El ministro de Defensa de Colombia es el nuevo objetivo de Guatemala en su embestida contra las fuerzas anticorrupción

Iván Velásquez, jefe de una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, en su oficina en la Ciudad de Guatemala. (Daniele Volpe/The New York Times).
Iván Velásquez, jefe de una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, en su oficina en la Ciudad de Guatemala. (Daniele Volpe/The New York Times).

Como parte del redoblamiento de una ofensiva metódica que las autoridades guatemaltecas impulsan desde hace años contra los funcionarios encargados de erradicar la corrupción gubernamental en el país, el gobierno anunció esta semana que estaba investigando al ministro de Defensa de Colombia, quien dirigió una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas que estuvo activa en Guatemala hasta 2019.

El anuncio, que está tensando las relaciones bilaterales entre Guatemala y Colombia, se produjo junto con varias órdenes de arresto y cargos penales presentados contra exfiscales y jueces que habían trabajado en la comisión anticorrupción.

Estos acontecimientos han renovado las preocupaciones sobre el debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, lo que ha provocado una oleada de condenas por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Los grupos defensores de derechos han criticado al gobierno de Guatemala por intimidar a varios funcionarios involucrados en la comisión anticorrupción; en los últimos dos años, más de 30 fiscales y jueces han huido del país para evadir el arresto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió el martes 17 de enero al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y afirmó que la “cordura en política significa luchar contra la corrupción”.

“Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio”, escribió Petro en Twitter, un dardo claramente dirigido hacia el presidente de Guatemala.

La discordia diplomática actual comenzó el lunes 16 de enero, cuando el fiscal Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, declaró que su equipo iba a emprender “acciones legales” contra Velásquez por “actos ilegales, arbitrarios y abusivos” cuando dirigió la comisión anticorrupción.

Las acusaciones giran en torno a acuerdos que exfuncionarios guatemaltecos intentaron negociar con Velásquez para compartir información sobre casos de corrupción a cambio de sentencias reducidas, un proceso bastante estándar empleado por los fiscales en casos legales en todo el mundo.

Iván Velásquez, jefe de una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, en su oficina en la Ciudad de Guatemala. (Daniele Volpe/The New York Times).
Iván Velásquez, jefe de una comisión anticorrupción respaldada por las Naciones Unidas, en su oficina en la Ciudad de Guatemala. (Daniele Volpe/The New York Times).

Velásquez desestimó la investigación sobre su trabajo y la calificó como una represalia de aquellos que estuvieron bajo la lupa de su comisión.

“Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”, escribió Velásquez el lunes 16 de enero en Twitter sobre las acusaciones emitidas por Curruchiche y el gobierno guatemalteco.

Desde 2013 hasta 2019, Velásquez dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual trabajó junto al despacho del fiscal general de Guatemala para combatir la corrupción. El órgano respaldado por la ONU atrajo la atención mundial en 2015 por sus investigaciones a altos funcionarios guatemaltecos, entre ellos el presidente del país en ese momento, Otto Pérez, quien renunció y fue posteriormente arrestado.

Pero en 2o18, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expulsó a Velásquez de Guatemala. Al año siguiente, eliminó la comisión anticorrupción.

El lunes, Curruchiche también anunció varias órdenes de arresto contra exinvestigadores que habían trabajado con la comisión anticorrupción, entre ellos Thelma Aldana, ex fiscal general de Guatemala.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, denunció las recientes medidas del gobierno de Guatemala, y tuiteó el martes 17 de enero que estaba “perturbado” por las órdenes de arresto.

“Este tipo de acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala”, afirmó Nichols.

El año pasado, Curruchiche fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos y acusado de haber “participado conscientemente en actos que amenazan los procesos o instituciones democráticas, haber formado parte de actos significativos de corrupción, o haber obstruido investigaciones”.

Curruchiche tiene prohibida la entrada a Estados Unidos.

El presidente Alejandro Giammattei de Guatemala le dijo el viernes 20 de enero a una estación de radio colombiana que “las diferencias entre los países deben resolverse a través de los canales diplomáticos”. El presidente sugirió que su gobierno iba a investigar a Velásquez pero no lo iba a enjuiciar debido a la inmunidad diplomática que lo protege.

Giammattei terminó la entrevista de manera abrupta cuando se le preguntó sobre las sanciones que el gobierno estadounidense le había impuesto a Curruchiche el año pasado.

“Le dije que no iba a tocar más ese tema”, afirmó Giammattei refiriéndose al periodista, antes de colgar el teléfono.

Ampliando su campaña contra la disidencia, los funcionarios guatemaltecos presentaron el jueves 19 de enero varios cargos contra los abogados que representan a José Ruben Zamora, un periodista que ha cubierto de manera extensiva las denuncias de corrupción que involucran a Giammattei. Al momento de su arresto, Zamora también era presidente de uno de los principales diarios del país, elPeriódico.

Cuando las autoridades gubernamentales arrestaron a Zamora el año pasado, también allanaron las oficinas del diario. Zamora fue acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Sus abogados han negado esas acusaciones.

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