México pide apoyo a Israel para extraditar a exfuncionario

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Manifestantes marchan en la Ciudad de México el domingo 26 de septiembre de 2021, al cumplirse el séptimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela normalista rural en el estado de Guerrero. (AP Foto/Marco Ugarte)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes apoyo a Israel para que extradite al exjefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien se encuentra en ese país desde hace dos años y es solicitado por la justicia mexicana por supuestos casos de tortura, entre otros delitos, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Durante su conferencia matutina López Obrador indicó que el 23 de septiembre envió una misiva al primer ministro de Israel, Neftalí Bennett, para pedirle que intervenga en el proceso de extradición de Zerón, quien huyó hacia ese país en agosto de 2019 luego de que se le abrió un proceso por torturas, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.

Las autoridades mexicanas llevan meses gestionando sin éxito la extradición del exfuncionario, el de mayor rango que se encuentra prófugo por este caso.

Zerón fue el primer jefe en la investigación del caso Ayotzinapa y es considerado el principal responsable del encubrimiento de las desapariciones ocurridas en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, en las que participaron delincuentes y fuerzas de seguridad de distintos niveles de gobierno.

En el escrito, López Obrador se refiere al caso de Ayotzinapa como “una de las agresiones históricas más graves” a los derechos humanos que ha sufrido México en las últimas décadas y recordó que la desaparición de los estudiantes de magisterio es “una acción brutal y despiadada en la que se coludieron miembros del narco y autoridades”. Por eso apeló a la sensibilidad del líder israelí para ayudar en un tema que es "esencial resolver para devolverle la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país”.

El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala capturaron a los estudiantes con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguró que los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.

Sin embargo, esa versión, calificada entonces como “la verdad histórica”, quedó descartada porque aunque en diciembre de 2014 se identificó al primer estudiante a través de un hueso localizado en una bolsa que se halló junto al río, la actual fiscalía confirmó que ese hallazgo fue “un montaje”. Además, durante el gobierno de López Obrador, otros dos estudiantes fueron identificados a partir de restos encontrados en un lugar distinto del basurero.

La fiscalía mexicana considera a Zerón el principal artífice de ese montaje y lo acusa de torturar a detenidos para poder justificar la denominada verdad histórica.

Desde que López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, las investigaciones se relanzaron con una Comisión de la Verdad, nuevas búsquedas, detenciones y órdenes de captura contra presuntos autores materiales e intelectuales entre ellos algunos militares, un cuerpo que habían sido intocable hasta ahora.

En este sentido, López Obrador se comprometió esta semana a divulgar los documentos aportados por el ejército. El viernes la Comisión de la Verdad solo hizo público uno de ellos: unas transcripciones de mensajes interceptados por los militares en las que se mencionan lugares concretos por donde pudieron haber pasado algunos de los estudiantes.

El documento muestra lo que los expertos internacionales ya habían averiguado tras meses de investigación: que el ejército tuvo información de los hechos en tiempo real y que los estudiantes fueron divididos en grupos, ya que algunos mensajes hablan de 17 detenidos y no de 43.

Centenares de jóvenes y activistas políticos realizaron el pasado fin de semana una marcha en el centro de la Ciudad de México para exigir a las autoridades esclarecer el caso porque, siete años después del crimen, todavía no se sabe qué paso con los jóvenes.

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