Ex ministro de Economía de Guatemala se declara culpable en Miami de lavado de dinero

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Republica.gt / Archivo

Un ex funcionario de alto rango del gobierno de Guatemala se declaró culpable, en una corte federal de Miami, de conspirar para cometer lavado de dinero mientras pagaba cientos de miles de dólares en sobornos a políticos guatemaltecos a través del sistema bancario estadounidense.

Acisclo Valladares Urruela, ex ministro de economía de Guatemala, admitió que transfirió $350,000 en pagos de soborno a políticos guatemaltecos no identificados a través de dos empresas con cuentas bancarias en Miami, según la declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad. Valladares también admitió que recibió $140,000 por mover el dinero sucio, dice el documento presentado a la corte federal.

Valladares pagó los sobornos ilegales en nombre de una empresa de telecomunicaciones conocida como Tigo, para la que trabajaba como director corporativo. Como resultado de los sobornos, los políticos guatemaltecos aprobaron una ley que allanó el camino para que la empresa de telecomunicaciones obtuviera una serie de lucrativos contratos gubernamentales en Guatemala, según documentos judiciales. Para las autoridades estadounidenses esta trama de corrupción permitió que Valladares se beneficiara personal y políticamente.

Valladares, quien también era abogado en Guatemala, no actuó solo, según la declaración de hechos presentada con su acuerdo de culpabilidad. A partir de 2014, antes de que Valladares se convirtiera en el ministro de Economía de Guatemala, “altos ejecutivos” de la empresa de telecomunicaciones lo “dirigieron” a “obtener efectivo para utilizarlo en beneficio de” su empleador, que el Miami Herald y el Nuevo Herald supieron que es Tigo.

“Para llevar a cabo las instrucciones de los ejecutivos, [Valladares] acordó con otros participar en una serie de transacciones que beneficiaron a [Tigo] y que involucraron a instituciones financieras tanto guatemaltecas como estadounidenses”, dice el documento entregado a la Corte.

Aunque no se menciona su nombre en ningún registro judicial, el presidente de Tigo es Mario López Estrada, un ingeniero civil conocido como el primer multimillonario de Guatemala.

La razón por la que los fiscales federales pudieron presentar el caso penal contra Valladares es que parte del dinero salpicado de corrupción fue transferido en 2017 a través de las cuentas de dos empresas de Miami hacia políticos en Guatemala, según los registros judiciales.

Los fiscales y el FBI pudieron presentar el caso de lavado de dinero contra el ex ministro de gobierno por la colaboración que brindaron los co conspiradores en esta investigación llamada “Operación Black Mass”.

Valladares, de 44 años, quien fue detenido y luego en 2020 recibió libertad bajo fianza, podría ser condenado a pasar entre cuatro y cinco años de prisión. Según el acuerdo al que llegó con la fiscalía, también debe pagar $140,000 al gobierno de EE UU, equivalente al dinero que recibió como ganancia por limpiar el dinero, y podría recibir una multa de hasta $500,000.

Valladares acordó cooperar con los investigadores y fiscales federales, y al completar su sentencia podrá solicitar una visa para permanecer en Estados Unidos si demuestra que su vida correría peligro si regresa a Guatemala.

“El acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad a través de información falsa u omisión y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, según el acuerdo de culpabilidad de Valladares, que fue firmado por él, el abogado defensor Dan Gelber y el fiscal federal Wálter Norkin.

“Cuando se enteró de los cargos, Acisclo viajó inmediatamente a los Estados Unidos para someterse voluntariamente a la jurisdicción de nuestros tribunales”, dijo Gelber al Miami Herald este viernes. “Está arrepentido y solo le interesa hacer lo correcto”, agregó.

La declaración de hechos presentada con el acuerdo de culpabilidad de Valladares no especifica de dónde obtuvo el dinero para realizar los pagos de sobornos a políticos guatemaltecos.

Una denuncia penal anterior del FBI acusó a Valladares, quien se desempeñó como ministro de Economía de Guatemala entre 2016 y 2020, durante la administración del presidente Jimmy Morales, de usar las ganancias de la cocaína para realizar los pagos de sobornos.

Pero Valladares no se declaró culpable de esa acusación en su audiencia de declaración de culpabilidad ante la jueza magistrada Jacqueline Becerra el martes.

El origen del dinero lavado

La denuncia penal original, presentada por el FBI en agosto de 2020, estaba destinada únicamente para solicitar el arresto de Valladares. En abril de 2022 el político fue acusado solo por una parte del caso, que es habitual en muchos acuerdos de culpabilidad con la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Florida.

Valladares fue acusado inicialmente de desviar $10 millones en ganancias de cocaína para traficantes en Colombia, Guatemala y México, mientras usaba parte de ese dinero para pagar sobornos a políticos guatemaltecos usando cuentas bancarias estadounidenses de empresas de Miami, según la declaración jurada del FBI. Por ayudar a limpiar el dinero a través de esas cuentas, Valladares recibió una tarifa considerable.

Valladares fue acusado de colaborar con un importante narcotraficante, un político y un banquero involucrados en corrupción en Guatemala, para crear un flujo de “efectivo imposible de rastrear”, según la declaración jurada. Tanto el narcotraficante, que está preso en Estados Unidos, como el empleado bancario, que ya se declaró culpable, cooperaron con las autoridades estadounidenses en el caso contra Valladares, dice la denuncia.

El empleado del banco actuó como un “conducto” entre el narcotraficante y el político corrupto —todos anónimos— que suministró el efectivo a Valladares, según la declaración jurada de denuncia presentada por Norkin, un veterano fiscal federal que se especializa en casos de narcotráfico. Su supuesto esquema implicaba “intercambios de dinero ilegales” entre partes en diferentes países a través de “transacciones espejo” que no dejaban rastros en papel, según la denuncia.

Inicialmente, la denuncia alegaba que se realizaron cuatro transferencias electrónicas por un total de $500,000 a través de los bancos estadounidenses de las dos empresas de Miami no identificadas, pero la declaración de hechos presentada con su acuerdo de culpabilidad no concuerda con esa alegación original.

En 2020, la entonces fiscal Ariana Fajardo Orshan, dijo en un comunicado que el caso ilustra los “vínculos desafortunados” que a veces se forjan entre narcotraficantes, empresarios y políticos corruptos, vínculos que se extienden hasta Miami, la puerta de entrada a América Latina.

“Aunque Miami sirve como puente entre Estados Unidos y nuestros vecinos del sur, los narcotraficantes, los funcionarios corruptos y su dinero sucio no son bienvenidos en nuestro distrito”, dijo en ese momento.

Mientras tanto, Valladares es buscado por las autoridades de Guatemala por su papel en la supuesta corrupción gubernamental derivada de los sobornos pagados por él, supuestamente en nombre de su ex empresa de telecomunicaciones Tigo.

En Guatemala, investigadores de las Naciones Unidas y de la Fiscalía guatemalteca investigaron las denuncias de corrupción y soborno que involucran a Tigo, Valladares, otros ejecutivos de empresas y políticos guatemaltecos.

Según informes noticiosos publicados, algunos guardaespaldas de políticos guatemaltecos testificaron que habían llevado dinero en efectivo de las oficinas de Tigo hasta el despacho de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien está en la cárcel luego de ser condenada por un caso no relacionado a esta investigación.

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