Desde la medicina privada advierten que no podrán pagar el bono de $4.000 a sus empleados

Andrés Sanguinetti

El pago del bono de $4.000 a los empleados del sector privado que deberá comenzar a cancelarse a partir de febrero próximo, está generando cierta resistencia y preocupación en algunos sectores empresarios que advierten sobre la imposibilidad de contar con fondos para cumplir con esta decisión del Gobierno.

Un caso es el de la medicina privada, desde donde se asegura que no hay manera de hacer frente a ese pago ni de tampoco iniciar las negociaciones paritarias para analizar aumentos salariales al personal que se desempeña en todo el sector.

Por lo menos así se lo anticiparon a las autoridades nacionales los dueños de prepagas, clínicas, sanatorios, obras sociales sindicales y provinciales, prestadores y financiadores, entre otras firmas con actividad en el área de la salud privada.

Según pudo saber iProfesional, no se trata de un rechazo a la medida impulsada por el presidente Alberto Fernández para intentar recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores sino de la inexistencia de fondos en el marco de una profunda crisis que atraviesa el sector.

Para intentar encontrar alternativas que permitan una solución al problema es que las cámaras que agrupan a las empresas de medicina privada mantendrán reuniones con varios de los ministros del Gobierno que tienen injerencia sobre el área.

Un caso es el de Salud, donde el minstro Gines González García viene manteniendo encuentros con los principales empresarios de este negocio, junto a los titulares de las cámaras que agrupan a las clínicas y sanatorios privados.

La semana pasada ya hubo conversaciones en torno a la problemática integral que atraviesan clínicas, sanatorios, prepagas y obras sociales provinciales en el marco de las cuales el funcionario ya fue informado sobre el rechazo tanto al pago del bono como a la reapertura de las paritarias.

En el primer caso, las empresas sostienen que deberían pagar $6.000 por empleado, si le suman $2.000 adicionales que corresponden a las cargas sociales y los aportes patronales. Aseguran que el monto global que deberían afrontar es menor a las pérdidas generales que sufrió el año pasado todo el sector.

Como ejemplo, señalan el caso del Hospital Italiano, con una dotación de 7.000 trabajadores, y cuya obligación de abonar el bono se traduciría en destinar fondos por $28 millones, al ser una entidad sin fines de lucro que, por consiguiente, no debe agregar cargas patronales.

Lo mismo se sostiene con el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias el mes próximo para otorgar nuevos aumentos correspondientes al año pasado que se encuentran atados a la cláusula gatillo firmado entre empresas y sindicatos.

Desde el sector se estaría pidiendo demorar estas conversaciones y solicitar, al menos que los $4.000 sean no remunerativos para, de esta forma, reducir el impacto que tendrá en las cuentas de las empresas.

En este marco, mañana jueves al mediodía, está pautada una reunión en el Ministerio de Trabajo en la cual se tratará de analizar tanto la revisión paritaria, el pago del bono como de otros temas vinculados a los costos fiscales, cargas patronales y también a una deuda contraída por un grupo de clínicas y sanatorios como parte de la emergencia sanitaria.

Se le pedirá al ministro Claudio Moroni el carácter de no remunerativo del bono, así como de intentar equilibrar el pago de esa deuda con estas obligaciones, entre otros reclamos.

En el caso del Ministerio de Salud, en los próximos días habrá otra reunión con Gines González García para seguir analizando la estructura de costos del sector.  Y en especial para poder viabilizar un acuerdo firmado en octubre del año pasado con el anterior gobierno de Mauricio Macri que contemplaba una rebaja del impuesto al cheque al 0,5%; una suba del mínimo no imponible de Ganancias de $17.000 a $26.000, y la posibilidad de tomar saldo del IVA para cancelar otros tributos, como una suerte de crédito fiscal.

Ese convenio no fue cumplido y ahora desde las empresas se está intentando reflotar con las nuevas autoridades que, según las empresas del sector, conocen mucho mejor la crítica situación de la medicina privada.

Se trata de un sector que atiende a 24 millones de personas en todo el país, de las cuales solamente 6 millones son usuarios de las prepagas, mientras que el resto son pacientes de clínicas, sanatorios y otros prestadores y financiadores del sistema.

El año pasado, toda la medicina privada incrementó sus cuotas hasta en un 72%, mientras que las prepagas lo hicieron en un 52%, casi como la inflación. Sin embargo, en el sector aseguran estar golpeados por la devaluación y el encarecimiento de los precios de los insumos importados en el marco de un escenario de financiamiento casi inexistente o caro. Un combo que, dicen, los llevó a que los ajustes en sus tarifas fueran a la par de los aumentos en los costos devengados de cada año anterior y siguiendo las paritarias del sector.

Por eso, piden al Gobierno que evalúe medidas que les permitan hacer frente a esa problemática que, según advierten, los coloca en una situación "terminal", incluso con empresas en cesación de pago y hasta de "colapso" si no se modifican algunas regulaciones.

En la lista de pedidos que ya dejaron en la anterior reunión con el Ministro de Salud, se destaca una rebaja del 5% del costo salarial y del 2% del costo operativo para aliviar el altísimo costo que para los actores del sector implica operar con sujetos exentos como el PAMI y las obras sociales.

Según un informe económico elaborado en conjunto por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), las soluciones pasan por mejorar la consistencia financiera de los recursos per cápita y sincerar las exigencias del Programa Médico Obligatorio (PMO) a la disponibilidad de recursos per cápita de los diferentes segmentos de la población a través de un sector que atiende la salud de más del 70% de la sociedad.

La propuesta se completa con la implementación de medidas fiscales de protección para el sector de la salud que ya fue enviada a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

Se solicita también la introducción en la Ley de Presupuesto para este año de un paquete de medidas que, según sus autores, benefician a las clínicas y sanatorios privados.