Después de medio siglo, un hito inesperado para los derechos LGBTQ

Adam Nagourney and Jeremy W. Peters
Miles de personas se movilizaron afuera del Museo Brooklyn el domingo 14 de junio de 2020 en apoyo a las personas trans negras. (Demetrius Freeman/The New York Times)
Personas ondean una bandera con los colores del arcoíris en frente de la Corte Suprema, en Washington, el lunes 15 de junio de 2020. (Anna Moneymaker/The New York Times)

Cuando Donald Trump fue electo presidente, los líderes de la comunidad LGBTQ advirtieron que las amplias victorias alcanzadas durante el gobierno de Barack Obama —incluyendo la decisión de la Corte Suprema de legalizar el matrimonio igualitario en 2015— estaban en peligro debido a la llegada inminente de un gran número de jueces conservadores y el total control republicano del gobierno federal.

Por eso sería poco decir que los líderes y los simpatizantes de los derechos LGBTQ se sorprendieron con el fallo que dio el tribunal el lunes: la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los estadounidenses homosexuales y trans de la discriminación en los lugares de trabajo. Quedaron impactados de que dos jueces conservadores se hubieran puesto de su lado y de que, además, un republicano designado redactara el fallo sobre el matrimonio también.

En muchos sentidos, esta decisión es la prueba más sólida hasta el momento de la manera tan fundamental, rápida y, hasta cierto punto, impredecible en que ha cambiado la percepción estadounidense de las personas homosexuales y trans en todo el espectro ideológico en menos de veinte años. Es mucho más sorprendente porque el gobierno de Trump decidió la semana pasada eliminar las protecciones de los pacientes trans contra la discriminación por parte de médicos, hospitales y compañías aseguradoras.

El fallo de 6 a 3 es la medida más reciente en una serie veloz de avances legales y políticos para los estadounidenses homosexuales tras décadas de ganancias ocasionales desde que hace 51 años en este mismo mes el levantamiento en el Stonewall Inn en Greenwich Village ayudó a establecer el movimiento moderno a favor de los derechos de las personas homosexuales. Sin embargo, este fallo podría ser recordado como una de las últimas batallas importantes en términos jurídicos, el logro de una gran prioridad para las personas homosexuales desde que aquellos activistas se reunieron en toda la zona del Bajo Manhattan en las semanas posteriores a la revuelta de Stonewall.

Además, posiblemente es la victoria más significativa del movimiento hasta el momento, con implicaciones que podrían llegar a las vidas y el sustento de más estadounidenses que cualquier decisión que haya tomado el tribunal hasta el momento en relación con los derechos de la comunidad LGBTQ.

“A partir de hoy, en ninguna parte de Estados Unidos es legal despedir a alguien por ser homosexual, bisexual o trans. Eso es muy importante”, dijo Roy T. Englert, un abogado de apelaciones que escribió un informe amicus curiae del caso con el objetivo de convencer a los miembros conservadores del tribunal, como el juez Neil Gorsuch, quien escribió la opinión entregada el lunes acerca de que la ley, tal como se redactó en 1964, abarcaba la discriminación laboral con base en la orientación sexual y la identidad de género.

Trump ha ido tras una agenda muy distinta en cuanto al empleo, la atención médica y las protecciones de los derechos civiles para las personas LGBTQ, y se ha enfocado especialmente en deshacer políticas que han beneficiado a las personas trans. Esta agenda es en gran medida un reflejo del sentir de sus simpatizantes, pero está claro que lo opone a la mayoría del país mientras entra a los últimos meses de lo que ya se está presentando como una campaña de reelección complicada.

No es que los derechos homosexuales sean esenciales para la contienda de 2020; es que la sociedad parece haber cambiado en torno al asunto mucho más que Trump.

El fallo a favor del matrimonio igualitario en 2015 fue una ratificación poderosa de una cultura y política cambiantes. Sin embargo, el matrimonio igualitario jamás fue una prioridad para los primeros líderes del movimiento por los derechos de las personas homosexuales, sobre todo porque parecía totalmente inalcanzable. En lugares como la ciudad de Nueva York, San Francisco, Boston, Minneapolis y Los Ángeles, era más probable que el objetivo fuera precisamente el tipo de legislación que la Corte Suprema ahora ha ratificado: asegurarse de que las personas homosexuales recibieran un trato justo en los lugares de trabajo.

En las grandes ciudades y estados donde los legisladores tenían percepciones más liberales en términos sociales, a las personas LGBTQ les otorgaron esta y otras protecciones. Sin embargo, esos cambios siguieron siendo casi imposibles de promulgar en más de la mitad del país, donde los legisladores conservadores los bloquearon o, en algunos casos, los electores los proscribieron.

Torie Osborn, una lideresa del movimiento desde hace mucho tiempo y exdirigente de National LGBTQ Task Force, dijo que la decisión del lunes era “más importante debido al impacto que tendrá en millones y millones de vidas de personas ordinarias. Es más importante que el matrimonio. Es un parteaguas”.

Esta reciente decisión de un tribunal conservador incluye a las personas trans, lo que representa —no a propósito, supuestamente— un desaire a una Casa Blanca que en varias ocasiones buscó restringir las protecciones gubernamentales para esos estadounidenses, incluyendo las regulaciones formalizadas que afectan a los pacientes trans.

Cuando le hicieron preguntas acerca del fallo del tribunal el lunes, Trump respondió: “Han emitido su fallo. Leí la decisión, y algunas personas se mostraron sorprendidas. Pero el fallo se ha emitido y vivimos con su decisión”. Dijo que era “una decisión muy poderosa, de hecho”.

En los argumentos que presentó ante la Corte Suprema en octubre, la postura del gobierno de Trump fue que la ley de 1964 no abarcaba a las personas homosexuales y trans, y que el Congreso —no los tribunales— tendría que cambiar la ley.

Una encuesta de CBS News lanzada este mes halló que el 82 por ciento de los estadounidenses, incluyendo el 71 por ciento de los republicanos, dijeron que la Corte Suprema debería extender las protecciones de derechos civiles a las personas que se identifican como homosexuales. Tres cuartas partes de los encuestados dijeron que había al menos algo de discriminación en la sociedad en contra de las personas homosexuales y bisexuales. Más de cuatro de cada cinco personas trans dijeron que enfrentaban discriminación.

Aunque los derechos de las personas homosexuales ya no tienen la potencia para movilizar a los electores religiosos y conservadores, a diferencia de hace una década, los activistas de ambos bandos creen que sería un error considerar que el asunto ha quedado resuelto en las guerras culturales del país. Los conservadores sociales y los grupos jurídicos han cambiado su enfoque a la igualdad trans, con un énfasis en plantear preguntas acerca del acceso a los baños públicos, la elegibilidad para competir en deportes juveniles y otros asuntos que esperan que a los estadounidenses les parezcan una extralimitación.

El martes, una de las principales organizaciones legales conservadoras del país, Alliance Defending Freedom, advirtió en una publicación de blog dirigida a sus simpatizantes que una parte importante de la decisión —el reconocimiento de la identidad de género como una característica protegida legalmente— “provoca caos” y podría hacer que las personas “se refieran a sus colegas con pronombres y otros términos sexualmente específicos de acuerdo con la identidad de género y no con la biología”.

“El resultado es que ignorar la realidad biológica en nuestras leyes amenaza nuestras libertades de conciencia, religión y expresión”, señaló la publicación.

Englert dijo que la influencia de estos grupos no debe tomarse a la ligera. “Créanme; hay muchas iglesias y organizaciones conservadoras en todo el sur y el centro del país que deplorarán la decisión de hoy”, comentó. “Y esas personas tienen seguidores”.

Los expertos en leyes señalaron que la base de la opinión de Gorsuch era un principio popular entre los conservadores conocido como textualismo, el cual señala que los jueces deben limitarse al texto de una ley al momento de interpretarla. Pero los cambios culturales sísmicos de la última década no se han detenido en las escaleras de la Corte Suprema.

“Hemos llegado a un punto en este país en el que la realidad que viven la mayoría de los estadounidenses y, de igual forma, la mayoría de los jueces es que conocen, simpatizan, admiran y probablemente incluso aman a una persona homosexual”, afirmó Roberta Kaplan, una prominente abogada de derechos civiles. “Se requiere esa cercanía para que las personas entiendan la dignidad del otro”.

Aún es perfectamente legal en muchos estados rehusarles servicios a las personas homosexuales o trans, negarles el alquiler de un hogar o rechazar proporcionarles atención médica. Sin embargo, el alcance y la importancia de la decisión del lunes fueron innegables, a decir de los activistas.

David Mixner, líder desde hace mucho tiempo de los derechos de las personas homosexuales, quien fue asesor cercano del presidente Bill Clinton, dijo que, cuando escuchó la noticia del fallo, de inmediato recordó el momento en que el primer proyecto de ley en contra de la discriminación de las personas homosexuales en los lugares de trabajo se presentó en el Congreso en 1974 gracias, entre otras personas, a la representante Bella Abzug, de Nueva York.

“Hubo siete coproponentes”, dijo. “Durante más de cuatro décadas, hemos estado luchando arduamente para obtener la que ha resultado ser la protección más complicada, la del empleo. Es la más importante. Durante años he dicho que tenemos treinta y tantos estados donde todavía es legal despedir a una persona por ser LGBTQ. Ahora ya no puedo decir eso”.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2020 The New York Times Company