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Trabajadores temporales demandan a contratista por incumplir con salarios

Los Ángeles, 7 ago (EFE News).- Unos 2.000 trabajadores temporales demandaron a un importante contratista que trae campesinos, especialmente de México, a plantar caña en los estados del sur y al que acusan de incumplir las leyes de salario que protegen a los favorecidos por la visa H2A.

La organización Southern Poverty Law Center (SPLC), que representa a los trabajadores, presentó la demanda colectiva el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Arkansas contra la empresa Lowry Farms, a la que acusa de pagar a los inmigrantes menos que el salario mínimo establecido.

La querella legal alega que Lowry Farms incumplió las leyes federales y estatales sobre salarios, lo que llevó a que los trabajadores ganaran menos del mínimo debido a un reembolso inadecuado de los costos de la visa H2A y transporte, además del subregistro de horas trabajadas, entre otras violaciones a los códigos laborales.

"Lowry Farms está utilizando el programa de trabajadores invitados para explotar a los trabajadores pagándoles mal y obligándolos a trabajar en condiciones que rayan en una forma moderna de servidumbre por contrato", dijo en un comunicado la abogada de SPLC Anne Janet Hernández Anderson, quien representa a los trabajadores.

Los mexicanos Jesús Jiménez Martínez y Bernabé Antonio Benito encabezan la demanda, en la que estarían incluidos unos 2.000 trabajadores temporales. Ambos ingresaron al país bajo la visa H-2A para trabajadores temporales y trabajaron para el contratista en plantíos de caña en Louisiana.

“Nos trataron como esclavos; eso es lo que me hizo sentir peor. Me sentí presionado por el tratamiento general que recibíamos y la cantidad de trabajo que nos exigían ”, dijo uno de los trabajadores en el comunicado de prensa, que no lo identifica.

La demanda, que detalla los gastos que los trabajadores tuvieron que pagar de su propio bolsillo y supuestamente no fueron reembolsados, busca la restitución de salarios no pagados, una indemnización por daños monetarios y una orden judicial que requiere que los acusados cumplan con las regulaciones federales que rigen el programa H-2A.

"Esta falla sistemática en proteger a los trabajadores invitados del abuso, que el programa permite e ignora, debe terminar”, indicó Hernández Anderson.

(c) Agencia EFE