Mike Pompeo le deja palos en la rueda a Joe Biden antes de que asuma la presidencia

WASHINGTON.- Si bien el presidente Trump y gran parte del gobierno saliente parecen haber abandonado el manejo de la nación y desaparecieron de la escena pública desde los hechos de violencia en el Capitolio y la oficialización del triunfo de Biden, hay un rincón de la administración norteamericana que está trabajando a destajo.

Desde entonces y casi a diario, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anuncia importantes decisiones en materia de política exterior, muchas de las cuales parecen pensadas para abroquelar las prioridades de Trump y poner trabas al cambio de rumbo diplomático que se ha trazado el equipo de Biden.

Entre esas trabas está la reincorporación de Cuba a la lista de Estados que financian el terrorismo, la calificación de "terroristas" para los rebeldes hutíes en Yemen, la eliminación de las históricas restricciones a los contactos entre altos funcionarios norteamericanos y sus pares taiwaneses, el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre los territorios en disputa en el Sahara Occidental, la aprobación exprés de controvertidas ventas de armamento, y una batería de nuevas sanciones contra Irán.

Todos esos cambios pueden revertirse. Pero cada uno de ellos será un palo en la rueda cuando Biden intente fijar su propio rumbo en política exterior.

Un funcionario de la actual Casa Blanca dice que las recientes medidas responden a lógicas diferentes y que algunas ya estaban en carpeta desde hace tiempo. "No responden todas a un mismo patrón", señala.

Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, ejerció presión en algunos de esos temas, como el de Marruecos o la venta de armas a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita como retribución a los países árabes que accedieron a normalizar sus relaciones con Israel. En cuanto a lo demás, incluidas las medidas sobre Cuba y Taiwán, "son cosas de Pompeo", dice la misma fuente de la Casa Blanca.

"No voy a negar que Pompeo tenía muchos incentivos políticos internos para dar el empujón final con Cuba, Irán y Taiwán", dice otra fuente con conocimiento directo del entramado político.

Biden guarda silencio, pero legisladores de ambos partidos se han manifestado en contra de algunas de esas decisiones de último minuto.

Irán

Tanto demócratas como republicanos -al igual que las numerosas organizaciones humanitarias que trabajan para evitar que millones de yemenitas mueran de hambre-, critican la nueva calificación de "terroristas" para los hutíes, anunciada el 10 de enero para que entre en vigor un día antes de la asunción de Biden.

El involucramiento de Estados Unidos en la guerra en Yemen siempre ha sido polémico. Arabia Saudita es acusada de la muerte de miles de civiles en su lucha contra los insurgentes hutíes apoyados por Irán, que controlan gran parte del territorio yemenita.

Yemen tiene más de 24 millones de habitantes que dependen de la ayuda externa para sobrevivir, e importa alrededor del 90% de sus alimentos. Con la nueva calificación de terroristas, las organizaciones humanitarias que prestan ayuda a los yemenitas que mueren de hambre en las zonas hutíes podrían ser acusadas de actos delictivos.

Biden ya ha manifestado su intención de reducir la venta de armas a los sauditas e impulsar más soluciones diplomáticas y asistencia humanitaria para Yemen. Pero la nueva calificación de los hutíes no se puede borrar de un plumazo. Según los estatutos, hace falta una ley del Congreso, o una contramarcha del gobierno, tras lo cual el secretario de Estado vuelve a evaluar el cambio de circunstancias en función de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos.

Pompeo parece haber encontrado en esta decisión una nueva oportunidad para mostrar a Irán como el gran generador de problemas en Medio Oriente y ponerle otro palo en la rueda al gobierno entrante. La actual Casa Blanca se opone drásticamente a los planes de Biden para reincorporarse al tratado nuclear internacional con Teherán que Trump abandonó en 2018. Biden ha prometido hacerlo de inmediato, pero cumplir no será tan fácil.

Biden y los iraníes dicen estar dispuestos a intercambiar "cumplimiento por cumplimiento", donde cada parte iría dando marcha atrás con las medidas tomadas fuera de los parámetros del acuerdo desde que Estados Unidos se retiró del mismo. Para Irán, eso significa revertir la puesta en funcionamiento de nuevas centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio y volver a ajustarse a estrictos límites de cantidad y calidad del material enriquecido.

Para Estados Unidos, significa el levantamiento de todas las sanciones relacionadas con la energía nuclear iraní. Pero la mayoría de las sanciones de Estados Unidos -que castigan el apoyo al terrorismo, el desarrollo de misiles balísticos y otro tipo de actividades-, seguirán en pie, y en los últimos días Pompeo ha sumado nuevos castigos.

Lo más probable es que Irán exija que esas sanciones -que se han aplicado subsidiariamente a otras naciones que hacen negocios en Irán, incluso dentro de Europa-, también sean levantadas. Pero todo intento negociador de Biden al respecto llevará mucho tiempo y se topará con objeciones en el Congreso. Para colmo, la semana pasada Pompeo colocó una bomba de tiempo adicional, declarando que Irán "es la nueva base de operaciones y sede operativa" de Al-Qaeda, algo que desconcertó a los expertos en inteligencia y antiterrorismo, que no ven evidencias que lo demuestren.

Cuba

Biden también ha manifestado su intención de retomar el proceso de normalización diplomática con Cuba iniciado por Obama, un propósito que desde la semana pasada será más complicado, ya que Pompeo le reimpuso a la isla la calificación de Estado patrocinador del terrorismo.

La medida carece de sustento creíble y es considerada por todos como un regalo para los futuros candidatos presidenciales republicanos, para quienes los votantes cubano-norteamericanos del sur de la Florida son un importante electorado interno. Revertir esa calificación es crucial para los planes de Biden, pero llevará mucho tiempo.

Para dar marcha atrás, la legislación norteamericana contempla dos caminos. Uno es que el presidente le garantice al Congreso que ha habido "un cambio fundamental en el liderazgo y las políticas del gobierno del país en cuestión", que ese gobierno "no está apoyando actos de terrorismo internacional" y que tampoco lo hará en el futuro.

La otra opción es que 45 días antes de tomar la medida, el presidente le notifique al Congreso que el gobierno en cuestión no ha brindado apoyo para actividades de terrorismo internacional durante los seis meses anteriores, y que promete que tampoco lo hará en un futuro.

The Washington Post

Traducción de Jaime Arrambide