Martín Soria: una guerra ha comenzado

Joaquín Morales Solá
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Martín Soria y Alberto Fernández; el diputado rionegrino asume en el Ministerio de Justicia con el objetivo declarado de "desmontar el lawfare"
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Fue inútil. Durante una semana, el Presidente imaginó fórmulas diversas para resolver un problema que carecía de una solución buena. Desde el momento en que entregó la cabeza de su exministra de Justicia Marcela Losardo, ya no le fue posible jugar con los matices. Buscar, como él buscó, un candidato que le cayera simpático a Cristina Kirchner, pero que a la vez no fuera un cristinista explícito, era una fantasía política que alargó durante siete días interminables. La vicepresidenta no fue una nunca una persona de matices; mucho menos lo es ahora, acosada por graves investigaciones judiciales. La política está con ella o está contra ella. El Ministerio de Justicia es ya un lugar colonizado absolutamente por Cristina Kirchner. Sus enemigos son los jueces y los periodistas independientes. La guerra ha comenzado.

La elección de Martín Soria es una mala decisión política, que lo desfigurará aun más al Presidente. Ya había profundizado su debilidad cuando dejó caer a Losardo, pero con Soria se verá obligado a suscribir posiciones radicalizadas propias de la expresidenta. Los argumentos de Alberto Fernández para señalar que Soria no es kirchnerista son pueriles. Dijo que su hermana, la entonces diputada María Emilia Soria, había votado a favor del desafuero de Julio De Vido. Importa poco lo que hacía la hermana de Soria en épocas prehistóricas. Mucho más importante es lo que hizo el nuevo ministro en tiempos más recientes. Hurgó en el libro de entradas de la Casa de Gobierno o en el de las audiencias del entonces presidente Mauricio Macri para sacar absurdas conclusiones sobre el lawfare. Encontró los nombres de periodistas y de jueces, que ingresaron en días o en horas distintas, y sacó conclusiones desopilantes. El Presidente valoró ese trabajo de Soria. ¿Lo dijo en serio? ¿O le estaba hablando a Cristina?

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Entre los hallazgos de Soria están algunas reuniones, en el marco del off the record, de Macri con periodistas. Soria fue hasta hace poco un político provinciano y es probable que se sorprenda de que un presidente se reúna con periodistas en conversaciones informales. Alberto Fernández no puede estar sinceramente de acuerdo con eso. Pocos políticos han frecuentado tanto el off the record como él. Promovía esa clase de reuniones con periodistas cuando era jefe de Gabinete de Néstor y de Cristina Kirchner, cuando se cruzó a la oposición al cristinismo y ahora mismo, cuando es presidente de la Nación. Su predisposición a atender las consultas de los periodistas es un gesto que merece el elogio, siempre que no convierta esa misma práctica en un pecado imperdonable cuando lo hacen otros políticos o lo hacían otros presidentes.

En efecto, Soria ya dio nombres de periodistas porque simplemente ingresaron a la Casa de Gobierno en tiempos de Macri. En un ejercicio de cristinismo explícito, vinculó esos ingresos con decisiones políticas que luego tomó el gobierno de Macri o con publicaciones que después hicieron medios periodísticos. Merece formar parte de la era cristinista en la que reinó Jaime Stiuso como mandamás de los servicios de inteligencia. Un viejo recorte periodístico, una foto de color sepia o una llamada telefónica interceptada ilegalmente servían para construir un escándalo de enormes proporciones, aunque en el fondo no había nada. Es también la vieja tara del cristinismo: los periodistas son meros escribidores de cosas que le dictan los dueños del poder, sea este político, económico o mediático. Una nueva era de ofensas, agravios y calumnias contra editores periodísticos y periodistas se avecina. No es una deducción en el vacío; Soria ya hizo esa tarea cuando cultivaba su futura designación como ministro de Justicia.

La designación de Soria llegó cuando el Presidente deslizó la noticia en la grabación de una entrevista en la televisión en la tarde el lunes. Son llamativas las formas de Alberto Fernández. Despidió a la exministra Losardo durante un reportaje en la televisión y nombró a Soria también en una conversación televisiva. Hasta ahora, las remociones y nombramientos de ministros respetaban ceremonias más serias. ¿Serán intentos fallidos de explicar lo inexplicable? ¿Será que trata de que una información, que sabe que caerá mal, tenga al mismo tiempo los argumentos del propio presidente? ¿O será que se siente más cómodo hablando de esos temas con ciertos periodistas antes que con sus propios asesores, que seguramente lo cuestionan y lo cuestionarán? Aunque es difícil encontrar la razón de semejantes maneras, lo cierto es que son también los efectos previsibles de la intensa presión que vive el jefe del Estado dentro de una rara coalición, en la que la jefa de hecho no es la jefa formal. Y el jefe formal, que es él, no es el jefe de hecho, que es Cristina.

Ministerio propio

La vicepresidente tiene ahora en el Ministerio de Justicia a un ejército propio. El viceministro, Juan Martín Mena; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y la titular del Servicio Penitenciario Federal, María Garrigós de Rébori, quien como jueza fue una de las fundadoras de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima, responden directamente al Instituto Patria, sancta sanctorum del cristinismo, no a la Casa de Gobierno. Ayer, el ministro Soria dijo que Cristina Kirchner no quiere echar jueces (no puede, en verdad); quiere, señaló, que los mismos jueces que la juzgaron la liberen de culpa y cargo. A nadie se le niega el derecho a la esperanza. Pero, ¿es una imposición? Lo parece, al menos, viniendo de boca del titular de la cartera de Justicia. La misión de condenar o sobreseer a Cristina Kirchner está, mal que le pese al ministro, en manos exclusivas de los jueces. No es una tarea del ministro de Justicia, si esa fuera la agenda que se estableció el propio Soria, ni de la vicepresidenta, que no puede juzgarse a sí misma. El problema son los jueces y a eso se debe la guerra que se anuncia.

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Una guerra que será prolongada y que tendrá un final incierto. El oficialismo no tiene la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados como para sacarle al Congreso decisiones arbitrarias sobre la Justicia. Ya se vio con la módica y confusa reforma judicial que Alberto Fernández envió para la aprobación parlamentaria. No sale de Diputados. Tampoco sale la reforma de la ley del Ministerio Público, que modifica la forma de la aprobación senatorial del jefe de los fiscales y crea un tribunal de disciplina de los fiscales que fulminará a todos los magistrados independientes. “Esa reforma es un pelotón de fusilamiento”, la describió el fiscal Carlos Rívolo, presidente de la Asociación de Fiscales. La presencia iridiscente de Cristina Kirchner en el escenario de la política aleja a dirigentes como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, o como Roberto Lavagna, que lideran bloques que podrían darle una mayoría en Diputados al Gobierno.

El otro obstáculo no menor que tiene el oficialismo es la relación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura. Ahí se necesitan los dos tercios de los votos para destituir a los jueces. No los tiene. Cuenta con 7 miembros y se necesitan 9 para reunir los dos tercios. Pero tiene, sí, una mayoría simple para aplicar sanciones a los jueces díscolos. Hace poco, el representante de los jueces en el Consejo, Ricardo Recondo, ayudó a aprobar la designación de jueces que no debieron serlo por sus antecedentes, no por su calidad académica. Recondo se abroqueló ahora en las posiciones más rígidas contra la destitución de jueces. “No dejará que caiga un juez ni aunque me traigan a Satanás, no lo haré yo al menos”, se lo escuchó decir. “Intenté cerrar la grieta en la Justicia, pero son incorregibles. Se terminó”, lo escucharon otros. El caso de Recondo es paradigmático de lo que está sucediendo en la Justicia. La ofensiva contra los jueces abroqueló ya al 80 por ciento de los magistrados. “Es hora de resistir”, es la frase que más se repite entre los jueces.

El Presidente lidera una sociedad angustiada por otros asuntos, como la lentísima evolución de la vacunación contra el Covid-19 o la crisis económica que ahondó la pandemia, que ya devastó el comercio y la pequeña y mediana empresa. Su prioridad es, sin embargo, la Justicia, porque esa es la prioridad de Cristina Kirchner. Alberto Fernández eligió comenzar una guerra inútil en su momento de mayor debilidad política. Si esas son sus opciones, cerca de Cristina y lejos de la sociedad, el Presidente no podrá atribuirle su mala hora a la adversidad ni a sus enemigos.