MENDOZA.- La detención en cárcel de un gremialista mendocino por haber realizado piquetes en medio de la discusión paritaria movió el avispero político en la tierra cuyana. Desató un cruce de acusaciones y versiones encontradas entre el Gobierno, la oposición y la Justicia al tiempo que la ciudadanía apoya el reclamo salarial, pero desestima los cortes de calle.

Roberto Macho, titular de la seccional mendocina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue enviado ayer al penal provincial por haber activado en los últimos días cinco cortes de calles y avenidad. Por su detención, hubo hoy una nueva marcha de los trabajadores “contra la criminalización de la protesta” en la que se cuestionó al gobierno del radical Rodolfo Suárez. Desde el penal, con celular en mano, Macho salió a pedirles a los trabajadores, en un “vivo de Facebook” que se movilicen y no desistan en la lucha, al tiempo que aseguró que es un “preso político” y víctima de una “cama política” del gobierno.

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Asimismo, desde el sindicato indicaron a LA NACION que las resoluciones judiciales no vienen siendo iguales con otros dirigentes o sindicatos que se manifiestan por las calles, además de asegurar que la sociedad “apoya en su totalidad la protesta”. También, hubo aval del Partido Justicialista, a través de un comunicado, y varias figuras del peronismo local, entre ellos la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, que se expresaron por las redes. “Criminalizar la protesta e ir contra el justo reclamo de los trabajadores es la verdadera cara de quién dice ser “dialoguista” y democrático”, señaló la legisladora camporista.

La CGT y la conducción de ATE nacional también se solidarizaron con Macho y denunciaron una maniobra de “persecusión”.

En el interior del Gobierno reina el desconcierto de cómo seguirá el conflicto a la espera de que la Justicia determine el futuro procesal del sindicalista, luego de que el fiscal de Tránsito Fernando Giunta lo imputara por la violación del artículo 194 del Código Penal, por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”.

“Su accionar de interrupción del tránsito es reiterante, con una conducta ilícita, que merece reproche. La pena para estos casos repetitivos va de seis meses a 10 años de prisión, según la interpretación de la escala penal. Ya desde el segundo hecho, Macho debería estar preso. Acá la interpretación ha sido laxa, porque esperamos hasta el quinto hecho. Mi derecho termina donde empieza el de los demás; hay que entenderlo”, indicó el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, titular del Ministerio Público Fiscal, quien aclaró que en el caso de la pareja de Macho, Adriana Iranzo, no fue encarcelada sino tuvo que pagar una fianza de 50.000 pesos, ya que efectuó cortes sólo en tres oportunidades.

De todas maneras, en el seno de los tribunales hubo varias dudas sobre avanzar con esta medida. “Muchos entendemos que no es el momento adecuado para endilgar este delito. Es muy posible que sea una decisión contraproducente, sobre todo porque el clima de tensión social no es el mejor y podrían volver los reclamos en las calles”, señalaron a este diario, antes de la nueva manifestación que ya comenzó a rodar por las principales arterias mendocinas, camino al palacio cívico.

“No somos herramientas del Poder Ejecutivo para perseguir la protesta. Lo que perseguimos es a aquellas personas que cometen delitos y perjudican a la sociedad toda”, aclaró Gullé, quien entiende que la causa contra Macho seguirá en marcha, más allá de que recupere en breve la libertad, y que a futuro posiblemente la Suprema Corte tenga que expedirse sobre este tipo de delitos, ya que existe un fallo plenario sobre situaciones similares que benefició a sindicalistas, donde primó el derecho a huelga por sobre el de circulación.

Una paritaria sin acuerdo

Según pudo saber LA NACION, en el cuarto piso de Casa de Gobierno tampoco había una postura unánime para que se avanzara de esa manera contra el gremialista, teniendo en cuenta que la mesa de negociación paritaria está vigente, además por el contexto de crisis económica. De todas maneras, la decisión judicial, que ATE denuncia que estuvo motivada por una orden política, se concretó en las últimas horas, luego de que el sindicato rechazara el lunes la propuesta oficial de un aumento del 44% de enero a agosto, cuando los trabajadores exigen un pago de 40.000 pesos para contrarrestar los efectos de la inflación. De hecho, esa oferta oficial ya fue desestimada días atrás por otros gremios, como el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), que realizó la semana pasada una masiva huelga, por lo que el Gobierno determinó otorgar el incremento por decreto.

En medio de esta controversia, a la espera de que se presente un pedido de recupero de libertad de Macho o un Habeas Corpus a su favor, lo que permitiría que en las próximas horas el sindicalista abandone la penitenciaria. Por ahora, se encuentra alojado en el módulo 1 A del complejo San Felipe. Desde ese lugar, Macho se dirigió a los afiliados y cargó contra el gobernador desde sus perfiles en las redes sociales. “Suarez se va a llevar a un solo preso político, pero no se va a llevar a las decenas de miles de trabajadores que hoy día tienen que salir a luchar en las calles”, indicó el dirigente, a la espera de que se defina cómo sigue su caso.