Un nuevo momento del #MeToo en Cuba es un reto para las autoridades

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Las múltiples denuncias de abuso sexual contra un músico cubano han puesto en el centro del debate la ausencia de protecciones legales para las mujeres contra este tipo de delitos y el rol del estado en la perpetuación de la violencia de género en la isla.

Cinco mujeres relataron al medio independiente El Estornudo abusos sexuales que habrían sido cometidos por el trovador Fernando Bécquer entre el 2002 y el 2012, cuando ellas eran más jóvenes y asistían a conciertos y reunión populares entre los estudiantes universitarios en La Habana. Según los testimonios, Bécquer seguía un patrón similar y se escudaba en la religión afrocubana para persuadirlas de que necesitaban “una consulta” o “una limpieza”, rituales de la santería que utilizaba como señuelo para luego practicar actos sexuales.

Tras la publicación del reportaje, al menos seis mujeres han presentado una denuncia formal ante la policía o la Fiscalía General de la República, dijo a el Nuevo Herald Lilliana Balance, una de las mujeres que contó su experiencia a ese medio de prensa.

“Quiero creer que las autoridades sí van a investigar”, dijo Balance, de 37 años y residente en Pennsylvania, en Estados Unidos. “Su deber es hacerlo. La fiscalía tiene que procesar este caso. Afortunadamente existen las redes sociales y muchas mujeres se han visto retratadas en esa historia. Ya una gran cantidad de mujeres saben que pueden denunciar.”

Bécquer no contestó las llamadas realizadas por el Nuevo Herald a su celular. Una mujer que no se identificó contestó brevemente a una llamada al teléfono fijo del apartamento en el Vedado de su madre, Beatriz Rosa Cifuentes Villalón. Antes de colgar dijo: “no nos interesa darles la entrevista. Él no tiene que hacer ninguna declaración porque todas y cada una de las acusaciones son falsas y no hay una sola prueba.”

Pero con el paso de los días, más mujeres han salido a la luz pública a denunciar. Massiel Carrasquero dijo a CiberCuba que tuvo que confrontar físicamente a Bécquer para huir de ese apartamento, adónde fue por motivos de trabajo. Los hechos ocurrieron hace siete años y en ese momento, la policía no le permitió hacer la denuncia. La escritora Elaine Vilar Madruga también dijo que acusaría formalmente al músico por abusarla cuando ella tenía 17 años.

Si bien no es el primer caso de este tipo, el más reciente momento #MeToo cubano se ha convertido en un test para las autoridades de la isla, que han resistido durante años la aprobación de una ley contra la violencia de género y la tipificación de ese delito en el código penal. Cientos de comentarios publicados en las redes sociales a partir de las denuncias contra Bécquer dejan cuenta de un clima de permisividad del estado cubano por décadas ante agresiones sexuales a mujeres y menores de edad en el transporte público, las escuelas, los cines y el espacio público en general.

Además del apoyo que han generado en la opinión pública las denuncias contra Bécquer, el caso presenta un reto adicional para las autoridades porque el músico usualmente participa en actos políticos organizados por el gobierno. En su último concierto después de las denuncias, él declaró a Diario de Cuba que no le daba credibilidad a las acusaciones: “Yo no creo nada, yo creo en la Revolución”. En distintas declaraciones en las redes sociales, varios amigos músicos desestimaron las acusaciones tildándolos de “chanchullos de mujeres” o de ser un plan “contrarrevolucionario” porque fueron publicadas en un medio de comunicación independiente y algunas de las presuntas víctimas viven en el extranjero.

Balance dijo que intentó contactar primero al medio oficial Cubadebate.

“Es muy difícil. Nadie sabe todas las cosas por las que una está pasando en un momento determinado por las que una no puede hablar,” dijo a el Nuevo Herald. “Cuando las mujeres se sientan listas para hablar y hablen, es de madre que salga tanta gente a mezclar eso con política y a desvirtuar el tema principal que es nada, más y nada menos, un abusador”.

Pese a los intentos de politizar las denuncias, algunas instituciones como el Centro Pablo de la Torriente Brau, una institución que promueve a trovadores como Bécquer, hicieron declaraciones en las redes sociales en apoyo a las mujeres que decidieron contar sus experiencias.

En un signo de que el tema ha generado tanto debate que no puede ser ignorado del todo por los medios estatales, una semana después de la publicación de las primeras denuncias, el diario oficial Granma reprodujo una declaración de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, en la que sin nombrar a las presuntas víctimas o al acusado hacen referencia al caso.

“Hace pocos días sonaron las alarmas: varias mujeres cuentan sus historias de vida, cuando fueron ultrajadas sexualmente, y aunque han pasado los años, las cicatrices continúan abiertas,” dice la declaración. “Son historias muy dolorosas. Ellas muestran la cara peluda del machismo y lo confirman. Corresponde a ellas y a la justicia cubana encausar el proceso legal con las pruebas suficientes hasta encontrar la verdad de tan lamentable suceso”.

Organizaciones oficiales como la FMC y el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, han realizado algunas campañas para visibilizar el tema y presionar para que se apruebe un nuevo Código de Familia. La FMC dijo que iba a “acompañar” a Vilar Madruga en su denuncia.

Pero grupos de activistas interesados en visibilizar la violencia de género creen que los mecanismos para apoyar a las víctimas de este tipo de crimen son insuficientes y que estas instituciones responden a una agenda gubernamental. Un grupo de activistas creó en junio del 2019 la plataforma #YoSíTeCreo para ofrecer asesoría legal y sicológica a las mujeres que han pasado por estas experiencias. El grupo estaba de vacaciones cuando fue publicada la historia en El Estornudo.

“Tenemos que llegar a ese punto en el que practiquemos la escucha activa, el #YoSíTeCreo de verdad, sin cuestionamientos, y preguntar [a las mujeres abusadas] qué necesitas, en qué te puedo ayudar,” comentó la periodista y activista feminista Marta María Ramírez. “Sin eso, como sociedad, como instituciones, como ciudadanas, los #MeToo seguirán siendo acallados por organizaciones estatales con otros intereses”.

“Yo espero que este no nos lo acallen tan fácil y que no nos lo secuestren tan fácil”, continuó Ramírez. “Este daño que han vivido estas mujeres, esta exposición sin redes de apoyo reales y efectivas, ahora mismo tiene que servir para algo”.

Balance dijo que uno de los motivos por los que no se había decidido a hablar hasta ahora era la ausencia de este tipo de redes de apoyo.

“Pienso en mí hace unos años y yo no hubiera ido a la FMC de todas maneras,” comentó. “Tú sientes como que siempre te iban a decir que no”. “Por mucho tiempo no tuve cómo comunicarme con otras mujeres a la que les hubiera podido pasar lo mismo. Ese fue otro impedimento para que yo pudiera hablar, que yo no tenía a nadie que pudiera servirme a mí como apoyo”.

El gobierno no escuchó una solicitud de noviembre del 2019, firmada por 40 académicas, activistas y periodistas, que pidieron incluir la redacción de una ley integral contra la violencia de género en el cronograma legislativo de la Asamblea Nacional. En su lugar, el gobierno publicó a inicios de este mes una “Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el Escenario Familiar” en la que indica que “se evaluará” la pertinencia de diseñar una ley integral, sin ofrecer una fecha concreta.

“La verdadera voluntad política se expresaría en una ley general contra la violencia machista y un código de Familias aterrizado para evitar todo lo que estamos viendo: la feminización de la pobreza, brutal en Cuba,” dijo Ramírez. “Y que no haya una mujer en Cuba que no sepa que hay un movimiento de mujeres que dijo basta, se acabó y que sepa que no está sola”.

Las autoridades cubanas aún no han dicho si investigarán las denuncias. La Fiscalía General de la República no contestó a un correo electrónico con preguntas enviado por el Nuevo Herald. Tampoco lo hicieron el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música, dos instituciones que supervisan la agencia musical estatal a la que está afiliado Bécquer.

Tres abogados de la organización de ayuda legal Cubalex — Laritza Diversent, Giselle Morfi y Alain Espinosa — coincidieron en que los testimonios sugieren la comisión de los delitos de “ultraje sexual” y “abusos lascivos”, considerados delitos menores con penas de tres meses a un año, o varias multas. Amenazar, engañar a las víctimas utilizando la religión y aprovecharse de su vulnerabilidad pueden considerarse como agravantes, añadieron los abogados.

Si se suman varias mujeres a las denuncias, las penas podrían ser mayores, comentó Diversent, la directora de Cubalex.

“La falta de denuncia y de identificación de dichos abusos está más vinculado a la falta de estado de derecho y a la naturalización de la violencia estatal y la falta de acceso a la justicia y tutela jurídica efectiva,” opinó Morfi.

Los abogados creen que otros músicos cercanos a Bécquer implicados en las acusaciones y que supuestamente tenían conocimiento de sus acciones también podrían ser denunciados por el delito de “incumplimiento del deber de denunciar”.

Los testimonios de las mujeres muestran “la estructura patriarcal del sistema, pues no pudieron ni darse cuenta de lo violentadas que fueron hasta que salieron de Cuba, la falta de credibilidad en las instituciones del Estado para protegerlas y, sobre todo, que no les iban a creer”, añadió Espinosa.

Balance dijo que gracias a vivir fuera de Cuba, ha visto el impacto de los movimientos de denuncias de abuso sexual en Estados Unidos, conocido como #MeToo, y “escrache” en Argentina.

“A partir de ahora, las mujeres van a denunciar”, dijo. “No me parece que eso vaya a parar y eso de alguna manera puede poner un límite a todos esos hombres y figuras públicas e influir en que ellos se detengan un poco. Esto puede educar más a las mujeres”.

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