México reconoce responsabilidad parcial en la muerte de Digna Ochoa

·2  min de lectura

José Meléndez, corresponsal

SAN JOSÉ, Costa Rica, abril 27 (EL UNIVERSAL).- México reconoció, este martes por la mañana, parcialmente su responsabilidad internacional en el asesinato de la mexicana Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de los derechos humanos, ocurrido el 19 de octubre de 2001.

El reconocimiento fue hecho por Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y principal expositor de la delegación del Estado mexicano en el segundo y último día de audiencias por vía virtual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentó al elevar el caso a la Corte en octubre de 2019 que el Estado mexicano es responsable de la "vulneración del derecho a la protección judicial" de Ochoa, activista del (no estatal) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La muerte de Ochoa, de 37 años y oriunda de Veracruz, ocurrió en su despacho del Centro Prodh en la colonia Roma, de la capital mexicana.

El mexicano Jesús Ochoa y Plácido, hermano de la víctima, señaló este lunes que la defensora de derechos humanos "fue asesinada de una manera cruel, vilmente", negó en forma reiterada que se hubiera suicidado y acusó que el Estado mexicano bloqueó la indagación del asesinato.

"Crimen de Estado", sentenció la mexicana Karla Micheel Salas, abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos de México y una de las representantes de la familia Ochoa y Plácido.

La Corte concluirá hoy martes las audiencias y el proceso quedará visto para sentencia, cuya fecha de emisión deberá ser determinada por ese que, como instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), es el máximo tribunal hemisférico y tiene su sede en Costa Rica.

Los representantes de la familia insistieron en que Ochoa fue asesinada por su trabajo como activista de los derechos humanos al defender a ecologistas, estudiantes universitarios, campesinos, exguerrilleros y otras personas perseguidas por estructuras militares del Estado mexicano.

El homicidio de Ochoa se produjo en un "contexto generalizado" de violaciones a los derechos humanos en especial de 1995 a 2005 y en un "clima de impunidad", aseguró la abogada argentina Viviana Krsticevic, del (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización hemisférica de derechos humanos, y también representante de la familia Ochoa y Plácido.