Malestar del gobierno chileno por un informe sobre derechos humanos

Víctor García

SANTIAGO, Chile.- La pugna entre el gobierno de Chile y Amnistía Internacional (AI) por el informe que denunció graves violaciones de los derechos humanos en la represión del estallido social, escaló en su tensión luego de la declaración del organismo que calificó de "lamentable" el rechazo hacia la investigación que hizo la administración de Sebastián Piñera.

"Ha sido lamentable la respuesta del Estado, ha sido lamentable precisamente por desconocer la dimensión y la magnitud de las violaciones de los derechos humanos. La información recabada es muy contundente. Aquí estamos frente a ataques en contra de la población. Decimos que son ataques porque se trata de múltiples actos de violencia de distintas formas, actos de violencia armada, de tortura, de maltrato físico y psicológico en contra de la población que se ha manifestado o, inclusive, aquella población que se percibe como manifestante", indicó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.

Desde La Moneda levantaron el tono y calificaron el trabajo como "irresponsable". Además fustigaron a la organización por no solicitar información al gobierno, en una fuerte crítica que profundizó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

"Tiene imputaciones que son absolutamente equívocas, y por lo mismo la disposición tanto mía como de todas las autoridades de gobierno es dar todas las facilidades a todas las instituciones en materia de derechos humanos. Y vamos a estar siempre disponibles para reunirnos con cualquier institución que tenga interés en poder conocer la situación", declaró el funcionario luego de realizar, precisamente, un comité interministerial de Derechos Humanos que se desarrolló en La Moneda.

Pero además de las autoridades, el informe de AI también recibió duros reparos por parte de las Fuerzas Armadas chilenas que realizaron una declaración que firmaron en conjunto y que fue visada por el Ministerio de Defensa, en un comentado gesto de apoyo.

"La extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FF.AA. en este sentido", rezó el texto firmado por Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.

"Tampoco es cierto que, durante el período que rigió el estado de Excepción Constitucional, las FF.AA. hubieran actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban para desincentivar la protesta social. Al contrario, su intención fue la de proteger a la población, los derechos de nuestros compatriotas y la infraestructura crítica de nuestro país, ante los graves delitos con altos grados de violencia que se estaban cometiendo", añadió otro ítem del texto, que también recibió cuestionamientos desde la oposición por incumplir el deber constitucional de los militares respecto de la subordinación y no a la deliberación.

El informe que realizó AI desde el 28 de octubre, contó con un equipo especial de crisis de la ONG que trabajó en el terreno conformado por Pilar San Martín, investigadora para contextos de crisis en América, y César Marín, encargado de campañas tácticas de situaciones de crisis. En uno de los párrafos se indicó que el Ejército y Carabineros realizaron ataques generalizados en contra de la población usando la fuerza "de forma innecesaria y excesiva".

Por otro lado, el equipo de cuatro observadores enviados por la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas -a cargo de la expresidenta Michelle Bachelet- finalizó su trabajo en el país, después de entrevistarse con más de 230 víctimas.

Entre ellas están incluidas personas detenidas y heridas durante las manifestaciones, al igual que carabineros lesionados, en encuentros realizados en comisarías, cárceles y hospitales.

"Escuchamos extensos testimonios, muchos de ellos perturbadores", manifestaron.