México gastará en 'otro avión presidencial' de 8 mil millones de pesos... en forma de una consulta

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Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador attends a press conference, with the presidential plane in the background, at the presidential hangar of the Benito Juarez International Airport in Mexico City, on July 27, 2020. (Photo by ALFREDO ESTRELLA / AFP) (Photo by ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)
Foto: ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Constitución le manda interpretar fielmente el espíritu y contenido de sus artículos y le otorga igualdad ante los poderes Legislativo y Ejecutivo. No es su función hacer política porque al hacerlo desvirtúa su esencia. No está obligada a complacer los deseos de los otros poderes, aunque por estos días atendió los del presidente Andrés Manuel López Obrador, al declarar constitucional su propuesta para llevar a cabo una consulta popular, con la que originalmente quería enjuiciar a cinco expresidentes.

La SCJN, tuvo que hacer “política” para satisfacer las expectativas del presidente López Obrador de enjuiciar a los expresidentes, a los que considera responsables del periodo neoliberal y hace responsables de abusos de poder y corrupción.

El quehacer político de la SCJN inició con la filtración a medios del dictamen del ministro Luis María Aguilar en el que planteaba declarar inconstitucional la petición de consulta popular para juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Según el ministro Aguilar, la consulta planteada por López Obrador llevaría a "condicionar el ejercicio y la protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual es contrario a la Constitución. Se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de derecho mismo".

La filtración del dictamen obtuvo la reacción del presidente López Obrador que en su conferencia de prensa mañanera pidió al Pleno de la SCJN que autorizara la participación de la ciudadanía en una consulta y comentó que de no ser así enviaría una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución para llevarla a cabo.

Es practica de la SCJN, integrada por once ministros, que su presidente, actualmente Arturo Zaldívar, dirija el debate, sea el último en manifestarse y votar. No ocurrió así. Al invertir el orden y ser el primero en manifestarse y votar, significó otra jugada política, al no asumir su responsabilidad de ser el voto de desempate entre los ministros. Se autorizó la consulta solicitada por López Obrador con seis votos a favor y cinco en contra.

Otra maniobra política de la SCJN fue cambiar la pregunta original que, el ministro Aguilar consideraba inconstitucional, por otra que solicita el acuerdo ciudadano para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas".

El presidente López Obrador se dijo satisfecho por el resultado porque había logrado una votación favorable a su propósito de llevar a cabo una consulta, pero en el camino perdió la esencia de su objetivo al no poder especificar en la pregunta los nombres de los cinco expresidentes y, en consecuencia, no podrá enjuiciarlos.

La pregunta planteada por la SCJN quedó abierta a esclarecer las decisiones políticas de los años pasados, lo que implica que el propio López Obrador podría ser incluido en un proceso de esclarecimiento como actor político relevante.

La autorización de la SCJN significa para López Obrador continuar con su discurso de campaña. Los mexicanos hemos aprendido que las ocurrencias del presidente no solo tienen efectos políticos, también tiene costos financieros altos. La consulta autorizada por la SCJN se tendría que llevar a cabo el 1 de agosto de 2021 y tendría un costo aproximado de 8 mil millones de pesos, según Uuc-Kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

La utilidad de la consulta sería nula porque las respuestas que se obtengan no son vinculantes y obligatorias para el ministerio público, que ya de antemano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones a la ley.

El costo de 8 mil millones de pesos de esta ocurrencia presidencial es más de tres veces el valor actual del Avión Presidencial, valuado en 130 millones de dólares, alrededor de 2,400 millones de pesos.

Estas cifras no interesan al presidente López Obrador, no están en la órbita de sus prioridades. Su interés es la política, la disputa del poder y conservarlo para los que vienen atrás de él. Tampoco ha sido prioritaria la crisis económica, la pandemia, la inseguridad y la política exterior.

Lo suyo, lo suyo es el poder. El dinero no sale de su bolsa, es el de todos. Pero quien le dice No al presidente. La SCJN tampoco.

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