Cuando Miami Beach compró los apartamentos Barclay Plaza en 2015, el Ayuntamiento prometió mantenerlos como vivienda asequible hasta 2030 y no venderlos.

Sin embargo, el complejo de 66 unidades, que lleva mucho tiempo desocupado en 1940 de Park Ave., condenado como estructura insegura en 2014, volverá a salir al mercado. Tras una votación de la Comisión de la Ciudad a principios de este mes, la ciudad considerará una venta o una asociación público-privada para reurbanizar el lote de 26,250 pies cuadrados frente al Centro de Convenciones de Miami Beach.

El comisionado Ricky Arriola, que propuso la comercialización de la propiedad para su venta o reurbanización, dijo que quiere que la Comisión considere cualquier propuesta, ya sea para nuevas viviendas, espacio de oficinas o uso combinado. Dijo que no le sorprendería que se presentara una oferta para construir una vivienda privada multimillonaria.

“El mercado está ardiendo”, dijo en la reunión de la comisión del 6 de abril. “Vamos a salir al mercado con un lienzo muy amplio y vamos a ver lo que hay”.

La Comisión votó por unanimidad en la reunión para emitir una solicitud de propuestas para la urbanización o la compra de Barclay si los ingresos de una venta aplican a las iniciativas de vivienda de bajos ingresos o para la fuerza laboral.

La vivienda de bajos ingresos está generalmente reservada para aquellos que ganan 80% o menos del ingreso promedio, o como máximo alrededor de $78,000 para una familia de cuatro personas, según el Condado Miami-Dade.

Las viviendas para los trabajadores se consideran generalmente viviendas para los empleados “críticos” de una comunidad, como los bomberos y los maestros. La ciudad de Miami Beach define las viviendas para la fuerza laboral como lugares en alquiler para aquellos que ganan hasta 140% del ingreso promedio. Eso fue alrededor de $126,560 para una familia de cuatro en 2021, según la Corporación de Financiamiento de Viviendas de la Florida.

La administración de la ciudad planea emitir la solicitud de propuestas para el Barclay en junio, según la portavoz de la ciudad Melissa Berthier.

El edificio, que fue construido en 1935 y se considera histórico, ha estado vacante desde 2014 por no completar su recertificación de 40 años y posteriormente quedó dañado por un incendio en 2015, según la ciudad. En los años posteriores, la ciudad emitió solicitudes de propuestas para desarrollar viviendas para la fuerza laboral en el sitio, pero no recibió ninguna respuesta, dijo Berthier.

Se valuó en unos $8.3 millones en 2021 y la ciudad estima que costaría unos $16 millones repararlo. Arriola dijo que probablemente no es factible que la ciudad pague las reparaciones.

“Creo que lo que vamos a hacer es buscar todas las opciones y luego llegar a lo que creamos que es más beneficioso para la ciudad”, dijo al Miami Herald.

La posibilidad de vender Barclay provocó críticas de la comisionada Kristen Rosen González, quien dijo que la propiedad debía seguir siendo un edificio de vivienda asequible. La Comisión Asesora de Vivienda Asequible de la ciudad, que preside Rosen González, votó el 19 de abril a favor de que Barclay se mantenga como propiedad pública y se convierta en vivienda asequible o para la fuerza laboral.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró este mes una crisis de vivienda asequibles. La ciudad de Miami Beach posee y gestiona 89 viviendas asequibles, dijo Berthier.

“Vamos a añadir 66 unidades de vivienda asequible aquí y no lo vendamos”, dijo Rosen González en la reunión del 6 de abril.

La Corporación de Desarrollo Comunitario de Miami Beach, sin fines de lucro, compró Barclay en 2007 con casi $6 millones en fondos públicos de la Agencia de Reurbanización de Miami Beach. Ambas partes firmaron un convenio restrictivo que exigía que la propiedad se mantuviera como vivienda asequible 30 años.

Después de que Barclay fuera declarado inseguro, la ciudad lo compró junto con otras propiedades de vivienda asequible en 2015. En 2016, la ciudad firmó un convenio restrictivo adicional que exigía que se usara como vivienda asequible hasta 2030. El convenio también dice que la propiedad no puede ser vendida.

Berthier dijo que la ciudad puede romper el acuerdo con un voto mayoritario de la Comisión y la Agencia de Reurbanización, que está compuesta por los comisionados de la ciudad y la comisionada condal Eileen Higgins.

Rosen González dijo que no se opone a una asociación público-privada para mantener las viviendas en la propiedad y también propuso ceder el terreno a Miami-Dade. Pero expresó su preocupación sobre que la ciudad obtenga un beneficio de un inmueble de viviendas asequibles.

“Hay algo un poco retorcido en que tomemos algo que pertenece a nuestra comunidad, viviendas asequibles, y nos beneficiemos de ello, hay algo que no está bien con eso”, dijo en la reciente reunión.

Arriola dijo que la ciudad debería respetar el espíritu del convenio, que era promover la vivienda asequible en la ciudad.

“Una venta directa podría ser una opción si alguien hiciera una oferta convincente”, dijo al Herald. “Y luego podemos utilizar ese dinero en viviendas para la fuerza laboral en otro lugar”.