Yahoo Noticias Masacres con armas de fuego, una crisis de salud pública
Todavía no se sabe que motivó a Salvador Ramos, de 18 años, a atrincherarse en un aula de la escuela Robb Elementary, en Uvalde, Texas, el 24 de mayo, y disparar a mansalva matando a 19 niños y dos maestros. Lo que sí se sabe es que apenas alcanzó la mayoría de edad pudo comprar armas de fuego. Ramos murió de un disparo policial.
La masacre de Uvalde es la segunda en hacer temblar al país en 10 días, luego de la tragedia de Buffalo, Nueva York. Y se trata de la peor en la historia de los Estados Unidos, tras la de la escuela Sandy Hook Elementary de Newtown, en 2012, en la cual murieron 20 niños; y Columbine, en 1999, cuando mataron a 12 alumnos y un maestro.
El presidente Joe Biden, en un mensaje a la nación el día de la tragedia, arremetió contra la industria de las armas de fuego, como responsable central en estas tragedias, e hizo un llamado desesperado a un mayor control de armas. Un esfuerzo de especialistas, políticos y activistas que ya lleva décadas.
La violencia con armas de fuego, que abarca a masacres y a actos individuales, mata a 38,000 personas e hiere a 85,000 cada año en los Estados Unidos.
La American Public Health Association (APHA) define a la violencia con armas de fuego como una crisis de salud pública. "El problema de la violencia armada es complejo y está profundamente arraigado en nuestra cultura, por lo que debemos adoptar un enfoque de salud pública para garantizar que nuestras familias y comunidades estén seguras. Debemos poner un énfasis renovado en mejorar la investigación sobre lesiones y violencia con armas de fuego".
El control de la portación de armas es uno de los debates más potentes, enfatiza la entidad.
Antes de la masacre de Uvalde, en lo que va de 2022 ya había habido, a nivel nacional, 77 incidentes con armas de fuego en espacios escolares, resultando en 14 muertes y 45 heridos.
La APHA muestra con datos como la carga de la violencia armada en los Estados Unidos supera ampliamente a la de otros países:
De todas las muertes por armas de fuego en 2019 en casi dos docenas de países de gran población y de altos ingresos, incluida Australia, Francia, Italia, España y el Reino Unido, el 82 % ocurre en los EE.UU. y el 91 % de los niños muertos por armas de fuego en este grupo de naciones son estadounidenses.
En los Estados Unidos, la violencia armada afecta a personas de todas las edades y razas, pero tiene un impacto desproporcionado en los adultos jóvenes, hombres y minorías raciales/étnicas.
Entre los residentes de EE.UU. de 15 a 24 años, el homicidio es la principal causa de muerte entre los negros no hispanos, la segunda entre los hispanos, y la cuarta entre los blancos no hispanos.
Si bien la mayoría de la violencia con armas de fuego no implica un tiroteo masivo, solo en 2019 hubo 418 tiroteos masivos, matando a 464 personas e hiriendo a otras 1,710.
La violencia armada le cuesta a los EE.UU. $280 mil millones al año.
Los costos sociales de las lesiones por agresión con armas de fuego incluyen pérdida de trabajo, atención médica/de salud mental, atención de emergencia, transporte, actividades policiales/de justicia penal, procesamiento de reclamos de seguros, costos del empleador y disminución de la calidad de vida.
Lo paradójico es que la violencia con armas de fuego es prevenible.
¿Qué se puede hacer?
Un enfoque de salud pública para prevenir la violencia armada reconoce que la violencia es contagiosa y puede convertirse en una epidemia dentro de una sociedad.
La prevención primaria implica el uso de actividades básicas de salud pública para interrumpir la transmisión de la violencia: realizar vigilancia para rastrear muertes y lesiones relacionadas con armas de fuego, obtener información sobre las causas de la violencia armada y evaluar el impacto de las intervenciones; identificar el riesgo y los factores asociados con la violencia armada (por ejemplo, pobreza y depresión)
También poner en marcha factores protectores contra la violencia armada, por ejemplo, intervenciones comunitarias, el acceso de un joven a un adulto de confianza, reducir los factores de riesgo y desarrollar la resiliencia, entre otras estrategias.
Es importante destacar que la prevención no requiere predecir quién será violento. Así como las normas de seguridad aérea es lograr que los viajes aéreos sean más seguros para todos, las medidas de sentido común para prevenir la violencia armada hacen que las comunidades sean más seguras para todo el mundo.
Para mejorar la respuesta de salud pública de la nación a la violencia armada, según la APHA, son necesarias:
Vigilancia Continua. En el año fiscal 2020, el Congreso otorgó $23.5 millones al National Violent Death Reporting System para financiar la vigilancia de la violencia en los 50 estados, Puerto Rico y el Distrito de Columbia. Esto, dicen expertos, brindará una imagen más completa de la violencia armada en los Estados Unidos.
Más investigación. Varias leyes han restringido la investigación financiada por el gobierno federal relacionada con la violencia con armas, así como acceso a datos completos sobre armas de fuego, lo que ha resultado en una brecha significativa en investigaciones disponibles sobre las causas de la violencia armada. Por ejemplo: casi no hay ninguna evidencia creíble que las leyes de derecho a portar aumentan o disminuyen los delitos violentos; casi ninguna evidencia empírica para apoyar decenas de programas de prevención de la violencia para niños; y escasos datos sobre el vínculo entre la política de armas de fuego y el suicidio.
Un dato positivo: el Congreso proporcionó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud un total de $25 millones en el año fiscal 2021 para investigación sobre la prevención de la violencia armada.
Políticas de armas basadas en el sentido común. La APHA apoya exigir verificaciones de antecedentes penales para todas las compras de armas de fuego, incluidas las que se venden en ferias de armas y a través de Internet. Actualmente, los vendedores de armas de fuego privados están exentos de realizar verificaciones de antecedentes penales de los compradores en ferias de armas, dando acceso a las armas a criminales, pero también a personas con afecciones de salud mental.
La APHA y otras entidades académicas también apoyan restablecer la prohibición federal de armas de asalto y cargadores de municiones de alta capacidad, que expiraron en 2004.
Órdenes de Protección por Riesgo Extremo (ERPO). Las ERPO permiten que los miembros de la familia o las fuerzas del orden público presenten peticiones ante un juez para retirar temporalmente un arma de fuego de una persona que se considere en riesgo de dañarse a sí misma o a otros. Dieciséis estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que autorizan a los tribunales a emitir una ERPO.
Incentivar a más estados para que promulguen leyes ERPO podría prevenir más violencia armada, como la que acaba de matar a 19 niños y dos maestros en Texas.
Fuentes: APHA, APA, CDC, archivo del Congreso.
