El Gobierno informó que inició hoy la reorganización del Hospital Laura Bonaparte, que es centro nacional de referencia para la atención de problemas de salud mental y adicciones. Sin embargo, volvió a negar el cierre, como se había denunciado el viernes pasado.

“En el marco del reordenamiento del sistema, el Ministerio de Salud de la Nación inició hoy el plan de reestructuración del hospital Bonaparte. La decisión responde al objetivo de priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan. Para avanzar con la reorganización del centro de salud, la cartera sanitaria inició la derivación de los pacientes a otras instituciones”, comunicaron oficialmente.

Desde el ministerio a cargo de Mario Lugones, agregaron: “Desde el inicio de la gestión se trabaja en la normalización del hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución. Vale destacar que el establecimiento de salud recibe un presupuesto de $17.000 millones anuales y cuenta con una muy baja ocupación”.

La cartera de la que depende el Bonaparte sostuvo que la cantidad promedio de pacientes internados es de 19 por día. “Los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales, al considerar las dimensiones edilicias y la cantidad de recursos humanos asignados”, argumentaron.

Afirmaron, además, que el Ministerio de Salud va a “garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes internados” y que “la guardia no fue cerrada”, sino que está “bajo el mismo proceso de reestructuración y atiende con normalidad”. Sin embargo, no se proporcionaron al momento más detalles sobre las derivaciones ni qué funciones pasará a tener el hospital.

Como había anticipado LA NACIÓN tras la renuncia de Mario Russo, uno de los anuncios en la lista de pendientes con Lugones en el despacho del segundo piso del ministerio era el destino de un hospital nacional de salud mental. Se trataba del Bonaparte y, originalmente, como también se indicó a este medio por escrito en los últimos días, era “el cierre” de ese centro.

Idas y vueltas

El viernes, los trabajadores del hospital denunciaron el cierre del servicio de internación y de guardia de esa institución, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según declararon en ese momento, el Gobierno había ordenado “el cierre total” y la medida que se publicaría hoy en el Boletín Oficial. De hecho, así se lo habría informado el ministerio al director general del hospital, Christian Baldino, la semana pasada.

Finalmente, eso no sucedió y, en su lugar, el Gobierno anunció hoy el inicio de “un plan de reestructuración”.

“El gobierno nacional acaba de comunicar el cierre total del servicio de internación del Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte, donde actualmente hay pacientes internados –advirtió el viernes el comunicado que difundieron los trabajadores–. También ordenó el cierre total del servicio de guardia, haciendo abandono de pacientes de salud mental. El cierre de dichos servicios es el paso previo al cierre total del hospital dejando sin tratamiento miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes”.

Baldino les había comunicado la decisión del Gobierno del cierre de la institución a sus 612 trabajadores. “Fue una comunicación directa del director. Él nos informa que el Ministerio [de Salud] se decidió el cierre de las internaciones desde el día de hoy [por el viernes] y que a partir de este momento no se podía ingresar a ningún paciente. Las internaciones están llenas”, contó el viernes a LA NACION Soledad Rivas, psicóloga de la guardia y delegada adjunta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Esta mañana, los trabajadores del hospital se movilizaron frente a la institución y dieron una conferencia de prensa contra la supuesta decisión del Gobierno. Estuvo presente el secretario general de ATE, Rodolfo Aguilar.

“¡No al cierre del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte! Nos sumamos con el bloque @Diputados_UxP al multitudinario apoyo a los trabajadores, profesionales y pacientes que por esta decisión de @JMilei pueden quedarse sin hospital. ¡La Salud Pública se defiende!”, tuiteó hoy Pablo Yedlin, diputado nacional de Tucumán por Unión por la Patria, que estuvo presente en el acto.

En la Legislatura

En tanto, Graciela Ocaña (Confianza Pública) promovió hoy un proyecto de declaración para que la Legislatura porteña exprese su preocupación ante “el inminente cierre” del Bonaparte.

La legisladora señaló que, en este conflicto, está de por medio un principio que surge de la Constitución Nacional. “El Estado nacional, como garante último de la salud de los argentinos, tiene que explicar a la sociedad el modelo que pretende: si es el de cerrar hospitales y sin demasiadas explicaciones, como el que empezamos a ver, o pasárselos a las jurisdicciones. No sabemos cuál es la política de salud que quieren seguir ahora”, dijo.

Ocaña fundamentó el pedido de declaración en que el Bonaparte es el único hospital nacional que está especializado en salud mental y adicciones. “Es una institución que, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, reconvirtió su atención para incorporar los consumos problemáticos”, planteó. “Es necesario que el Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias, asegure los derechos correspondientes. Pues caso contrario, podría estar incurriendo en el delito de abandono de persona e incumplimiento los deberes de funcionarios públicos”, advirtió la exministra de Salud de la Nación.

Recordó, además, que los traspasos a las jurisdicciones de los hospitales nacionales deben hacerse por ley del Congreso y recibir, también, la aceptación de las respectivas legislaturas provinciales. “La salud de todos los argentinos no deber quedar librada al azar y es por eso que solicitamos la intervención inmediata del Gobierno, garantizando un servicio de salud de calidad”, exhortó Ocaña.