Migración: qué ha pasado con el programa “Quédate en México”

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El pasado 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde a la administración Biden para terminar con el programa “Quédate en México”, que obliga a miles de migrantes que buscan asilo a esperar su proceso en el país vecino. La decisión fue interpretada como la primera gran victoria del presidente en materia de migración porque, desde que tomó el poder, había prometido que deseaba ponerle fin.

Sin embargo, hasta ahora, el gobierno federal se ha mantenido silencioso acerca de sus planes para terminar con ese programa que fue instaurado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump.

Desde un principio, esta medida fue ampliamente criticada por los defensores de los migrantes debido a que los obliga a esperar la resolución de sus casos en México, donde no hay suficientes albergues para atenderlos y están a merced del crimen organizado.

Estas condiciones fueron justamente el principal argumento que Biden citó para terminar con el programa. Por eso, su inacción resulta ahora inexplicable y frustrante para las organizaciones defensoras de los inmigrantes.

Aunque la Corte Suprema tiene todavía que enviar su decisión sobre este programa a un tribunal menor para que se pueda dar por terminado de manera oficial, los defensores de los migrantes consideran que el gobierno federal ya debería haber empezado a iniciar el proceso para cancelar esa política, llamada también MPP (Protocolos de Protección para los Migrantes).

En una carta enviada a la Casa Blanca, más de 110 grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes, entre ellos ACLU, le exigieron al gobierno de Biden que empiece a tomar acciones concretas para terminar con la política MPP, como la de cesar la práctica de regresar a México a quienes buscan asilo en Estados Unidos.

Mal ejemplo para otros países

La misiva subraya que, si Biden no cumple con la promesa de terminar con el programa “Quédate en México”, quedará minada la credibilidad de su gobierno y “pondrá un ejemplo terrible para otros países, entre ellos los que albergan a la mayoría de los refugiados del mundo”.

Los grupos también le exigen a la administración Biden que le pida a la Corte Suprema acelerar el trámite para que informe sobre su decisión a un tribunal menor y, de esa forma, se pueda dar por terminada de manera oficial la política MPP, que tanto sufrimiento causa a miles de migrantes.

Se estima que, desde que se implementó el programa MPP, más de 68 mil solicitantes han sido devueltos a México, según NBC News. Y debido a que México no cuenta con recursos suficientes para atender a los migrantes que son retornados, muchos de ellos tienen que sobrevivir en las calles incluso con niños, sin suficiente comida y en condiciones insalubres. Además, son presa de bandas criminales que los secuestran, roban y extorsionan, sin que las autoridades intervengan.

Al respecto, Katharina Obser, directora del programa de justicia y derechos de migrantes de la organización Women’s Refugee Commission, señaló que “lo más importante es proteger a la gente y sacarla de la inseguridad que enfrenta en México lo antes posible”.

Antes de que Trump implementara el programa MPP, ningún otro presidente había puesto en marcha una política similar porque atenta contra el derecho de asilo establecido en la Constitución de Estados Unidos. Cuando llegó a la Casa Blanca, Biden devolvió la esperanza a los defensores de los derechos humanos al enfatizar que ese tipo de medidas “va en contra de todo lo que representamos como nación de inmigrantes”.

Pero debido a su parálisis en materia migratoria, ahora el presidente no sólo enfrenta las críticas de quienes abogan por las minorías sino también de los republicanos que lo acusan de mantener una política de fronteras abiertas.

Desde que llegó a la presidencia, el presidente ha tenido que lidiar con un considerable aumento de cruces en la frontera, lo que le ha acarreado múltiples críticas por parte de los conservadores y grupos de extrema derecha. Las autoridades migratorias estiman que, desde el pasado octubre, han tenido un millón de encuentros con migrantes. Casi todos han sido rechazados mediante el Título 42, que permite su expulsión inmediata bajo el argumento de que pueden contribuir a esparcir el covid-19.

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