Yahoo Noticias Ministros de la Suprema Corte elegidos por voto popular, el último berrinche de AMLO tras la derrota
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente López Obrador (AMLO), consistente en reformar leyes secundarias para entorpecer el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE). Por violaciones al proceso legislativo, los ministros anularon las modificaciones a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
La determinación de la SCJN fue considerada histórica y calificada como una acción que afirma la división de poderes, por haber enmendado los precipitados procedimientos legislativos del partido Morena y sus aliados, el PT y Verde que, para aprobar las reformas propuestas por López Obrador, bloquearon el acceso de los legisladores de oposición en la discusión y aprobación de las leyes.
De mantenerse la tendencia, es previsible que la segunda parte del Plan B, reformas a las leyes relacionadas con la operación del INE, con las que se desmembraría su estructura operativa para la organización de las elecciones y se desmantelaría el servicio electoral de carrera, sean invalidadas por la SCJN.
Los dictámenes y determinaciones de la SCJN, que aprobó por mayoría de votos no agradaron al presidente López Obrador, que desde la mañanera atacó al Poder Judicial. Dijo que no tiene remedio, está podrido y actúa de manera facciosa. Cuestionó la legitimidad del mecanismo por el que son designados los ministros al compararla con el proceso que se sigue para elegir al Poder Ejecutivo y Legislativo.
“Imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico, al Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, a mí me eligieron; al Poder Legislativo lo mismo, se elige a los diputados, se elige a los senadores; el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del supremo poder conservador, están dedicados a obstaculizar la transformación del país”.
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Con la expresión de su disgusto López Obrador anunció el Plan C, cuyo objetivo final será reformar la Constitución para que los ministros de la SCJN sean electos por el voto directo del pueblo. Para ello presentará, el primero de septiembre de 2024, último mes de su gobierno, una iniciativa preferente, para llevar a cabo esas reformas. Antes, para que sean aprobadas, deberá contar con la mayoría legislativa a su favor y eso se verá en los resultados de las elecciones federales del próximo año.
El enojo del presidente estuvo acompañado de la advertencia de que el presupuesto de la SCJN para 2024 será revisado y deberá explicar un fideicomiso con más de 20 mil millones de pesos.
“Vamos a ver ahora que se apruebe el presupuesto para el año próximo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de aprobar el presupuesto, a ver qué va a hacer la Cámara de Diputados, si van a seguir manejando sin transparencia esos 20 mil millones de pesos”.
La propuesta de López Obrador de que los ministros sean electos por el voto popular tiene atractivo en términos propagandísticos, es un tema que podría atraer la simpatía de algunos votantes. En la responsabilidad del Estado de impartir Justicia se corre el riesgo de “partidizar” a la SCJN y que se extravíe su autonomía e independencia frente a los otros poderes.
México ya atravesó por la experiencia de elegir a los ministros de la Corte. En la Constitución de 1824 se estableció que fueran designados mediante la elección de las legislaturas de los estados, con escasa participación del Congreso de la Unión. La Constitución de 1857 estableció que los ministros fueran electos mediante el voto popular. Esta práctica permaneció hasta el gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924) quien lo cambió por el sistema todavía vigente, en el que el presidente propone y el Senado designa entre los propuestos.
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El sistema de elegir por voto a los ministros fue cuestionado con el argumento de que no podían ser electos por las mayorías porque se desvirtuaba la administración de justicia, al ser los ministros representantes de fracciones políticas.
Es una realidad que la fuerza del presidencialismo mexicano dominó en parte del siglo XX a los poderes Legislativo y Judicial. La presencia del PRI en las urnas fue la fórmula para someter al Congreso de la Unión y el mecanismo de propuesta de ministros del presidente, la manera de subordinar al Poder Judicial.
La propuesta de López Obrador de que sean electos los ministros puede ser interpretada como expresión de su fracaso al no lograr someter a la SCJN. Es un hecho que tuvo la oportunidad de armar un bloque de ministros afines con la propuesta de cuatro de sus integrantes, más el anterior ministro presidente, Arturo Saldívar, a los que acusó de traidores cuando no actuaron como esperaba.
Ante el discurso de López Obrador con el que polariza la percepción política de los ciudadanos y su evidente dominio de las cámaras de Diputados y Senadores, la determinación de la SCJN se presenta como un hecho histórico, al afirmar la división de poderes y su igualdad. Cuando impone sus determinaciones garantiza el respeto a la Constitución. Para eso existe. La ley es la ley.
