordó destinar varios millones de tratamientos (un total de 7 millones) a la UNICEF para que los distribuya en la mayoría de los países de rentas bajas y medias, que representan más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, la UNICEF no podrá comprar los medicamentos a menos que consiga los fondos o que los países los aporten. Y, según los expertos, 7 millones de tratamientos no son suficientes para cubrir la necesidad.

El precio del Paxlovid para la UNICEF —que incluye la insistencia de Pfizer de que este organismo no revele cuánto paga— sigue siendo un punto de fricción, afirmó Philippe Duneton, quien dirige la división terapéutica del consorcio de la OMS. Al anunciar su “fuerte recomendación” del Paxlovid, la OMS dio el inusual paso de recriminar públicamente a Pfizer su “falta de transparencia”, que dificulta saber qué países tienen el medicamento y cuánto pagan.

“Necesitamos tener una mejor visibilidad en términos de precio”, dijo Duneton.

Los fabricantes suelen preferir que la información sobre sus contratos de venta se mantenga en secreto para no socavar su posición frente a otros posibles compradores. La semana pasada, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, informó que Paxlovid había sido un “motor de crecimiento clave” para la empresa, que está utilizando un “enfoque de precios escalonados” en el que los países de ingresos bajos y medios bajos obtendrán Paxlovid a un precio no lucrativo.

En respuesta a una pregunta de The New York Times, Pfizer emitió un comunicado en el que decía que se sentía “profundamente decepcionada del sentir expresado por nuestros socios”, y agregó: “Hemos escuchado y respondido de buena fe a muchas de sus preocupaciones”.

Hasta ahora, 36 empresas de 12 países están interesadas en fabricar la versión genérica del Paxlovid. En India, ya hay farmacéuticas que fabrican versiones genéricas tanto de Paxlovid como de molnupiravir. Se espera que ambos medicamentos estén disponibles en unos cien países de ingresos bajos y medios, lo que cubrirá alrededor de la mitad de la población mundial. Las empresas no recibirán regalías por las ventas mientras siga vigente la declaración de la OMS de la pandemia como emergencia sanitaria mundial.

“Dada la gravedad de la pandemia y el hecho de que el índice de penetración de las vacunas es muy desigual, pensamos que esta era una contribución muy importante que la empresa podía hacer”, manifestó Paul Schaper, director ejecutivo de política pública mundial de Merck.

Pero esos genéricos no estarán disponibles sino hasta el año que viene. Mientras tanto, médicos y activistas de todo el mundo afirman que los pacientes vulnerables mueren porque no tienen acceso a los antivirales, los anticuerpos monoclonales e incluso al oxígeno. En los países con bajas tasas de vacunación, la necesidad es aún más apremiante.

En Uganda, Sabrina Kitaka, una pediatra que también asesora al gobierno sobre la vacunación contra la COVID-19, afirmó que muchos niños con enfermedades subyacentes —anemia falciforme, diabetes o enfermedad de VIH avanzada— presentan complicaciones en caso de contagiarse de COVID-19. La doctora ya ha perdido pacientes jóvenes que habrían podido tomar Paxlovid, cuyo uso en niños de 12 años y mayores que pesen al menos 40 kilogramos está aprobado en Estados Unidos.

“El Paxlovid va a cambiarlo todo”, comentó Kitaka. Esto es sobre todo cierto en el caso de “pacientes en condición crítica por la enfermedad que por tal motivo sean llevados a la unidad de terapia intensiva”, agregó.

En la República Dominicana, Pfizer impugnó una petición del gobierno que obligaba a la empresa a compartir sus patentes de Paxlovid con los fabricantes de medicamentos genéricos. Se han presentado peticiones similares en Colombia, Chile y Perú.

“Tanto Merck como Pfizer se reservan todos los países de renta alta y casi todos los de renta media-alta, e incluso algunos de renta media-baja”, dijo Brook Baker, profesor de Derecho de la Universidad del Noroeste, que presentó un alegato en apoyo de la petición de la República Dominicana.

En Brasil, los organismos reguladores autorizaron el uso tanto del Paxlovid como del molnupiravir. El país y Pfizer están negociando un acuerdo de compra para que el Paxlovid pueda ofrecerse de manera gratuita a través del sistema nacional de salud pública.

Sin embargo, una cuarta parte de los brasileños tiene seguro privado y puede que ya tenga acceso al medicamento, comentó Felipe Carvalho, coordinador de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras en América Latina.

“Todavía hoy tenemos un mundo dividido entre el tratamiento para los ricos y el tratamiento para los pobres”, dijo Carvalho, y añadió: “Todavía estamos luchando 20 años, 30 años después de la crisis del VIH-SIDA para convencer a las empresas de que hagan lo correcto

© 2022 The New York Times Company

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