Las muertes no frenan en España y se abre una polémica por los tests chinos

Ricard González

BARCELONA.- Jornada de sentimientos encontrados en España, convertida ya junto con Italia en el epicentro mundial de la pandemia de Covid-19. A la vez que se invirtió la tendencia en el número de muertes diarias, con una caída en comparación con las 24 horas anteriores -de 718 a 655-, se supo que varios miles de kits de detección rápida comprados por el gobierno español a una empresa china son defectuosos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentar las pruebas, que escasean en España, constituye una medida capital para poder contener la epidemia.

Por primera vez desde el inicio de la crisis, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se atrevió a hablar de "un cambio de tendencia" en presente, y no en un futuro indefinido. Aunque la cifra de 655 muertes es todavía escalofriante, es la primera reducción desde que, el 18 de marzo, se inició una escalada vertiginosa. Además, Illa subrayó que entre el 28 de febrero y el 16 de marzo el incremento medio de positivos por el nuevo coronavirus fue del 40%, mientras que la semana posterior, del 17 al 24 de marzo, lo fue solo de un 20%.

Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Emergencias, se mostró más cauteloso y señaló que es necesario acumular una caída sostenida durante varios días para poder certificar por fin la llegada del célebre pico de la curva. "Son datos esperanzadores, pero no sabemos si suponen un cambio de tendencia", admitió.

El último balance oficial es de 4089 muertos -España ya adelantó a China, pero sigue detrás de Italia- y de 56.197 personas contagiadas. De ellas, 3679 están en unas unidades de cuidados intensivos (UCI) desbordadas.

El atribulado Ejecutivo de Sánchez no pudo respirar aliviado con los prometedores datos de las últimas horas a causa de la polémica de los kits deficientes adquiridos a la compañía china Bioeasy, con sede en el polo tecnológico de Shengzen. Según reveló el diario El País, un informe de los laboratorios de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica estima que los pruebas rápidas analizadas tienen solo una sensibilidad del 30%, mientras que se esperaba que fuera del 80%. Así, podría suceder que se dieran numerosos casos de falsos negativos.

Con las pruebas actuales, conocidas como PCR, hay que esperar cuatro horas para obtener los resultados. Para agilizar la detección y aislar más rápidamente a los infectados, durante los próximos días, el gobierno pretendía poner a disposición de las instituciones sanitarias 640.000 tests rápidos, que ya ofrecen sus resultados a los 10 o 15 minutos. Según el Ejecutivo, solo 9000 de los 640.000 encargados serían defectuosos y fueron devueltos a la compañía productora.

La embajada china salió al paso de la polémica y a través de un tuit informó que el Ministerio de Comercio había ofrecido a las autoridades españolas "una lista de recomendaciones de proveedores clasificados", entre los que no figuraba Bioeasy. Además, añadía que la empresa todavía no había recibido la "licencia oficial" para vender sus productos. El Ejecutivo español se defendió a través de un comunicado de prensa en el que aseguró que compró el material a través de un distribuidor nacional y que, en todo caso, Bioeasy sí contaba con un certificado expedido por la Unión Europea, y por lo tanto sí estaba homologada.

Impacto

El escándalo puede minar la confianza en un gobierno acosado a diario por las quejas por parte de diversos gremios del sector de la atención personal por la falta de todo tipo de material, de mascarillas a guantes o respiradores para las UCI. En las conferencias de prensa de Sanidad, se habla de encargos de 550 millones de mascarillas, de 11 millones de guantes. Pero no llegan sobre el terreno, y muchas enfermeras deben fabricarse sus propias batas con bolsas de plástico.

Un lugar especialmente crítico son las residencias de ancianos, pues allí se concentra la población más vulnerable, y a diferencia de los hospitales apenas si cuentan normalmente con stock de material de protección contra infecciones. Por esta razón, sus plantillas se han visto diezmadas por las infecciones de los cuidadores.

El gobierno ordenó una inspección de la situación en las residencias, y la Fiscalía abrió diligencias por las muertes de 22 ancianos en las residencias de Capellades y Olesa, en la provincia de Barcelona. Hay una gran confusión sobre cuántos usuarios de centros geriátricos en España murieron por el coronavirus. En Madrid, la comunidad más golpeada, con decenas de residencias colonizadas por el virus, fallecieron 1065 ancianos desde principios de marzo, es decir, la mitad de las víctimas de Covid-19 en la región, que lidera el ranking nacional de fallecidos.