El primer ministro peruano denuncia una judicialización del "escándalo político"

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Lima, 30 may (EFE).- El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, calificó este lunes como una muestra de la judicialización de la política la decisión de la Fiscalía de incluir al presidente Pedro Castillo en una investigación preliminar por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

"El escándalo político se ha judicializado. Hay una denuncia, por ejemplo, contra el presidente sin ninguna prueba, solamente con lo que se dice en los medios o con lo que dos personas están conversando por allí", sostuvo Torres durante el discurso inaugural del consejo de ministros celebrado hoy en la selvática región de Loreto.

Insistió en la necesidad de respetar la presunción de inocencia de Castillo y tachó de "condenable" e injusto el hecho de no mantener en reserva la investigación fiscal contra el gobernante.

"Toda investigación es reservada porque hay que respetar los derechos fundamentales de todas las personas, el principio de presunción de inocencia, eso está establecido en la ley penal", declaró el primer ministro, jurista de profesión.

Y agregó: "Sin embargo, se presenta la denuncia y luego se hace prácticamente una conferencia pública (...) eso es un tráfico de la justicia, se está negociando con la justicia y eso no es justo, es condenable, eso está condenado por la ley, pero en nuestro Perú pasa todo lo contrario, no se respetan los derechos de las personas".

Torres hizo estas declaraciones un día después de que se conociera la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, de investigar a Castillo, quien se convierte así en el primer presidente peruano en ser investigado, sin suspensión, durante su mandato por presuntos cargos en el ejercicio de sus funciones.

Sánchez dispuso que el jefe de Estado sea incorporado a la pesquisa que viene siguiendo contra varias personas del entorno cercano de Castillo por presuntamente formar parte de una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para adjudicar ilegalmente licitaciones de obras públicas.

Esta investigación responde en parte a las confesiones de la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien mencionó entre los integrantes de esta supuesta organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como a exministros, empresarios y sobrinos del gobernante, para quienes se han dictado 36 meses de prisión preventiva.

"Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes", afirmó en abril pasado durante un interrogatorio ante una comisión parlamentaria López, quien es señalada como una gestora de intereses con vínculos en las altas esferas del poder.

Castillo, por su parte, siempre ha rechazado estas acusaciones y las ha vinculado a un supuesto plan de un sector de la oposición política para intentar sacarlo del poder.

De hecho, tras conocerse esta inculpación, la oposición política presentó en marzo pasado una segunda moción de destitución contra el mandatario por presunta "permanente incapacidad moral", un pedido que finalmente fue rechazado por el pleno del Congreso.

UN ATAQUE A LA CONSTITUCIÓN, SEGÚN SU ABOGADO

Para el abogado de Castillo, Benji Espinoza, la decisión del fiscal es un "atentado directo y abierto" contra la Constitución, en concreto contra el artículo 117, que establece que el jefe de Estado solo puede ser acusado en cuatro escenarios que, según dice, "no son los que se contemplan en esta disposición de investigación".

"Y cuando la Constitución dice que no puede ser acusado quiere decir que no puede ser perseguido, que no puede ser investigado siquiera. El presidente de la República se considera inocente y niega los cargos que se están levantando en su contra", declaró a la emisora RPP.

(c) Agencia EFE

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