Maestros de inglés denuncian que no fueron recontratados por represalia a sus reclamos

Nayeli Roldán (@nayaroldan)
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Clases Chiapas
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Clara Santos trabajó durante dos años como maestra de inglés en primarias públicas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asegura que en 2019 ya no fue contratada en represalia por unirse al movimiento de maestros que demandan condiciones laborales básicas como prestaciones, consideración de antigüedad y basificación, tomando en cuenta que trabajan para el Gobierno Federal.

Al igual que Clara en 2019, en este 2020, más de 2 mil maestros no fueron recontratados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), dice Rigel Guzmán la líder de este movimiento de maestros, pese a que algunos tenían antigüedad de hasta 10 años y no se les brindó ningún tipo de beneficio social.

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En el caso de Clara, ella nunca tuvo un contrato formal de trabajo, sino provisionales que firmaba cada tres meses donde se le llamaba “asesor externo especializado”, sin ser reconocida como docente, pese a que daba clases en salón, entregaba calificaciones y hacía reportes de labores.

Clara formaba parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI), que opera en primarias y secundarias públicas de todo el país desde 2009. Sin embargo, pese a tener reglas de operación, su funcionamiento no es homogéneo. Mientras maestros de Chiapas ganan 96 pesos por hora los de Ciudad de México reciben 400 pesos. Además, las contrataciones dependen de coordinadores en los estados, sin que haya mecanismos claros para su selección.

Hasta 2016 sumaban 149 mil 945 escuelas en el programa, de las cuales 60 mil 183 son de nivel preescolar, 77,821 nivel primaria y 11,941 nivel secundaria. Esto implicaba que 7 mil 516 alumnos de nivel preescolar, 13 mil 623 de primaria y 11 mil 954 de secundaria recibieran clases de inglés, de acuerdo con la evaluación de diseño de ese año.

En 2019 el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Clara ya no fue recontratada, el Programa tuvo el primer recorte drástico entre los últimos cinco años.

Así ocurrió el recorte. En 2016 tuvo un presupuesto de 789 millones de pesos, en 2018 pasó a 826 millones de pesos, en 2019 tuvo un recorte del 50% (tuvo un presupuesto de 400 millones de pesos), y para este 2020 aumentó a 426 millones de pesos comparado con el año anterior.

Pese a ser un programa previsto en el programa oficial de estudios, las condiciones laborales de sus docentes son precarias, por eso demandan que el presidente López Obrador cumpla su promesa de campaña sobre la basificación de miles de maestros en su situación.

Por eso, maestros de todo el país se organizaron en el movimiento Teachers Haciendo Camino que ha protestado en los estados y, recientemente en Palacio Nacional, para que el presidente los escuche.

Rigel Guzmán, quien encabeza el comité de la organización, asegura que sus demandas se concentran en lograr la certeza laboral a través de tres puntos: creación de un contrato único a nivel nacional, que sean reconocidos como maestros y la basificación de miles de docentes con años de antigüedad.

Por eso han tocado la puerta en la Cámara de Diputados, con la presidente de la Comisión de Educación, Adela Piña; en la SEP, con el secretario Esteban Moctezuma y con funcionarios estatales, porque, de acuerdo con los lineamientos del programa, el presupuesto es un subsidio federal que es transferido a los gobiernos estatales. Pero en ningún caso han encontrado respuesta favorable.

Esto último significa una complejidad en materia laboral, toda vez que los maestros no son empleados del gobierno de Federal ni estatal. Las secretarías de Educación estatales funcionan como reclutadores y ejecutores del gasto, pero no establecen ningún compromiso laboral con los maestros.

Esto significa que, a diferencia del resto de docentes, los maestros de inglés sólo reciben el pago de las horas trabajadas, pero no tienen seguridad social, aguinaldo, pago de vacaciones, ni antigüedad, lo que los coloca en absoluta indefensión cuando son despedidos. Esto es aún peor, tomando en cuenta que “el patrón”, es el gobierno, afirma Rigel Guzmán.

El cambio en sus condiciones pasa por una “voluntad política”, asegura Guzmán, toda vez que el presupuesto existe, y como muestra, los gobiernos como el de Baja California, Tamaulipas y Ciudad de México (a través de la Federación), ya entregaron basificación a sus maestros.

Animal Político solicitó a la SEP una postura respecto a esta problemática, pero no hubo respuesta.

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