Magistrados tunecinos denuncian la "justicia del teléfono"

Túnez, 17 jul (EFE).- Los magistrados tunecinos denuncian la llamada "justicia del teléfono", en la que el presidente, Kais Said, ordena sentencias o la apertura de casos, después de haberse arrogado plenos poderes a golpe de decreto y lanzar una campaña para "sanear" el poder judicial.

Desde su llegada a Cartago a finales de 2019, el mandatario, profesor universitario de Derecho Constitucional, no ha ocultado su intención de reformar el sistema judicial, al que acusa de defender intereses personales y de falta de neutralidad; mientras los jueces advierten de una injerencia del Ejecutivo y represalias contra quienes no se muestran dóciles.

En su batalla contra la "corrupción", Said disolvió en febrero pasado el Consejo Superior de Magistratura (CSM)- órgano constitucional creado en 2016 para velar por la independencia de la justicia- y formó otro "provisional" con miembros elegidos por él mismo.

"Mantiene un discurso agresivo contra los jueces y utiliza términos bélicos como cuando dice que tiene misiles en la rampa de lanzamiento listos para disparar al corazón del sistema judicial. Tememos que prolifere esta nueva cultura de la violencia contra todo aquel que dice no al presidente", señala a Efe el responsable de la Asociación de Magistrados Tunecinos (AMT), Anas Hamadi.

Esta retórica, asegura Hamadi, da carta blanca a grupos reaccionarios pro-Said que se benefician de la protección del Ministerio del Interior para difundir en las redes sociales campañas de "linchamiento" con listas de jueces "corruptos", acompañadas de sus fotografías, lugar de trabajo e, incluso, amenazas de muerte.

En junio, Said destituyó a 57 jueces- a través de una lista nominativa publicada en el Boletín Oficial del Estado- por supuestos casos de corrupción, encubrimiento de terroristas, atentado contra la seguridad del Estado, acoso sexual y atentado contra el pudor.

Este último caso provocó gran escándalo entre militantes feministas después de que la jueza implicada explicase en la prensa que se vio obligada en 2020 a realizar un "test de virginidad"- cuyo expediente médico y datos personales fueron divulgados en internet recientemente- tras se acusada de mantener relaciones con un hombre casado, puesto que el Código Penal castiga con hasta cinco años de cárcel el adulterio.

El decreto presidencial recoge además que los destituidos sólo pueden apelar contra esta decisión tras una sentencia definitiva por lo que viola la presunción de inocencia, alertan organizaciones como Human Rights Watch.

UNA SENTENCIA EJEMPLAR

Uno de los 57 cesados, revela a Efe un destacado líder de la oposición que prefiere mantener el anonimato, fue suspendido por haberse negado a ordenar su detención a principios de año y afirma que el régimen prepara una oleada de arrestos contra importantes figuras políticas tras el referéndum constitucional del próximo 25 de julio.

Para protestar contra este cese colectivo, los magistrados iniciaron en junio una huelga indefinida con la que bloquearon los tribunales de todo país pero fue suspendida un mes más tarde ante la ausencia de reacción por parte de las autoridades, que se limitaron a advertir de la retirada del sueldo.

En su proyecto de Carta Magna, calificada de "ultrapresidencialista" por los expertos, Said considera la justicia no como un poder independiente sino como una "función" del Estado, se arroga prerrogativas para nombrar y cesar unilateralmente a jueces y priva a estos del derecho a huelga.

"Si un juez es tratado de esta manera, ¿qué ocurrirá con un simple ciudadano?", se pregunta el exdecano del Colegio de Abogados, Abderrazek Kilani, detenido en marzo durante tres semanas y sentenciado por un tribunal de excepción militar -prohibido por la actual constitución- a un mes de prisión.

Los cargos que se le imputan a este antiguo embajador ante Naciones Unidas es "ultraje a un funcionario público" tras instar a agentes de Policía a que respetasen la ley después de que le impidiesen visitar a su cliente, el exministro de Justicia Noureddine Bhiri.

"El mensaje del presidente es: tened cuidado, cualquiera puede terminar en la cárcel. Lo que ha hecho con los jueces es obtener las llaves de la prisión para un ajuste de cuentas contra sus adversarios políticos e imponer un régimen dictatorial", critica Kilani, que lamenta que ya no existan garantías mínimas de un proceso justo ni seguridad en el país.

Natalia Román Morte

(c) Agencia EFE

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