Moody's. Crece el riesgo de default privado por una norma oficial

En la Argentina se dejó de hablar de cesación de pagos a nivel soberano, pero ahora se habla de cesación de pagos a nivel corporativo. Las nuevas restricciones cambiarias obligan a las compañías endeudadas con vencimientos de capital de al menos US$1 millón mensual a refinanciar el 60% del monto o a utilizar dólares propios para pagarlo. Según una de las calificadoras globales más grandes, esta normativa expone a las compañías a un mayor riesgo de default.

Un informe elaborado por Moody's estima que la comunicación "A" 7106, que restringe el acceso de las compañías endeudadas al mercado oficial de dólares para poder cancelar sus obligaciones,"tendrá un impacto negativo sobre la capacidad de pago en tiempo y forma de las empresas locales". Para la firma financiera, los vencimientos de capital de obligaciones negociables (bonos corporativos) entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 (período en el que, en principio, rige esta limitación) reúnen un total de US$1253 millones.

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Según el reporte de Moody's, YPF tiene vencimientos por más de US$400 millones. Banco Hipotecario, que ya había iniciado una reestructuración previo a esta comunicación, junta más de US$250 millones, e IRSA, más de US$150 millones. La calificadora estima que las compañías podrían repagar sus deudas comprando dólar financiero, pero eso las obligaría a tener que adquirir el 100% del monto y no solo el 60% (porque, de otra manera, el acceso al oficial por el 40% restante ya las dejaría fuera de esa posibilidad). En este momento, la diferencia entre el tipo de cambio mayorista oficial y el contado con liquidación está en torno al 90%.

Si optaran por reestructurar ese 60% que les pide el Central, las empresas con vencimientos antes del 31 de diciembre deberán presentar sus planes ante la autoridad monetaria antes de fines de este mes, es decir, en menos de una semana. No la tendrán fácil, advierte Lorena Reich, directora de la región Latam para Lucror Analytics. Se enfrentan a inversores institucionales que, si bien conocen los riesgos de invertir en papeles locales, no se esperaban que, tras la reestructuración de la deuda soberana, el riesgo país siguiera al alza (hoy superaba los 1400 puntos) y los nuevos bonos bajaran tanto.

"En el mercado global, además, hay risk off, vuelve la preocupación por la economía internacional y por la segunda ola de Covid-19. En general, hay una propensión de los inversores a reducir el riesgo, y eso podría complicar aún más el apetito de los inversores por refinanciar a las compañías locales", advierte la especialista.

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En el mismo sentido, Jimena Vega Olmos, socia del estudio MHR Abogados explica que la situación actual "hace difícil y caro refinanciar o conseguir nuevo financiamiento en el cortísimo plazo que dio el BCRA". Añade: "Todo esto complica mucho y expone a las empresas al riesgo de incumplir o tener que asumir un costo altísimo". La situación es compleja, el plazo es corto, y la restricción agarró a todos por sorpresa, "porque incluso en la época más restrictiva del cepo 2012-2015, no se había afectado el pago de deudas financieras con el exterior", asegura la abogada.

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Mientras tanto, más de 10 compañías, entre las que están Newsan, Genneia y Cresud, enviaron comunicados a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo estatal que regula la actividad bursátil, en los que avisaban a sus inversores que estarían adecuándose a la nueva normativa. Por lo bajo, y a siete días del deadline para varias firmas que tienen vencimientos antes de fin de año, quienes están en este baile aseguran que las condiciones para renegociar no están del todo claras y que todavía hay muchas dudas, como por ejemplo si una compañía como YPF, que ya reestructuró su deuda, debería volver a refinanciar el 60% ya reestructurado.

De todos modos, y a pesar de lo delicado de la situación, advierte Reich, un informe como el de Moody's no necesariamente quiere decir que esas empresas van a entrar en cesación de pagos: las calificadoras tienen criterios restrictivos y estructurados que hacen que, ante un cambio de condiciones de un bono corporativo, quizás la firma que lo emitió sea calificada como "en default" aunque esté cumpliendo con sus pagos.