Merrick Garland promete desafiar las amenazas republicanas a los derechos de voto

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Tras una ola de restricciones respaldadas por los republicanos sobre el acceso a las boletas y la obstrucción del Partido Republicano contra las protecciones del derecho al voto, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, duplicará el número de abogados en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y examinará las nuevas leyes que dificultan la votación.

En declaraciones que volvieron a comprometer a la agencia con la protección de la Ley de Derechos Electorales y otras medidas para combatir la discriminación, el fiscal general criticó la narrativa falsa que alimenta las "auditorías" partidistas de los resultados de las elecciones de 2020 y las docenas de proyectos de ley presentados a su paso, mientras los legisladores republicanos validan el el mito de las “elecciones robadas” con una legislación que tiene como objetivo limitar el acceso a la boleta y apuntar de manera desproporcionada a los votantes de color.

"Las justificaciones ofrecidas en apoyo de las auditorías postelectorales y las restricciones en la votación se han basado en acusaciones de fraude electoral en las elecciones de 2020 que han sido refutadas por... todos los tribunales, federales y estatales, que las han considerado", dijo Garland el viernes.

Al menos 22 nuevas leyes han dificultado la votación en más de una docena de estados, aunque los cambios en las leyes electorales de los estados "no están calibrados para abordar los tipos de fraude electoral que se abordan en sus acusaciones", dijo.

Criticó las "auditorías postelectorales anormales" como la que se está llevando a cabo en Arizona, que el Departamento de Justicia advirtió que probablemente viola las leyes de derechos civiles, y dijo que las filas en las urnas en las que los votantes negros esperan mucho más que los blancos para emitir sus votos. es "particularmente preocupante".

El fiscal general instó al Senado de los Estados Unidos a aprobar dos leyes fundamentales sobre el derecho al voto, la Ley For The People y la Ley John Lewis, para proporcionar al Departamento de Justicia "las herramientas que necesita" para hacer cumplir las protecciones electorales federales.

El Senado confirmó por estrecho margen a los nombrados por el Departamento de Justicia de Joe Biden, Vanita Gupta, ahora en el tercer puesto de la agencia, y Kristen Clarke, quien es la primera mujer negra en liderar su división de Derechos Civiles.

La administración de Biden ha enfrentado una creciente presión para responder a las amenazas a los derechos de voto, mientras los republicanos del Senado se preparan para bloquear una medida radical para extender el acceso a las boletas y reformar las leyes de ética de las campañas, así como la restauración de la Ley de Derechos Electorales, una ley histórica que ha sido revivida. por presidentes de ambos partidos desde su aprobación en 1965.

Pero en 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe a la ley, revocando elementos clave que le daban autoridad al gobierno federal para aprobar cambios a las leyes electorales en estados con antecedentes de discriminación.

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El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió en contra de las disposiciones de "preautorización" para la opinión 5-4 del tribunal, y subrayó que "las cosas han cambiado drásticamente" tras la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, sugiriendo que las leyes discriminatorias eran cosa del pasado.

Después de la aprobación de la Ley de Derechos Electorales, el Departamento de Justicia rechazó más de 1,000 cambios propuestos a las leyes electorales para evitar resultados discriminatorios. Pero después del fallo del tribunal superior, los estados cerraron cientos de lugares de votación, apuntando desproporcionadamente a áreas con votantes de color.

En los años siguientes, los estados con gobiernos controlados por el Partido Republicano han tratado de dificultar el voto en comunidades que se inclinan por los demócratas y, al mismo tiempo, han entregado más autoridad en la administración de elecciones a las legislaturas estatales, donde los republicanos tienen mayorías.

La Ley de Derechos Electorales de John Lewis reviviría esas pautas de autorización previa. Los republicanos del Senado han prometido rechazarlo.

Los republicanos del Senado también rechazan abrumadoramente la Ley For The People, que implementaría el registro automático de votantes, proporcionaría al menos 15 días consecutivos de votación anticipada para las elecciones federales y expandiría la votación por correo y los buzones para las boletas ausentes, propuestas que algunos estados ya han hecho. adoptado, con cierto apoyo bipartidista, antes de que el expresidente buscara socavar los resultados de las elecciones de 2020 antes de que se emitiera una sola votación.

El presidente Biden ha ordenado a las agencias federales que amplíen los esfuerzos en el registro de votantes, y nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para que use el púlpito de intimidación de la Casa Blanca para reunir apoyo a los derechos de voto y "liderar un nuevo esfuerzo específico para luchar por los derechos de voto", según la casa Blanca.

El 16 de junio, se reunirá con legisladores de Texas después de que los demócratas en el estado bloquearon la aprobación de un amplio proyecto de ley electoral.

En sus comentarios defendiendo el papel del gobierno federal en la protección del derecho al voto, Garland describió la historia del Departamento de Justicia y el largo progreso de la nación hacia la lucha contra la discriminación en el voto.

“Hay muchas cosas abiertas a debate en Estados Unidos, pero el derecho de todos los ciudadanos elegibles a votar no es una de ellas”, dijo.

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