MADRID.- El Congreso de los Diputados español aprobó este martes -con 179 votos a favor y 171 en contra- el cambio del reglamento que permite el uso de las lenguas cooficiales (el catalán, el vasco y el gallego) en el Parlamento, lo que provocó fuertes tensiones, con denuncias de la extrema derecha sobre una nueva concesión del gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes en medio de las negociaciones para lograr un nuevo mandato.

Como protesta, los diputados del partido ultranacionalista Vox abandonaron el hemiciclo cuando hablaba en gallego un diputado del Partido Socialista de Sánchez y devolvieron los aparatos que permiten seguir la traducción simultánea al castellano.

“No vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia”, afirmó a periodistas en los pasillos del Parlamento María José Millán, presidenta del grupo parlamentario de Vox, formación de extrema derecha antiindependentista y crítica de la acentuada descentralización de España.

“No usaremos traductores para comunicarnos con personas de Salamanca, Barcelona o Vigo”, señaló posteriormente en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

También el principal partido de derecha, el Partido Popular (PP), reclamó infructuosamente al inicio de la sesión que no se utilizaran estas lenguas hasta el jueves, cuando se aprobará formalmente el cambio en el reglamento del Parlamento.

Poder usar el catalán, el gallego y el vasco en las sesiones plenarias del Parlamento español era una demanda de larga data de los partidos nacionalistas de las regiones donde se utilizan.

Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), el partido del independentista catalán Carles Puigdemont, logró a mediados de agosto hacerla realidad a cambio de su apoyo crucial para elegir como presidenta del Congreso de los Diputados a la socialista Francina Armengol.

“Día histórico”

“Es un día histórico (...) por fin se respetarán los derechos de los catalanohablantes”, dijo en esa lengua Miriam Nogueras, presidenta del grupo parlamentario de Junts.

El catalán, el vasco y el gallego tienen estatus de lengua cooficial en seis regiones de España, cuya única lengua oficial en todo el territorio es el castellano.

En Cataluña (noreste), País Vasco (norte) y Galicia (noroeste) se enseñan, junto al castellano, estas lenguas en los colegios y se utilizan en la administración pública y en el parlamento regional.

El partido de Puigdemont, ex presidente regional catalán que huyó a Bélgica para escapar de la justicia española, también exigió que Madrid buscara el reconocimiento del catalán, el vasco y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.

En Bruselas, el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares, anunció que España priorizará la oficialización del catalán en la UE. Los Estados miembros han aplazado el debate porque creen que es “pronto” para decidir.

Los votos de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont serán indispensables para Sánchez si quiere formar un nuevo gobierno en las próximas semanas.

Para dar su apoyo, Puigdemont solicitó a cambio principalmente una amnistía para los independentistas procesados judicialmente por el intento de secesión de Cataluña de 2017.

“A ver si les suena alguna de estas cosas: check-in, coaching, coworking, briefing, low cost, partner, tracking, running... ¿Las usan? ¿Y luego son el catalán, el aranés, el galego o el euskera los que amenazan su lengua?”, dijo, por su parte, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián.

Las elecciones legislativas del 23 de julio no arrojaron una mayoría clara. El líder del PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo, quedó en primer lugar y el rey Felipe VI le encomendó presentar su candidatura a presidente del gobierno en el Parlamento.

Esa votación tendrá lugar la semana que viene, sin opciones para el jefe de la derecha de lograr la mayoría necesaria para tener éxito.

Sánchez, en segundo lugar en las legislativas, tendrá entonces dos meses para presentar su candidatura. Si no logra ser investido por el Parlamento, se convocarán nuevas elecciones, previsiblemente en enero.

Agencia AFP