Cuando la "maquinita" deja de ser tabú

Néstor O. Scibona

Hasta algunos de los economistas más ortodoxos recomiendan ahora que el Banco Central emita más pesos para atenuar los efectos de la inevitable cuarentena obligatoria por el coronavirus sobre la actividad económica. No es que piensen distinto, sino un baño de pragmatismo: con déficit fiscal y sin posibilidad de tomar deuda para financiar mayores gastos extra del Tesoro, la "maquinita" aparece como un mal menor frente a la perspectiva cierta de problemas para el pago de sueldos y posibles cierres o quiebras de empresas.

Como ocurre con todas las recetas, la clave está en la dosis, focalización y duración del tratamiento monetario; máxime con una inflación todavía alta. En una situación de emergencia, el agua puede servir para enfrentar una sequía, pero también para provocar una inundación. Por eso quienes aconsejan emitir advierten "no hacerlo a lo loco", utilizando las mismas palabras del presidente Alberto Fernández; ni "tirar plata desde el helicóptero", una frase popularizada por Ben Bernanke (ex titular de la Reserva Federal de los EE.UU.).

Hasta que se decretó la cuarentena, el BCRA ya venía aumentando la emisión para asistir al Tesoro, cubrir parte de los vencimientos de deuda en pesos y comprar dólares del superávit comercial. Aun así, la suspensión transitoria del clearing bancario y el freno forzado de muchos sectores provocaron en los últimos días una escasez de liquidez que pone en riesgo la cadena de pagos, además de haberse reflejado en el retroceso de las cotizaciones alternativas del dólar. Ahora, al darse por descontada la extensión a abril del aislamiento, la expectativa es de mayor uso de la "maquinita". Incluso como alternativa a la emisión de cuasi monedas provinciales propuesta por varios gobernadores en la Casa Rosada.

El eje de preservar la salud de la población mediante la cuarentena extendida y asegurar la provisión de productos y servicios esenciales, cambia las prioridades oficiales en materia económica y las concentra en el cortísimo plazo. El objetivo ya no es tanto reactivar el consumo, sino brindar una protección extra -al menos por un mes- a los sectores más vulnerables o sin ingresos fijos (como la asignación de $ 10.000 a trabajadores informales, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías A y B) y reducir daños a las empresas a través de créditos subsidiados al 24% anual para evitar que la curva de la recesión se asemeje a un tobogán, como sí sería deseable en la de contagios.

Sin embargo, el mayor problema está focalizado en los numerosos sectores de bienes y servicios no esenciales que ya venían golpeados por la recesión, deben interrumpir su actividad debido al aislamiento obligatorio, dejan de generar ingresos, acumulan pérdidas y enfrentan dificultades de pago; entre ellas, a empleados y proveedores. A esto se suma la notoria escasez de medidas de alivio impositivo de carácter general.

En este escenario excepcional están surgiendo propuestas alternativas de especialistas privados. Una de las más interesantes son las "medidas concretas de acción tributaria integral para enfrentar al coronavirus" elaboradas por el equipo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz.

A grandes rasgos, el trabajo plantea garantizar asistencia a empresas y contribuyentes de todo el país, a través de la eximición de los aportes previsionales de marzo y el diferimiento por 180 días de anticipos e impuestos nacionales, provinciales y municipales que vencen en abril, así como préstamos directos a empleadores (de aceptación voluntaria) con trámite online y acreditación en cuentas sueldo, reintegrables en cinco cuotas a partir de junio. La vía de financiamiento será la emisión de pesos por parte del BCRA, con el marco legal que lo permita y la garantía de recuperación de los fondos para evitar que, tras el pico de la pandemia, quede un excedente de liquidez excesivo en la economía. De ahí que debería ser coordinado como adelanto a las provincias y sus municipios, a ser devuelto por retención de coparticipación cuando cobren los impuestos diferidos en abril.

Entre las medidas propuestas por el Iaraf para monotributistas y autónomos que redujeron su facturación este mes (en un porcentaje a determinar, controlable por el sistema electrónico de la AFIP), figura la suspensión del pago del 5° anticipo de impuesto a las Ganancias, a abonarse luego con la declaración jurada y un plan de pagos para el saldo de 2019 en seis cuotas sin interés 60 días después de la cuarentena y una reducción automática de 30% en los anticipos de 2020. También la eximición de aportes personales y contribuciones patronales de marzo (y abril, si se extiende el aislamiento) a condición de que mantengan su dotación laboral al 15 de marzo, así como del pago del monotributo y de autónomos de abril, más apoyos directos o préstamos con el requisito de adhesión al débito automático de pagos. Para pymes y empresas prevé un tratamiento similar en Ganancias y aportes previsionales; préstamos directos y voluntarios en cuentas sueldo (de hasta $20.000 por trabajador y $30.000 para turismo, hotelería y restaurantes), la prórroga por 180 días de los vencimientos de abril de IVA, Ingresos Brutos provincial y tasa municipal sobre la actividad económica y la eximición de pago del impuesto automotor para las empresas de transporte de pasajeros y de logística.

Con carácter general, el trabajo pide la prórroga del plazo de repatriación de capitales para evitar el pago de la tasa adicional de Bienes Personales, que vence el martes 31 y del fijado para acogerse a la moratoria, así como la refinanciación de las cuotas que vencen en abril de los planes de pago vigentes para evitar su caducidad.

El Iaraf calcula que estas medidas inyectarían en abril fondos para sostener al sector privado por $435.000 millones (1,34% del PBI), de los cuales el sector público nacional resignaría $268.000 millones; las provincias $131.600 millones y los municipios $35.000 millones. Como varias de ellas consisten en diferimientos y préstamos a devolver dentro de 2020, el costo fiscal para todo el año equivaldría a $155.000, con un déficit adicional de 0,5% del PBI que, en caso de repetirse en mayo sumaría otro 0,4% y dependerá de la curva de contagios.