Mineros de Durango respaldan a dirigente Yasser Beltrán

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CULIACÁN, Sin., mayo 29 (EL UNIVERSAL).- En Cosalá, miembros de ocho secciones sindicales del estado de Durango, adheridas al Sindicato Nacional Minero, respaldaron al dirigente de este gremio en dicho municipio, Yasser Beltrán, quien desde hace 16 meses mantiene bloqueada la mina San Rafael, ubicada en la comunidad de la Higuera Larga y se opone a su reapertura.

Con mantas con textos de "Primer Foro Minero por la dignidad y la justicia de los trabajadores y el pueblo de Sinaloa", entre otros, desfilaron por las calles del municipio de Cosalá, procedentes del vecino estado de Durango.

Los mineros de las secciones 21,22, 42, 45, 244, 310, 314 y 330 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana expusieron que su presencia obedece a un acto solidario con sus compañeros de la hermana Sección 333 de Cósala.

En su exposición solicitaron a las autoridades federales y estatales que no se permita más atropellos a los derechos humanos, laborales y del medio ambiente ejidal en Cosalá, por parte de la empresa minera.

Hace dos días, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado especial al líder nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia y a la empresa canadiense, Gold and Silver que tengan voluntad para resolver el conflicto para reabrir la mina.

El ejecutivo federal, en su mañanera se refirió a este tema, en el sentido que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo está interviniendo, pero estableció que debe haber voluntad entre las partes para resolverlo.

La empresa canadiense que opera la mina San Rafael en Cosalá ha señalado que no puede regresar a sus actividades, puesto que desde enero del 2020, un grupo encabezado por el líder regional minero, Yasser Beltrán, mantiene bloqueados los accesos.

Americas Gold and Silver ha establecido que no puede negociar la incorporación a las actividades laborales de la mina de Yasser Beltrán y trece personas más sobre las que pesan varias denuncias judiciales por delitos de daños a las vías de comunicación y transporte y saqueo violento de material minero.

La empresa minera canadiense ha establecido que ha inyectado más de 120 millones de dólares en infraestructura minera, por lo que exige que la Fiscalía General del Estado concluya las investigadores abiertas por el robo violento del material, mediante el uso de personas armadas con rostros cubiertos.

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