Una madre, una hija y una insólita acción penal por aborto en Nebraska

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La sede de Meta, la empresa matriz de Facebook, en Menlo Park, California, el 16 de febrero de 2022. (Jim Wilson/The New York Times).
La sede de Meta, la empresa matriz de Facebook, en Menlo Park, California, el 16 de febrero de 2022. (Jim Wilson/The New York Times).

La madre envió un mensaje de Facebook a su hija días antes de que la adolescente se realizara un aborto, cuenta la policía. “Oye, ya hay que empezar con esto, ya llegó la mercancía”, escribió en abril y luego añadió: “La pastilla detiene las hormonas y luego hay que esperar 24 horas para que te tomes la otra”.

Unos cuantos días después de esa conversación, la adolescente usó las píldoras para interrumpir su embarazo en casa, según detallan los registros policiales.

Ahora, tanto la madre como la hija se enfrentan a cargos criminales. Sus mensajes de Facebook, que la Policía obtuvo gracias a una orden judicial, se han convertido en la evidencia clave de un inusual proceso penal sobre al aborto.

Las circunstancias del caso no podrían considerarse típicas. De acuerdo con la Policía, el aborto de la adolescente, inducido con medicamentos, ocurrió a inicios del tercer trimestre de embarazo, cuando la gestación es mucho más avanzada que en la gran mayoría de los abortos en Estados Unidos, los cuales se realizan en las primeras 13 semanas. La policía afirma que la madre y la hija enterraron ellas mismas los restos del feto.

A tenor de la cronología policial, todo esto ocurrió dos meses antes de que la Corte Suprema anulara en junio la sentencia del caso de Roe contra Wade, con lo cual se eliminó el derecho constitucional al aborto.

La acción penal contra estas mujeres se basa en leyes de Nebraska que estaban en vigor cuando la sentencia del caso de Roe contra Wade aún tenía vigencia, incluida la prohibición estatal de la mayoría de los abortos después de las 20 semanas.

No obstante, el caso plantea una serie de interrogantes sobre cómo se desarrollarán las acciones judiciales relacionadas con el aborto en un panorama jurídico que está cambiando constantemente, en el que la aplicación de nuevas prohibiciones ya está dividiendo a las autoridades. Asimismo, ha intensificado el debate sobre las restricciones al aborto en la era posterior a la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de Roe contra Wade, al alimentar el temor de que las mujeres, y quienes las ayudan, serán procesadas por interrumpir un embarazo, y de que sus conversaciones privadas serán usadas en su contra.

El uso por parte de la adolescente de píldoras abortivas en una fase tan tardía del embarazo —mucho después de las 10 semanas permitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos— también ha volcado de nuevo la atención al envío de medicamentos por correo, lo cual se ha considerado una solución a medida que se endurecen las restricciones al aborto y se cierran las clínicas.

El plan de tratamiento con píldoras abortivas se considera más seguro al principio del embarazo ya que su eficacia disminuye a medida que este avanza. Según un cálculo basado en la fecha probable de parto facilitada por la policía, la adolescente tenía casi 30 semanas de embarazo cuando abortó, mucho más de las 23 a 24 semanas de gestación generalmente aceptadas como el límite de viabilidad, cuando un feto tiene probabilidades de sobrevivir fuera del útero.

La madre del caso, Jessica Burgess, fue acusada de dos delitos graves en virtud de la ley de aborto de Nebraska: realizar un aborto sin licencia médica y realizar o intentar abortar un feto más de 20 semanas después de la concepción. Los cargos conllevan una pena de hasta dos años de prisión.

Los expertos dijeron que ninguno de los dos cargos puede presentarse contra una mujer que interrumpe su propio embarazo; la hija de Burgess no ha sido acusada de violar la ley que regula el aborto.

Pero ambas mujeres se enfrentan a cargos derivados de leyes que no tienen que ver con los estatutos estatales sobre el aborto: manipulación incorrecta de restos humanos, ocultación de una muerte y denuncia falsa. A la hija, que tenía 17 años en ese momento, la van a juzgar como adulta, lo que significa que su caso no estará protegido por las normas de privacidad del tribunal de menores, y se enfrentará a una sentencia más dura si es declarada culpable.

Burgess no respondió a los cargos en el tribunal; se presentó una declaración de no culpabilidad en su nombre. Su hija también se ha declarado no culpable.

Los procesos judiciales contra mujeres que abortan no son frecuentes, en parte porque hasta hace poco la interrupción del embarazo estaba protegida por la Constitución, y porque el movimiento antiabortista por lo general se ha centrado en perseguir a los proveedores y ha evitado castigar a las mujeres.

Pero los fiscales llevan mucho tiempo haciendo un uso creativo de otras leyes —entre ellas las que regulan el maltrato infantil, el feticidio y la eliminación inadecuada de restos humanos— para criminalizar tanto los abortos espontáneos como los que se producen fuera de los centros clínicos, afirman los expertos.

Entre 2006 y 2020, más de 1300 mujeres fueron procesadas o se enfrentaron a una intervención médica obligatoria como consecuencia de lo que, según las autoridades, era un comportamiento de riesgo para sus embarazos, según National Advocates for Pregnant Women.

En las últimas dos décadas, se han emprendido al menos 61 averiguaciones contra mujeres embarazadas o personas que las ayudaron a practicar abortos autogestionados —los cuales se definen como abortos que se producen fuera de un entorno clínico, incluidos los que utilizan píldoras, hierbas, fuerza física u otros medios — de acuerdo con un grupo de defensa del derecho al aborto que estudió los casos. La mayoría de estas se basaban en estatutos que no estaban relacionados con el aborto.

“Aunque en el pasado vimos fiscales locales que procesaron a personas por gestionar sus propios abortos, sin el precedente de Roe contra Wade de por medio va a ser más común”, indicó Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el derecho al aborto.

La averiguación previa de las Burgess no comenzó como un caso de aborto. A finales de abril, la policía de Norfolk, Nebraska, a dos horas en auto al noroeste de Omaha, comenzó a investigar la “inquietud” de que una joven de 17 años había dado a luz prematuramente a un bebé mortinato y que ella y su madre lo habían enterrado, según los documentos judiciales. El detective Ben McBride obtuvo mediante una orden judicial los historiales médicos de principios de marzo, en los que se mostraba que la adolescente había estado embarazada y que su fecha de parto era el 3 de julio.

Cuando el detective entrevistó a las Burgess, ellas dijeron que el bebé había nacido muerto en la bañera y le mostraron dónde lo enterraron.

El detective dijo que más tarde se enteró de que las mujeres habían enterrado y desenterrado los restos, los llevaron al norte de la ciudad y los volvieron a enterrar. Finalmente, trasladaron los restos por tercera vez. En algún momento, dijo a la policía un hombre que las ayudó, las mujeres intentaron quemar el feto. Los restos fueron exhumados y mostraban signos de “lesiones térmicas”, escribió el detective.

En los casos en los que la policía se ve involucrada en un aborto espontáneo o en un parto de mortinato, a menudo la cuestión más importante es si el bebé nació vivo. De ser así, la mujer implicada podría enfrentarse a cargos más graves. En el caso de las Burgess, la autopsia final indicó que la causa de la muerte era indeterminada. “Los hallazgos eran consistentes con que el feto había nacido muerto”, pero habían metido al feto en una bolsa de plástico, lo que planteaba la posibilidad de asfixia, escribió el detective.

El abogado de Jessica Burgess no quiso hacer comentarios sobre el caso. La oficina del defensor público, que representa a la hija, y la oficina del fiscal no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El fiscal del condado, Joseph Smith, un republicano, le comentó a The Lincoln Journal Star que nunca había presentado cargos relacionados con la realización de un aborto ilegal en sus 32 años de trabajo.

La averiguación hubiera podido terminar ahí, pero cuando el detective preguntó a la hija por la fecha exacta en que terminó el embarazo, ella consultó sus mensajes de Facebook.

Entonces las Burgess fueron acusadas de ocultar un mortinato, pero el detective luego obtuvo una orden de cateo para toda la correspondencia entre la madre y la hija registrada en la aplicación Facebook Messenger.

Ahí encontró pruebas de un aborto inducido con medicamentos, en mensajes en los que la hija “habla de cómo no puede esperar a sacar esa ‘cosa’ de su cuerpo”.

En un intercambio fechado el 20 de abril, la hija escribe: “Recuerda que quemamos las pruebas”. La madre responde: “Claro”.

Las marcas de tiempo de los mensajes de Facebook sugieren que las píldoras tardaron al menos tres semanas en llegar por correo, lo que plantea la posibilidad de que la familia tuviera la intención de interrumpir el embarazo antes. La madre dice que el pedido que llegó el 20 de abril se hizo en marzo.

La clínica de abortos más cercana está a unos 100 kilómetros de distancia, aunque se desconoce si las Burgess buscaron atención en una clínica.

El costo de las píldoras abortivas de venta por correo varía mucho y puede encontrarse muy subvencionado para aquellos que son capaces de sortear el sistema. Sin embargo, un experto aclaró que normalmente cuestan al menos 200 dólares. En los documentos judiciales presentados tras su detención, la madre dijo que solo tenía 400 dólares en su cuenta bancaria y que no podía permitirse un abogado. “Perdí mi trabajo debido a esta situación”, escribió.

© 2022 The New York Times Company