México irá ante Corte Interamericana por detención de indígenas

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este jueves se llevará a cabo la audiencia por las detenciones arbitrarias del caso Tzompaxtle Tecpile contra el Estado mexicano, además de que se revisará la figura del arraigo.

En un comunicado, la SRE detalló que México participará mediante una delegación coordinada por la Consultoría Jurídica de la dependencia en la audiencia pública que se realizará en San José, Costa Rica.

"Esta audiencia, convocada por la Corte para conocer las posturas de las partes en este caso, será la ocasión para que el Estado mexicano participe con los órganos del sistema interamericano y la representación de las víctimas en la búsqueda de acuerdos reparatorios que correspondan en el caso concreto", expuso la Secretaría.

Además, planteó que será el foro para contextualizar la evolución de dos figuras existentes en el sistema de justicia penal mexicano, así como su constante revisión para estar en sintonía con las obligaciones de México en materia de derechos humanos.

El caso se remite a la detención de los indígenas nahuas Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y la de Gustavo Robles López, ejecutada por agentes de la policía federal en Veracruz en enero de 2006.

Al mismo tiempo, se revisará la aplicación de la figura del arraigo y a la falta de garantías judiciales en el proceso penal que se siguió en su contra.

Lo anterior, derivado del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte Interamericana para que emita una sentencia al respecto.

"El Estado no indicó la existencia de razones o parámetros objetivos que pudieran justificar la retención y la requisa; tampoco hizo referencia a legislación que establezca la exigencia de que las autoridades policiales rindan cuentas, por escrito y ante sus superiores, sobre el detalle de las razones que dan lugar a una retención y posterior requisa cuando no existe orden judicial ni flagrancia", expuso en dicho informe.

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