Mujeres rarámuris llevan 4 meses sin abrir su taller de costura por denuncia de despojo de un empresario

Andrea Vega (@EAndreaVega)
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Los habitantes de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, aseguran que no habían visto un despliegue tan grande de policías ministeriales. En una región dominada por el crimen organizado las autoridades no llegan así ni en busca de los narcotraficantes, dicen. El 6 de mayo de 2020, cinco camionetas blancas de la Fiscalía General del Estado rodearon una construcción. Los agentes buscaban a Teresa González, una mujer rarámuri de 46 años que quiere levantar, en una hectárea del territorio ancestral de su comunidad, un taller de costura para ella y sus vecinas.

Ahí trabajarán diez mujeres, la mayoría madres solteras y sin empleo fijo. Coserán sus ropas tradicionales: vestidos o falda y blusa hechos con pliegues amplios y telas coloridas y florales. También harán uniformes y sábanas. Planean venderlos a los vecinos, turistas y a las empresas de las grandes ciudades. Las ganancias, además de asegurar un sueldo fijo a las costureras, se usarán en montar un comedor para adultos mayores, una estancia para los niños, una cancha de fútbol para los jóvenes y para mejoras en la iglesia.

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Ese es el plan. Pero Salomón Cuesta Miledi y Laila Miledi Pérez, quienes reclaman como suyo el terreno donde se construye el taller, hicieron que su representante legal levantara una denuncia por despojo, robo y daño ambiental contra “quien resulte responsable”. En este caso Teresa, la responsable del proyecto.

“Nosotros ni conocemos al que se dice dueño del terreno -dice Teresa. No lo hemos visto nunca por aquí. No vemos que viva en la tierra que dicen que es suya, no lo vemos trabajarla. Nomás nos dicen las autoridades que hay documentos donde dice que él es el dueño. Eso es él: papeles que vuelan en el aire, pero sin raíz en la tierra, en esta tierra que es nuestra porque aquí hemos estado desde siempre”.

Construcción del taller asegurada por la Fiscalía General del Estado. Foto: Contec

Teresa se ganó el cargo de responsable del taller por opinar en una asamblea de su pueblo. El dinero para montarlo salió de un fideicomiso. Los gobernadores indígenas de Bosques de San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna, interpusieron un amparo en 2014 por la construcción, sin consulta previa a los habitantes, del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel, en lo que la comunidad reclama como su territorio ancestral.

Un juez les concedió el amparo. Ordenó resarcir los daños a los pobladores por la obra. Se constituyó el fideicomiso en 2016 y se determinó organizar obras o proyectos productivos en beneficio de la comunidad.

En Asamblea, esa figura colectiva en la que se toman decisiones importantes en la vida comunitaria de los pueblos indígenas, los pobladores propusieron varios proyectos. Teresa dijo: un taller de costura. Le pidieron definir todo lo relacionado a cómo se haría y los costos.

Ella no sabía nada de construir y montar un taller. Sabía de costura, como saben la mayoría de las rarámuris. Aprenden desde niñas, de la mano de sus abuelas y madres, para hacerse sus vestidos.

Durante muchos meses, después de las 6 de la tarde cuando ya había terminado las artesanías que comerciaba por ese entonces, Teresa agarraba un cuaderno de su hijo y se podía a garabatear.

En ese cuaderno dibujó un esbozo del taller. Preguntó costos aquí y allá. Le pidió ayuda a Contec, la misma organización civil que los asesoró para el amparo. Así presentó el proyecto a la Asamblea y después al comité del fideicomiso. Lo aprobaron.

Si va uno, vamos todos

Ese 6 de mayo, cuando llegaron a la construcción los policías ministeriales, Teresa, de estatura baja, cara regordeta y tez morena, les habló tranquilo. No parece hecha para el conflicto, pero es resuelta. La mujer rarámuri se plantó frente a los de la fiscalía: les explicó que el terreno no podía ser de un particular, que es de ellos, de su gente. Pero los agentes no estaban dispuestos a entender. Cumplen órdenes y ya.

Dos veces más pasó lo mismo: el 1 y el 17 de julio. Los policías llegaron hasta la obra del taller a decirles a los pobladores que no podían construir en ese lugar. A la cuarta visita, el 13 de agosto, desalojaron la construcción y aseguraron la construcción con una cinta de peligro, como si de verdad fuera la escena de un crimen.

Los ministeriales querían llevarse detenida a Teresa, pero sus vecinos no la dejaron sola, dijeron que si se la llevaban a ella, iban todos. 50 personas caminaron, acompañados de varios menores, durante tres horas hasta la agencia ministerial de Creel, uno de los centros de población más grande de la zona.

Teresa González y dos representantes de su comunidad viajaron a la CDMX para reunirse con autoridades federales y entregarle una carta al presidente. Foto: Andrea Vega

Cuando llegaron los agentes no sabían qué hacer con los detenidos. El responsable de la agencia ministerial no estaba. Los pobladores pidieron ver el expediente con la denuncia. Tampoco estaba. Les dijeron que se encontraba en la agencia de Ciudad Cuahtémoc, a otras tres horas de distancia. Los dejaron ir. Pero el taller se quedó asegurado.

El conflicto por las tierras en la Sierra Tarahumara es añejo. El gobierno de México fraccionó y vendió a finales del siglo XIX, en tiempos del dictador Porfirio Díaz, miles de hectáreas de tierras del territorio ancestral de los rarámuris. No importó que ellos estuvieran asentados ahí.

Los terrenos han ido pasando de una mano a otra, ya sea por herencia o por venta. Ahora están en manos de los Cuesta Miledi, dueños de cabañas turísticas y una enorme tienda de abarrotes en Creel, centro turístico que hace de puerta a uno de los grandes atractivos de la Tarahumara: Las Barrancas del Cobre.

La comunidad de Bosques de San Elías Repechique lleva mucho tiempo peleando por el reconocimiento de la propiedad de su territorio. Desde 2006 está eso en juicio. Ha habido varios para solicitar la titulación de las tierras. En 2018 inició el último, en el Juzgado Décimo de Distrito. Todavía está en curso.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se ha determinado que la falta de demarcación y titulación de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas los coloca en una situación de vulnerabilidad extrema y es una forma de violar muchos de sus derechos humanos: el acceso al disfrute de la tierra y sus recursos, al agua, a un trabajo digno.

Sin opciones de empleo

En la Sierra Tarahumara no hay trabajo. El campo da muy poco maíz y frijol, apenas para el autoconsumo. Este año ni para eso dio. Una sequía inusual arruinó las cosechas. Los pocos elotes que sobrevivieron salieron enanos.

Empresas asentadas aquí no hay, salvo las de giro turístico de Creel. Las mujeres rarámuris suelen vender ahí sus artesanías: petacas o cestos de palma, ollas de barro y máscaras de madera, bateas, fajas de lana. Los ingresos por esa actividad siempre son pocos y este año han sido casi nulos. La pandemia vació de turistas el lugar.

La opción para la mayoría, sobre todo para los jóvenes es salir a buscar trabajo a las ciudades, en la limpieza de casas o en los campos de cultivo de los grandes empresarios

Teresa también pensó en sus hijos cuando propuso el taller de costura en la comunidad. Tiene cuatro. Dos ya mayores de edad, una jovencita de 16 años y otra niña de 11. Sueña que sus hijas pueden trabajar con ella en el taller, así no tendrían que irse lejos.

“Los jóvenes se van a los campos de cultivo o a otros trabajos y después ya vuelven con el vicio del alcohol, con mucho desarraigo de sus raíces, no quiero eso para mis hijos”, dice.

Rosa Elvira Cruz es otra de las mujeres que trabajarían en el taller. Tiene cuatro hijos. Dos ya son mayores. La más grande tiene 19 y el que le sigue 18. Ellos ya se mantienen solos. Se fueron de Repechique para poder trabajar. Pero Rosa debe mantener a sus hijos pequeños, una de nueve y otro de tres.

Para ella en este momento, en el que no hay venta de artesanías por la pandemia, su único apoyo es su hija mayor. “Me manda mil pesos al mes para comprar comida para sus hermanos. Me tiene que mantener, aunque ella ya tiene una hija”, dice Rosa.

Susana, otra de las integrantes del proyecto, quiere contar su historia pero habla poco español. Teresa la cuenta por ella, en una entrevista telefónica. Dice que su vecina tiene ocho hijos. Tres ya son mayores y los otros cinco van de los 16 años a los dos meses. A los pequeños los debe sostener sola. Lo intenta vendiendo artesanías, cuando hay venta, y limpiando casas en Creel.

Ella es una de las más entusiasmadas con el taller, cuenta Teresa. Tendría a los niños pequeños en la estancia y las jovencitas podrían ayudar con la costura. Susana no tendría que dejarlos solos para irse a Creel y ganaría un salario fijo.

A la capital en estado de emergencia

Desde que el taller se quedó asegurado, Teresa y sus vecinos de la comunidad de Repechique han buscado apoyo de las autoridades estatales y federales. Contec les ha ayudado a tocar puertas. Acudieron con la fiscalía y con el gobierno del estado.

La fiscalía -señala Diana Villalobos, directora de Contec- quería que Teresa se sentará a conciliar con los supuestos dueños del terreno, con los Cuesta Miledi. Decían que necesitaba arreglarse con ellos, llegar a una negociación. La comunidad acordó que no tenían nada que negociar con esos señores. El gobierno era el que había vendido su territorio sin consultarles y el gobierno era el que debía solucionar.

Pero la fiscalía insistía en el mismo punto de la conciliación entre las partes. También el gobierno del estado de Chihuahua argumentaba algo muy similar. El secretario de gobierno, Luis Fernando Mesta, no cree que la solución sea reconocerle a los rarámuris su territorio ancestral.

Para él, según argumentó en entrevista, se puede buscar que del total de hectáreas en disputa se determine la propiedad para una parte (los rarámuris) y la otra para los otros.

Los rarámuris acudieron también con las autoridades federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi). Hubo dos mesas de negociación con representantes del gobierno federal y estatal. La segunda y última hasta ahora fue el 17 de septiembre. Se establecieron varios acuerdos, pero nada pasó.

Así que en pleno repunte de casos de COVID en la Ciudad de México, los rarámuris le pidieron apoyo a Contec para costear el viaje de Teresa y dos representantes de la comunidad a la capital y reunirse, este lunes 14 de diciembre, con Sedatu y el Inpi. También aprovecharon para dejar una carta en Palacio Nacional, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que le exponen su situación.

Teresa Gonzalez y Diana Villalobos, de Contec, entregando una carta al presidente en Palacio Nacional. Foto: Contec

De la reunión con Sedatu y el Inpi, los rarámuris salieron con varias nuevas promesas. La principal: que pronto tendrán el reconocimiento de su territorio ancestral. Macías anuncia que a finales de enero, al menos eso esperan, el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosemer) tendrá nuevos lineamientos. Habrá un artículo dedicado a la atención a comunidades indígenas a las que se pretenda despojar de su territorio y que acrediten la posesión ancestral.

Macías adelanta que muchas, como en el caso de Repechique, podrían tener extraviados los documentos de la época virreinal que avalan esto, por eso se le pedirá al Inpi que, al menos en el caso de Repechique, emita una opinión favorable respecto a que son los poseedores legítimos de las tierras.

Teresa y sus compañeras esperan que así sea y que pronto puedan estar cosiendo en su taller.

Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado.

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