Magistrado denunciado por violar a sus hijas tuvo audiencia especial, condenan activistas

Itxaro Arteta (@iartetam)
Magistrado Cavazos en audiencia junto con sus abogados

El Congreso de la Ciudad de México recibió por segunda vez al magistrado Manuel Horacio Cavazos López, que ya había comparecido el 5 de febrero para ser ratificado en el cargo, ahora para acudir con su abogado a “desvirtuar” la demanda de presuntas agresiones sexuales contra sus hijas que pesa en su contra, lo que fue criticado por legisladores y activistas como un acto sin precedentes.

Tanto algunos diputados como activistas de derechos humanos que acudieron a la audiencia pública y manifestantes afuera del Congreso cuestionaron que se le haya dado esta posibilidad, que decidió unilateralmente el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán.

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Olga Noriega, exconsejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), que acudió a rebatir los argumentos del magistrado, ya que conoce personalmente a su exesposa y los detalles del caso, opinó en entrevista posterior que había sido un “teatro”, y que está claro que lo que más le importa no son sus hijas, sino su ratificación.

“Muy mal. Le dieron un espacio los diputados para decir que es inocente y para defender su caso. Está haciendo justamente lo que el abogado defensor, Gabriel Regino, dice que nosotras estamos haciendo: ‘mediatizando el asunto’. Y si el asunto se mediatizó fue porque no había justicia, porque a meses de puesta la denuncia, la Fiscalía no actúa, cuando hay indicios para actuar”, señaló.

Noriega se había mantenido al margen del asunto, solo asesorando a la madre de las niñas en privado, pero al enterarse de que habría una nueva audiencia decidió presentarse. Al inicio pidió la palabra, a lo que el presidente de la Comisión dijo que no habría participaciones del público. Pero como interrumpió al abogado del magistrado acusando que era falso lo que decía, el legislador aceptó que hablara al final. Cuando llegó el momento, Cavazos y sus abogados se levantaron y se fueron sin oír lo que iba a decir.

“La forma de pararse e irse, pues… claro, yo no fui nada amable, los defensores de derechos humanos tenemos algo en la panza que luego se nos sale. Pero se pararon y se fueron, ¿por qué?, pues porque saben que están las pruebas ahí. Llegó a mentir así el abogado”, afirmó.

Además, señaló que es absurdo el argumento de que la mamá de las niñas busca dinero porque si el caso avanza, perderá el 30% de pensión que recibe mensualmente, “resultaría muy cómodo ser la exesposa de un magistrado, tendría su vida económica resuelta”.

“Justicia es lo que pedimos. Hoy fue un acto político, en donde el señor ha llevado todo su teatro. Qué bueno que logramos entrar, qué bueno que logramos levantar la voz, porque el 99% de los delitos sexuales contra niños y niñas queda impune”, lamentó.

Justifican derecho de audiencia

Cavazos se presentó con su abogado, Gabriel Regino, exsecretario de seguridad del entonces Distrito Federal de 2002 a 2006 y que, según versiones periodísticas, fue señalado en el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán por haber recibido sobornos, lo que fue negado en su momento por el exfuncionario. Regino habló durante casi 18 minutos y Cavazos, durante tres; otra abogada que los acompañaba no tomó la palabra.

Al terminar, el diputado Carlos Hernández Mirón, de Morena, dijo que reconocía que Santillán hubiera dado la oportunidad de volver a tratar el tema, pero que el compareciente ya había tenido su oportunidad de hablar.

“Quiero precisar que había ya un orden establecido en donde cada uno de los magistrados y magistradas recurrían a este Congreso a fijar su posición. Este es un acto excepcional que se está llevando a cabo, y me parece que en su momento ya habíamos hablado, se había escuchado al magistrado, hubo una serie de entrevistas con antelación”, recordó.

El diputado independiente Guillermo Lerdo de Tejada comentó que en ningún otro proceso de los que han tenido en esta legislatura se ha dado una situación similar, y que él no había estado de acuerdo en que hubiera esta segunda audiencia.

La justificación de Santillán fue que está garantizado por la Constitución federal, en los artículos 1 y 8, el derecho de audiencia cuando se tocan temas públicos, y porque hasta este jueves estaba abierto el proceso legal para considerar todas las opiniones y elementos en la ratificación de siete magistrados del Tribunal.

“Se consideró que al estar dentro de un proceso de consulta, era de atenderse la solicitud. Así como las personas que también en este momento decidieron expresar opiniones a la Comisión. Entre más opiniones tenga la Comisión, más elementos para normar su criterio”, afirmó.

Confirmó a Animal Político que la decisión no fue consensuada con el resto de integrantes de la Comisión, porque es facultad del presidente otorgarla.

Protestas y más firmas contra las ratificaciones

A la par que Santillán concedió esta nueva audiencia –solicitada desde el lunes, pero de la que se informó públicamente apenas el miércoles, menos de 24 horas antes–, rechazó un escrito con más de 657 firmas pidiendo la no ratificación, que recabó por internet y entregó la Fundación Arcoíris. En un correo electrónico, del que Animal Político tiene copia, la presidencia de la comisión señala que serían necesarias las firmas de puño y letra.

“Es necesario que dichas personas hagan llegar el sentido de sus opiniones (sea cual fuere) de manera personal por escrito con firma autógrafa y con datos que permitan su identificación y en dado momento poder contactarles posteriormente. (…) De lo contrario, nos veríamos impedidos a validar el documento hecho llegar con la firma y respaldo del número de personas que se menciona y solamente considerar la suya que cumple con las características antes mencionadas”, puntualiza el correo.

Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, Santillán lo negó y dijo que se recibían todas las opiniones, todas se tomaban en cuenta y se remitían al resto de los diputados. Pero otro integrante de la comisión dijo que no había sido notificado de dicha carta.

Este mismo jueves, la Red de Abogadas Feministas de México (Redafem), presentó 43 firmas más contra la ratificación de Cavazos.

“Esperamos tomen en cuenta el interés superior de la infancia y respondan a las leyes de protección a víctimas de violencia sexual, ya que una niña o niño no mienten respecto de una situación de violencia sexual, precisamente por la naturaleza de estos ilícitos; es decir, su naturaleza oculta es que cobra relevancia en su testimonio y en este caso fueron consistentes entre lo narrado al Ministerio Público y peritos, así como en el Centro de Atención de la propia Fiscalía y ahora en sus terapias psicológicas efectuadas en Adivac”, dice la carta.

También está en contra de la ratificación de la magistrada Patricia Gudiño, que en su comparecencia para ser ratificada propuso retomar la figura de “alienación parental” no solo para quitar la custodia, sino para castigar con cárcel a la madre o padre que supuestamente manipule a sus hijos. Esa teoría ha sido mundialmente cuestionada y en la propia Ciudad de México se derogó en 2017, luego de la muerte de una mujer y sus hijos, de los que una jueza pretendía darle la custodia al padre, acusado de abuso sexual.

Fundación Arcoíris, quien juntó las primeras firmas contra Cavazos, envió una segunda carta también contra Gudiño, que recogió 175 firmas.

Al exterior del Congreso de la Ciudad de México, activistas de estas dos organizaciones y mujeres abogadas de la comunidad de Egresados del Posgrado de Derecho de la UNAM esperaban a Cavazos con pancartas de rechazo. Cuando salió, le gritaron “magistrado violador”, por lo que regresó al interior del recinto y salió por otra puerta alterna.

En entrevista, las manifestantes dijeron que se organizaron apenas en la mañana cuando se enteraron que habría una nueva comparecencia y vieron el hashtag en redes sociales #NoRatificaciónCavazos. Algunas dijeron conocer detalles de la denuncia y expresaron su convicción de que el proceso legal se está entorpeciendo por el poder del cargo del magistrado.

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