Miami-Dade aprueba protecciones al consumidor en polémico programa de mejoras al hogar

Los residentes de Miami-Dade que opten por arreglar sus casas con un programa de financiamiento único que ha generado una gran cantidad de quejas de los consumidores acaban de recibir nuevas protecciones.

El programa Property Assessed Clean Energy (PACE), ofrece a los propietarios de viviendas una forma de pagar ciertos proyectos costosos, como ventanas anticiclónicas y acondicionadores de aire de alta eficiencia, sin necesidad de comprobar el crédito ni de dar depósito. En su lugar, el programa usa la propia vivienda como garantía de la deuda mediante un gravamen. Los intereses y las cuotas se recaudan cada año a través de los impuestos a la propiedad.

Aunque el resultado es similar al de un préstamo bancario tradicional, el programa PACE está mucho menos regulado en la Florida.

Los comisionados de Miami-Dade cambiaron eso el martes, cuando la Comisión votó por unanimidad añadir al programa algunas protecciones para los consumidores, que tiene más clientes en Miami-Dade que en cualquier otro condado en el estado. Aunque ha ayudado a muchos propietarios a mejorar sus viviendas, el programa también ha generado multitud de quejas sobre contratistas sospechosos y condiciones de pago confusas.

La legislación, patrocinada por el comisionado Kevin Cabrera, se inspiró en un reportaje del Miami Herald de principios de este año que mostraba que la Florida —y Miami-Dade— iban a la zaga del resto del país en cuanto a protección a los consumidores.

Las nuevas protecciones responden a algunas de las quejas más comunes sobre el programa. Ahora los proveedores de PACE tienen que llenar un documento de divulgación detallado que indica al propietario cuánto adeuda exactamente durante la vigencia del acuerdo, la tasa de interés de la compra, el costo anual estimado añadido a los impuestos sobre la propiedad y una advertencia de que si el propietario no paga sus impuestos sobre la propiedad, pudiera perder su casa.

Múltiples personas en California, donde se originó el programa, tuvieron que enfrentar la ejecución hipotecaria por no pagar los impuestos sobre la propiedad de este programa, pero hasta ahora, parece que la Florida no ha visto ninguna ejecución hipotecaria.

La nueva divulgación no se aplica a los proyectos que cuestan más de $250,000, las propiedades comerciales o los proyectos residenciales multifamiliares.

El proyecto de ordenanza de Cabrera también pedía al condado que “hiciera cumplir más enérgicamente” sus protecciones al consumidor para el PACE y exigiera a las empresas que rindieran cuentas por las quejas de los habitantes.

“Lo que estamos tratando de asegurar es que la gente esté a salvo de cualquier tipo de pérdida”, dijo a la Comisión. “Con esta divulgación la gente sabe lo que está firmando”.

El nuevo proyecto de ley también exigirá protecciones adicionales, como la firma en papel en lugar de digital, para los mayores de 65 años. Los comisionados afirman que las personas mayores son especialmente vulnerables a este tipo de programas, ya que a menudo se comercializan con folletos por correo o con vendedores a domicilio, y los aumentos masivos a los impuestos sobre la propiedad podrían perjudicar a las personas con ingresos fijos.

Algo de apoyo de la industria

Los representantes de tres de los cuatro programas PACE a los que se permite trabajar en Miami-Dade se presentaron para apoyar el proyecto de ley, incluyendo el segundo mayor proveedor de Miami-Dade: Renew Financial.

Chris Peterson, representante de otros dos proveedores, FortiFi Financial y Home Run Financial, calificó la divulgación de un “cambio bienvenido”.

“Obviamente queremos todas las protecciones al consumidor que podamos conseguir”, dijo a los comisionados. “Esta divulgación revisada refleja lo que ya estamos haciendo”.

Ygrene, el mayor proveedor de PACE en Miami-Dade y el estado, no compareció ante la Comisión. La semana pasada, un comité del condado aprobó otro de los proyectos de ordenanza de Cabrera relacionados con PACE, que disolvería el acuerdo del condado con una junta designada de políticos que supervisan Ygrene en el condado, conocido como el Green Corridor.

Cabrera calificó abiertamente el proyecto de ley de “castigo” para Ygrene, que se retiró abruptamente de la Florida a finales del año pasado, dejando a miles de propietarios de viviendas y contratistas sin una fuente de efectivo para pagar sus proyectos, algunos de los cuales estaban en curso. La empresa reabrió sus actividades en la Florida en febrero con una nueva configuración financiera.

El comisionado dijo que también está trabajando en un tercer proyecto de ley relacionado con PACE que garantizaría que las futuras empresas no puedan retirarse de la actividad en el estado sin advertir primero a los consumidores y a los reguladores.

Protecciones en otros lugares

Estas nuevas medidas de protección sitúan a Miami-Dade a la cabeza de los condados en este ámbito. Condados como Palm Beach y Broward exigen divulgaciones similares, que van más allá de lo que exige el estado.

Pero lugares como el Condado Pasco van aún más lejos. Allí un empleado designado llama a cada nuevo propietario de una vivienda en el programa PACE y le explica el programa antes que se cierre el plazo de cancelación de 3 días exigido por el estado.

Y en California, tras años de quejas, ejecuciones hipotecarias e incluso una investigación federal sobre Ygrene que abarcaba la Florida y California, el estado creó una junta reguladora que revisa todas las quejas de los consumidores e impone multas y castigos a las empresas que incumplen la ley. Si una empresa se mete en demasiados problemas, la expulsan del estado.

En la Florida no hay una junta estatal explícitamente diseñada para supervisar a PACE o gestionar las reclamaciones. La Procuraduría General del estado dijo que ha recibido más de 100 quejas sobre varios programas PACE desde 2019 y confirmó al Herald que tiene una investigación abierta sobre Ygrene.