Madres protestan en Fiscalía del Edomex por desalojo violento

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TOLUCA, Méx., abril 25 (EL UNIVERSAL).- Madres de mujeres que han sido asesinadas en municipios del Estado de México y violadas, protestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para denunciar las agresiones que sufrieron en Chimalhuacán el pasado 3 de abril cuando fueron desalojadas por la Policía Municipal.

Irinea Buendia, madre de Mariana Lima, la abogada que fue asesinada por su pareja sentimental en el 2010, cuyo feminicidio fue el primero que atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue una de las que acudieron a la capital del Estado de México, para acusar a las autoridades locales de la violencia que sufrieron hace unas semanas 17 mujeres y tres menores de edad que estaban en plantón frente a la sede regional de la fiscalía.

También participó en la protesta Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, una joven que fue asesinada en el 2017 en Chimalhuacán.

Las inconformes se apostaron frente al inmueble de la fiscalía mexiquense con la idea de que serían recibidas por el titular de la corporación, José Luis Cervantes, para exponerle también el caso de un presunto abuso sexual y privación ilegal de la libertad de una menor, supuestamente cometido por policías municipales de Chimalhuacán, pero eso no ocurrió.

"Nosotras pretendíamos que nos diera una reunión el día que él quisiera, por eso dejamos pasar tiempo para que se organizara y nos recibiera, pero ya vimos que las mujeres no le importamos", gritó Irinea Buendía.

Culpó a la fiscal regional de Chimalhuacán, María Esther Nolasco Núñez, y a la alcaldesa morenista, Xóchitl Flores Jiménez, de ser las responsables de las agresiones que cometieron en su contra policías municipales y estatales mientras realizan un plantón en la sede regional de la FGEM hace cuatro semanas.

Fue el 2 de abril, cuando las integrantes de colectivos feministas protestaban en el Centro de Justicia de Chimalhuacán en apoyo a Irene Martínez, mamá de una menor que hace dos años fue privada de la libertad y víctima de abuso sexual, presuntamente por policías de ese municipio.

A la menor entregaron tres días después de su ilegal detención, "violada, drogada, golpeada en una situación lamentable", denunciaron.

Ese día las manifestantes causaron daños a las instalaciones de la FGJEM y durante la madrugada del 3 de abril fueron desalojadas por miembros de las corporaciones, varias de ellas fueron golpeadas por los oficiales, acusaron en las redes sociales.

El Ayuntamiento de Chimalhuacán afirmó que "en ningún momento se agredió a las mujeres ni se actuó con violencia, como acusan, y que siempre se buscó proteger y resguardar la integridad física tanto del personal como de los siete detenidos que se encontraban en el Centro de Justicia, ante la manifestación tan agresiva de parte de ellas".

"A petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el sábado Seguridad Ciudadana de Chimalhuacán prestó apoyo para resguardar el inmueble", dio a conocer entonces el gobierno local.

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