Misión OEA evalúa caso de Perú en medio de modestas marchas

LIMA (AP) — Una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos que analiza la crisis política en Perú conversó el lunes con el presidente Pedro Castillo y el Parlamento opositor en medio de modestas marchas a favor y en contra del mandatario.

“Hemos tenido un diálogo con todos con quienes nos hemos reunido, muy sincero, abierto y transparente", dijo por la noche el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, vocero de la misión y representante de la Secretaría General de la OEA.

La misión -que no tomará ninguna decisión y únicamente emitirá un informe que presentará al Consejo Permanente de la OEA- se reunió temprano con el mandatario, investigado por presunta corrupción, quien solicitó la visita por considerar que la institucionalidad está amenazada en Perú.

Al terminar la reunión, Castillo publicó en su cuenta de Twitter que recibió a la misión para que sepa “cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”.

Posteriormente, el grupo se reunió con líderes del Parlamento desde donde se ha intentado destituir a Castillo en dos ocasiones. El presidente del Legislativo, José Williams, dijo después a la prensa que le señaló a la misión que no existe “una intención del Congreso de hacer un golpe de Estado”.

Williams añadió que durante la cita también pidieron que el presidente escoja un gabinete integrado por varios partidos políticos, que el mandatario responda con frecuencia a las preguntas de la prensa y dé respuestas a la fiscalía que lo investiga.

La misión está conformada por los cancilleres de Argentina, Belice, Ecuador, Guatemala y Paraguay. También está integrado por los vicecancilleres de Colombia y Costa Rica y el excanciller de Paraguay.

El grupo también se reunió con la presidenta de la Corte Suprema, la fiscal general y ocho grupos parlamentarios. El martes continuará con otros partidos opositores, entre ellos Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales de 2021 y cuyos legisladores han impulsado los dos fallidos procesos de destitución contra Castillo.

La policía frenó dos pequeñas marchas, en favor y contra del presidente, cerca del centro capitalino. La primera, a favor de Castillo, sumaba alrededor de 3.000 personas que exigían el cierre del Parlamento. La opositora congregaba a más de 200 manifestantes, varios de ellos evangélicos, que pedían la renuncia de Castillo.

Castillo solicitó la presencia de una misión en una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que expresó su voluntad de establecer un proceso de diálogo con todos los actores de Perú para recuperar la “normalidad democrática”.

El jueves pasado, en medio de roces entre poderes del estado peruano, el parlamento negó un permiso a Castillo para viajar a México y recibir a nombre de Perú la presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, organización regional a la que también pertenecen Chile y Colombia.

Por eso, durante la jornada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es posible que se cancele la cita de mandatarios de la Alianza del Pacífico programada para esta semana en territorio mexicano y sugirió que podrían viajar a Perú para realizar esa entrega.

“Vamos a buscar otra opción”, dijo. “Si (Castillo) no viene ¿a quién le entrego? Podríamos hacer una reunión en Perú, esa podría ser una opción”, precisó.

Castillo hizo la petición ante la OEA en octubre en medio del fuego cruzado con la fiscal general Patricia Benavides, quien desde mediados de año lo investiga de forma preliminar en cinco casos, la mayoría por presuntos delitos de corrupción.

Los roces se encendieron a un nivel no antes visto en la política local luego de que la fiscal realizó ante el Parlamento una denuncia constitucional que recoge sus investigaciones previas. El gobierno respondió con otra denuncia constitucional contra la fiscal general por supuesta infracción a la constitución, abuso de autoridad y prevaricato.

Castillo dijo en una conferencia con la prensa internacional en octubre que la decisión de la fiscal general busca ejecutar “una nueva modalidad de golpe de Estado” para sacarlo del poder al cual llegó mediante elecciones libres y democráticas en 2021.

La fiscalía indicó posteriormente en una reunión informativa que posee “más de 190 elementos” que sustentan la denuncia contra el mandatario. La hipótesis fiscal afirma que Castillo lidera una organización criminal y habría cometido corrupción.

En Perú un presidente no puede ser juzgado durante su gobierno porque según la constitución eso sólo puede darse en caso de traición a la patria, disolución del Parlamento por casos diferentes a los permitidos, no convocar elecciones o impedir el funcionamiento del Congreso o de los organismos electorales.

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La periodista de la AP María Verza colaboró con este despacho desde la Ciudad de México.