Ministros sí tienen ingreso mayor, pero no ganan cuatro veces más que AMLO

Las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen un salario anual mayor al que recibe el presidente de la nación, pero no es cuatro veces más como dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. 

Cada persona ministra percibe anualmente 3 millones 793 mil 644 pesos, según el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación 2024. Mientras que en el mismo periodo el presidente recibe 1 millón 992 mil 214 pesos netos, de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024. 

La diferencia entre sus percepciones anuales es de 1 millón 801 mil 430 pesos, por lo que los ministros perciben el doble que el mandatario, pero no cuatro veces más. 

Si además del salario consideramos otras prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y medidas de protección, los ministros siguen sin estar cerca de cuatriplicar los ingresos del presidente. 

Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en 2022 mostró que el presidente tenía un salario mensual neto integrado (incluyendo aguinaldo, prima vacacional, medidas de protección al salario) de 136 mil 700 pesos; mientras que en el caso de ministras y ministros ubicó la cifra en 284 mil 500. De nuevo, duplicando el ingreso del titular del Ejecutivo, pero sin acercarse al “cuatro veces más”, como te contamos en esta nota. 

De hecho la iniciativa de reforma judicial enviada por el propio López Obrador coincide en mencionar que las remuneraciones de ministros duplican las del presidente, señalando que el Presupuesto de Egresos para 2023 asignó a los 11 ministros y ministras de la SCJN una remuneración neta de 314 mil 499 pesos al mes. “Es decir, el doble o el 102% encima de la del presidente de la República”. 

En 2019,  López Obrador mandó una iniciativa para que ningún servidor público pueda tener un salario mayor al que él tiene. Por esta razón el presidente ha acusado en diversas ocasiones al ministras y ministros de la SCJN de violar la constitución. 

Sin embargo, el presidente omite que la Corte declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos de 2019, debido a que el Congreso no estableció con claridad y parámetros objetivos cuál sería la remuneración considerada para el presidente y, con ello, definir el tope salarial para los demás funcionarios. 

Especialistas nos explicaron que lo anterior se debe a que el salario no es lo único que recibe el mandatario por parte del erario público, ya que también recibe beneficios por gastos de residencia, transporte y alimentación. 

“Los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud”, señaló la Corte. 

Andrés Alcántara Silva, egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho (ELD), nos explicó en esta nota que para el cálculo de “remuneración” el salario no es lo único que recibe el presidente por parte del erario público, pues también recibe beneficios de residencia en Palacio Nacional, de transporte, alimentación, entre otros relacionados con su cargo y que no están contemplados en su salario. 

El artículo 127 constitucional estipula que “se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra”.

“Para cumplir con esa norma constitucional, lo razonable es que se debe hacer el cálculo real de lo que recibe el presidente.  Eso no lo ha hecho el Congreso, no hay manera de saber con precisión si hay servidores públicos que tienen remuneraciones mayores que el presidente. Esto no es una omisión imputable a los servidores públicos”, señaló Javier Martín Reyes, especialista en derecho constitucional. 

En ese sentido, el PEF 2024 estipula que “la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), tiene como propósito proporcionar asesoría y apoyo técnico al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los servicios de información, gestoría, coordinación, seguimiento y apoyo administrativo”.

Esto significa que el mandatario recibe beneficios adicionales considerados en el presupuesto de la Oficina de la Presidencia, la cual tiene un presupuesto asignado de 924 mil 86 mil 66 pesos.